La decisión de Llarena de retirar la sedición al expresidente de la Generalitat enciende al PP. Isabel Díaz Ayuso advierte que «veremos cosas que nos helarán la sangre», en relación con la agenda de autodeterminación del nacionalismo catalán
«Hoy se ha iniciado la temporada de rebajas para los condenados por corrupción». Así ha reaccionado el Partido Popular a la decisión de Pablo Llarena de retirar a Carles Puigdemont la condena por sedición a cuenta de la aplicación de la reforma del Código Penal del Gobierno, que ha entrado en vigor este mismo jueves. «Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España, pero no de qué forma», ha despachado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, durante una rueda de prensa en Génova. El dirigente ha acusado al Ejecutivo de querer traer a España al líder independentista «con alfombra roja». «Un auténtico disparate», ha resumido.
El número tres de Génova ha asegurado que el PP se volcará esta precampaña en convencer a los españoles de que todos los candidatos territoriales del PSOE, tanto en comunidades como en ayuntamientos, actúan como «delegados del sanchismo», aunque en público algunos de sus barones más críticos se desmarquen de la línea de Pedro Sánchez. Elías Bendodo ha recordado que, «en el 99%» de los consistorios y asambleas en que se han presentado mociones contra la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación impulsada por el Gobierno, el grupo socialista se ha posicionado en línea del Ejecutivo.
«Nuestros candidatos, además de hacer propuestas, van a ser portavoces de las barbaridades de un presidente del Gobierno que ha demostrado tics autoritarios», insistía Bendodo. Con mucha mayor dureza se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha incidido en que Sánchez ya «está devolviendo los primeros favores» a sus socios independentistas. «Veremos cosas que nos helarán la sangre», ha insistido la dirigente madrileña, que da por hecho que «ya está el camino hecho» hacia «la independencia ilegal de Cataluña».
La decisión del magistrado no solo afecta a Puigdemont —que pasará a ser investigado no por sedición, sino por desobediencia y por la nueva malversación agravada—, sino también a los exconsejeros Antonio Comín y Lluis Puig. Con la reforma de Sánchez, la exconsejera Clara Ponsatí y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se enfrentan únicamente a una condena por desobediencia, que no conlleva cárcel. Pablo Llarena advierte que la modificación del Código Penal aprobada por el Ejecutivo de coalición se dibuja un escenario claro de «despenalización» para los líderes del procés.
Feijóo duda si asistir a una protesta contra Sánchez
Preguntado por este medio, el coordinador general de los populares no ha aclarado si el Partido Popular enviará a algún representante a la manifestación prevista para el próximo 21 de enero en Madrid y convocada por decenas de asociaciones civiles para protestar contra Sánchez, el «deterioro de la democracia» y la «adaptación del Código Penal a los intereses de sus transgresores». Bendodo ha asegurado que se han reunido con los organizadores del evento, pero, de momento, no han tomado una decisión sobre la asistencia de Núñez Feijóo por desconocer el «planteamiento» de la protesta.
Vox sí ha secundado una protesta organizada por asociaciones como Unión 78 de Rosa Díez o Libres e Iguales, que integra la todavía diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo. En junio de 2021, una manifestación similar organizada por las mismas organizaciones civiles sí contó con la presencia de Pablo Casado, en aquella ocasión para protestar contra los indultos. Entre los convocantes está también Pie en Pared, el think tank recientemente fundado por Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto, del que también forma parte Esperanza Aguirre o Alejo Vidal-Quadras.
