«Analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia». Esta simple pero poco inocente coletilla incorporada a última hora en la tramitación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha desatado una oleada de críticas en los campus españoles por parte del colectivo docente. Porque la frase, propuesta por Esquerra Republicana y EH Bildu y aceptada por PSOEy Podemos en el Congreso, abre la puerta a la despenalización del posicionamiento político de los claustros, algo contrario a la Constitución, según defiende un grupo de profesores y catedráticos, entre ellos 38 de la Universidad de Zaragoza, que reclaman al Gobierno dar marcha atrás.
En concreto, 1.046 docentes de todo el país se han adherido al manifiesto de Universitaris per la Convivència, un colectivo con peso en los campus catalanes que defiende la neutralidad de los claustros y que carga contra lo que consideran una cesión de la Moncloa al independentismo.
En este sentido, recuerdan en su misiva que la diputada Marta Rosique (ERC) dejó claras sus intenciones en el Congreso: «Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politècnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley. Basta ya de limitar la libertad de expresión».
La diputada independentista hacía referencia a sentencias judiciales como la que emitió en noviembre el Tribunal Supremo contra las universidades catalanas que se habían posicionado a favor de los políticos presos por su participación en el referéndum ilegal de 2017. Los magistrados dejaron claro que un claustro «no puede adoptar acuerdos que se refieran a cuestiones de naturaleza política o ideológica, propias del debate social y político, ajenas al objeto y funciones de la Universidad y que dividen a la ciudadanía».
«El claustro no es un órgano de representación política, sino académica», advierte además Universitaris per la Convivència. «Los claustrales –añade–, elegidos mediante un sistema de voto ponderado, y muchos de ellos miembros natos en función de los cargos que ocupan, no están legitimados para articular una voluntad política colectiva, so pena de vulnerar el esencial principio democrático de la representación igualitaria, en este caso de todos los miembros de la comunidad académica».
Recurso al Constitucional
Por ello, reclaman eliminar el artículo que avala el posicionamiento político de las universidades, e instan al Gobierno a plasmar «una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación». Será el Senado el que determine si acepta estos cambios, ya que la ley ha sido remitida por el Congreso a la Cámara Alta.
De momento, los críticos cuentan con el apoyo de dirigentes en el seno del PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, denunció este martes que el texto busca «defender lo que pasó en algunos rectorados y claustros en Cataluña con el proceso de independencia». Según recogió EFE, el barón socialista considera «grave» el caso, y lo pondrá en manos del Tribunal Constitucional si el Gobierno no da marcha atrás.
