El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido al rescate del Gobierno este lunes con un decreto que viene a unificar criterios para que todos los fiscales actúen de la misma forma ante la petición de revisión de condenas tras la aprobación de la ley del ‘sí es sí’.
El decreto cuenta con el acuerdo y las aportaciones de la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y los Fiscales de Sala Jefes de la Sección Penal del Tribunal Supremo y ante el Tribunal Constitucional, establece que no se revisarán las condenas firmes cuando la pena impuesta en la sentencia sea susceptible de ser impuesta con arreglo al nuevo marco legal resultante de la reforma. Es decir, la revisión sólo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal.
El decreto de la Fiscalía establece, además, que cada procedimiento sea analizado individualmente, «huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso».
Desde el órgano que dirige Álvaro García Ortiz se justifica la emisión de ste decreto, «de obligado cumplimiento para los miembros del Ministerio Fiscal», en la necesidad de no demorar las pautas concretas para la revisión de sentencias hasta la publicación de una circular del Fiscal General del Estado, que «se emitirá próximamente», una vez se someta al preceptivo informe de la Junta de Fiscales de Sala.
