El Ministerio de Igualdad ha cargado este martes contra los jueces tras conocer que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de reducir dos años la condena que impuso el año pasado a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, tal y como ha adelantado EL MUNDO. La reducción se ha producido en aplicación de la nueva ley de solo sí es sí después de que el departamento de Irene Montero haya estado negando durante 16 meses que esta norma fuera a implicar penas más bajas en algunos supuestos.
Según Igualdad, «en este caso el juez que revisa la sentencia no ha considerado que la Ley de Libertad Sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de cinco a 10 años». «Y no se puede rebajar un grado, como ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid, cuando concurre (art 181.4) prevalimiento de una situación de superioridad, convivencia o parentesco, como es el caso. El problema no es la Ley de Libertad Sexual», subraya una portavoz.
En la misma línea, tras conocer la noticia, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado este hecho de «tremendo» poniendo el foco en el magistrado que ha dictado la sentencia. «La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley», ha escrito en su cuenta de Twitter.
Ni la ministra Montero ni la secretaria de Estado de Igualdad se han pronunciado al respecto, pero sí han retuiteado el tuit de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género.
En julio de 2021, cuando el Gobierno aprobó el anteproyecto de la norma, Rosell argumentó que para que se pudiera aplicar una pena más favorable a un condenado tendría que darse el caso de que la pena impuesta no estuviera contemplada en el nuevo Código Penal, lo que, según dijo, no ocurrirá en este caso.
Más recientemente, en octubre de este año, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, arremetió contra los abogados que pedían las reducciones: «Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa».
La rebaja de penas de la ley, aprobada el pasado mes de agosto, ya se ha traducido en un caso concreto. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, no ha entrado a valorarlo y se ha limitado a decir que el Ejecutivo tiene un «compromiso en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y en combatir la violencia que se ejerce sobre las mujeres y la violencia sexual».
