Cierra un acuerdo con los sindicatos mayoritarios de Función Pública, CSIF, CCOO y UGT, para facilitar la promoción interna e impedir que las convocatorias se cierran con vacante sin cubrir
Se facilitará el ascenso hacia cuerpos superiores, se revisarán los contenidos para reducir los temarios y se acabará con los exámenes orales
El Gobierno ha cerrado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios de Función Pública, CSIF, CC.OO. y UGT, para facilitar los ascensos de funcionarios dentro de la Administración y atacar la pérdida de personal directivo público que se viene observando en los últimos años. El acuerdo alcanzado este jueves en el marco de la Mesa General de Negociación de la Administración Pública y al que ha tenido acceso ABC prevé abordar una revisión general de los temarios actuales de los procesos de promoción interna al objeto de aligerarlos, convalidará los contenidos ya superados en el pasado, eliminará con carácter general las siempre complicadas pruebas orales y convertirá los exámenes tipo test en la prueba estándar para conseguir progresar en la Administración.
El objetivo no escondido de esta reforma de la promoción interna es acabar con una incómoda realidad que hacía que buena parte de las convocatorias para promocionar a cuerpos superiores acabaran total o parcialmente sin cubrir por la ausencia de candidatos que superaran las exigentes pruebas para acceder a algunos de los grupos más altos de la Administración.
El fenómeno, unido a la falta de convocatorias de acceso libre después de la gran crisis de hace una década, había resultado en una caída del grosor del personal directivo público y un acusado envejecimiento entre los cuerpos superiores que se contemplaba como una amenaza a futuro.
Hacienda ha decidido tirar por la calle de en medio y plantear una bajada del listón de exigencia con el argumento de retener el talento que hay en la Administración e impedir que haya puestos sin cubrir habiendo funcionarios que quieren ocuparlos.
Según el acuerdo rubricado este jueves esto se va a conseguir modificando de forma profunda el proceso. Los aspirantes tendrán que superar una oposición con carácter eliminatorio que evaluará las competencias y conocimientos requeridos para el puesto a través de un examen tipo test. Se eliminan con carácter generar el ejercicio de ‘cantar’ los temas en una prueba oral salvo que la Dirección General de Función Pública lo habilite expresamente a petición de alguno de los departamentos.
Además se reducirá el tamaño de los temarios para que los aspirantes no tengan que volver a demostrar conocimientos que ya acreditaron en su día.
La segunda fase se resolverá mediante un concurso que valorará los méritos adquiridos, la carrera profesional y los cursillos de formación realizados durante la estancia del aspirante en la Administración
