La Comisión Europea consideraba en septiembre que el tiempo de ir retrasando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se había terminado. Era hora de avanzar de forma decidida y desbloquear la situación de manera inmediata. Ahora, a finales de octubre, el último intento de renovar el órgano de gobierno de los jueces ha fracasado después de que el Partido Popular se haya levantado de la mesa. «No es admisible», lamenta una fuente comunitaria, que advierte de que España va a sufrir un daño reputacional, algo que llegará justo en el momento en el que se acerca el turno para que el país asuma la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea.
En Bruselas se veía con esperanza la posibilidad de que el Gobierno y la oposición alcanzaran un acuerdo. La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se recibió con los brazos abiertos en una Comisión Europea que esperaba avances concretos. En las últimas horas, se veía la posibilidad de cerrar un capítulo que preocupa al Ejecutivo comunitario y por el que ha venido aumentando la presión desde hace meses para intentar empujar a que se alcance un acuerdo. La noticia de la ruptura de las negociaciones ha caído como un jarro de agua fría y ya se da por hecho que la institución estará sin renovarse al menos hasta 2024.
En la Comisión, la postura pública sigue siendo la misma: se insta a que se proceda de manera «prioritaria» a la renovación del CGPJ. Se mantienen las formas y se trata el asunto con tranquilidad. Se remite al último informe sobre el Estado de derecho, en el que se refleja que «el bloqueo en el nombramiento de los vocales del CGPJ tiene que ser superado de manera urgente». Pero en privado las fuentes consultadas se muestran cansadas y muy enfadadas, más de lo que ya estaban a la vuelta del verano, cuando la paciencia ya empezaba a agotarse en el Ejecutivo comunitario.
En la Comisión no se estaba de acuerdo con la idea del Partido Popular de vincular la renovación del CGPJ con la reforma del método de elección de los miembros, y siempre se ha apostado por renovar primero y reformar inmediatamente después, que era la doctrina recogida en el informe sobre la situación del Estado de derecho. Las fuentes comunitarias consultadas siempre pidieron evitar conectar ambas cosas en una sola negociación. Y por eso ahora tampoco entienden que se haya establecido un vínculo entre esa renovación y la reforma del delito de sedición. «No es justificable en absoluto ligar esa posible reforma con la situación del CGPJ, son dos cuestiones totalmente desvinculadas. Y es extremadamente irresponsable provocar una situación que va a causar un daño semejante al país», critica una fuente comunitaria.
«El correcto funcionamiento de las instituciones tiene que estar protegido de este tipo de debates. Si cada vez que hay desacuerdo sobre cuestiones importantes en el parlamento se bloqueara el correcto funcionamiento de las instituciones, habría un bloqueo permanente. Sencillamente, no es admisible», añade visiblemente enfadada la fuente. El asunto viene preocupando cada vez más en los equipos de la vicepresidenta Vera Jourová y del comisario de Justicia, Didier Reynders. Los dos han pasado por Madrid en los últimos meses y el asunto del CGPJ ha estado en el centro de su visita.
El siguiente informe del Estado de derecho llegará, casi con toda probabilidad, cuando España ostente la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La presidencia tiene, todavía, cierto prestigio dentro del club comunitario. Durante seis meses, uno de los Estados miembros coge las riendas de las negociaciones en nombre del Consejo, hace propuestas y preside reuniones. Y también se traduce en que se presta algo más de atención a lo que ocurre en el país que en ese momento se encuentra al frente de la presidencia. En su visita a Madrid, Reynders pidió que la renovación y reforma del CGPJ estuvieran listas antes del inicio de la presidencia. Eso, ahora, parece claro que no ocurrirá.
El impacto sobre el funcionamiento de la presidencia será nulo. No afectará a la capacidad de España de negociar, pero era una manera que buscaba Reynders de aumentar la presión. Las fuentes consultadas apuntan, en todo caso, a que mantener el bloqueo tendrá «consecuencias reputacionales muy negativas» para España. Desde la Comisión Europea intentan transmitir un mensaje a ambos lados de la negociación para dejar claro que el juego de culpas entre las dos partes no va a solventar el hecho de que lo que se daña es la imagen del país como Estado miembro de la Unión, y no tanto la imagen del Gobierno o de la oposición en concreto.
El bloqueo preocupa en Bruselas, pero nadie hace ningún paralelismo con la situación de países en los que hay problemas sistémicos con la justicia, como ocurre en Polonia y Hungría, los dos únicos Estados miembros que tienen activado el artículo 7 de los Tratados. De hecho, la Comisión Europea ha bloqueado el envío de una parte de los fondos de cohesión a Budapest por no poder garantizar la integridad del presupuesto de la Unión por el ataque sistemático del Gobierno al sistema judicial.
