El comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders, llegó a comparar el jueves nuestro modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el modelo de Consejo Judicial polaco en su comparecencia en la Comisión Mixta para la UE del Congreso. Reynders fue mucho más comedido luego ante los periodistas. Pero, con Sus Señorías delante, el comisario no se anduvo por las ramas y en un duro discurso reprochó al Parlamento, que es el órgano que según la Constitución tiene la función de ejecutar la renovación pendiente, que sea cómplice de la situación en la que se encuentra la Justicia española. Advirtió de sanciones, y el plazo vence, en teoría, en diciembre, antes de que comience el semestre español de Presidencia de la UE. En medio de la trifulca, y sin atisbo de solución en el horizonte, Podemos y ERC se frotan las manos mientras avanza la corrosión de uno de los pilares fundamentales del Estado español.
El comisario se fue el viernes de Madrid, pero con la decisión «de volver» y «vigilar la evolución del problema». Esta próxima semana habrá de nuevo llamadas, según fuentes solventes: metafóricamente, puede decirse que el presidente Pedro Sánchez ya tiene su «hombre de negro» porque Bruselas no va dejar de lado este asunto.
Ante Reynders, los dos principales partidos, PSOE y PP, mostraron su disposición a proceder a la renovación del CGPJ y del Constitucional que reclama la UE, con la diferencia de que el Gobierno se opone a la reforma legal que exige Bruselas y el PP sí la acepta. El primero entiende que le perjudica en su capacidad de control, y el segundo, no la ve un obstáculo. El Ejecutivo ha aprovechado esta visita para trasladar a puerta cerrada al representante de la UE sus reproches por todos los incumplimientos del PP.
Pero eso ya es pasado, y bajo la lupa de Bruselas la partida no tiene más salida que la de un acuerdo entre PSOE y PP sostenido en estas dos condiciones. En la medida en que el Gobierno no quiere la reforma para que los jueces elijan a los jueces, ni acepta vincular la renovación del CGPJ a la del TC, no hay solución para la crisis en esta Legislatura, y da igual que el presidente del CGPJ y del TC formalice su dimisión, como ha anunciado.
La crisis se ha enconado tanto que en el sector conservador sostienen que Lesmes se ha convertido «en un agente de Bolaños», en alusión al ministro de la Presidencia, y que ya no está habilitado para dirigir la negociación para buscar un acuerdo. También rebajan el impacto de esta dimisión sobre una crisis en nuestro sistema judicial que es ya histórica: argumentan que era el presidente de un Consejo vaciado de competencias por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada por el Gobierno y que consideran inconstitucional. «Trabaja para Bolaños. Se ha decantado y no es la solución, sino que forma parte del problema».
En un momento en el que Lesmes mantiene su pulso respecto a su dimisión, que condiciona a que se desbloquee el pacto, estas filtraciones sobre la valoración que hacen en el sector mayoritario del Consejo, el conservador, no son señales que ayuden a confiar en el optimismo que el propio presidente de CGPJ mostró este viernes tras reunirse con Reynders.
De fondo, ahora mismo lo que pesa es quién da su golpe de mano tanto sobre el CGPJ, teniendo en cuenta el rosario de nombramientos pendientes, como sobre el TC. Pero esta crisis tiene también graves consecuencias reputacionales sobre la imagen de nuestro Estado de Derecho en Europa. El modelo polaco, con el que Reynders comparó el modelo judicial español en la Comisión parlamentaria, ha conllevado una sanción de 69 millones a Polonia por tener un sistema que debilita la independencia de los jueces. Reynders fue mucho más comedido en sus declaraciones públicas y, en una entrevista en RNE, negó que estén en juego los fondos europeos. Pero Bruselas está empeñada en conseguir una mejora de la situación para que se respete aún más la independencia judicial.
En el Gobierno de coalición, la parte morada está más cómoda que la socialista con esta crisis. La consecuencia inmediata es un deterioro casi irreversible ante la opinión pública de la imagen del Consejo y del TC, como órganos controlados por los políticos, y en el programa del exvicepresidente Pablo Iglesias siempre ha estado la deslegitimación de las instituciones nacidas de la Transición.
Aunque Bruselas no ligue todavía oficialmente el bloqueo judicial con los fondos, sí que tiene sobre la mesa la posibilidad más inmediata de abrir un expediente a España si persiste el bloqueo. Bajo esa vigilancia que queda activada tras la visita de Reynders, la intención es analizar cómo avanzan los proyectos y decidir en función de esto. Por cierto, detrás del bloqueo y de la negativa del Gobierno de coalición a proceder a reformar el sistema de elección del Consejo, en el sector conservador meten los nombres del exjuez Baltasar Garzón y de la exministra y exfiscal general del Estado Dolores Delgado. «No hay reforma porque algunos quieren colocar a su ejército de amiguetes en los puestos vacantes». En el PSOE piensan lo mismo del PP.
