Durante el acercamiento progresivo a España que culminará con el viaje de Joe Biden a Madrid para participar en la cumbre de la Alianza Atlántica a finales de este mes, hay un asunto irresuelto y sobre el cual el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha logrado convencer a su contraparte estadounidense solo a medias: una serie de duras penalizaciones a productores y empresas españolas, en forma de aranceles y sanciones, que perduran desde la era Trump. Grandes empresas españolas siguen pagando un gran precio por las sanciones a Cuba y Venezuela, y los dañinos aranceles a la aceituna negra y torres eólicas no se han retirado del todo, como esperaba el Gobierno español tras varias visitas ministeriales a Washington.
Es cierto que a Repsol se le ha permitido ahora enviar una cantidad limitada de crudo venezolano a Europa, pero este es mínimo y cubre deuda, y la empresa no puede, a diferencia de la norteamericana Chevron, explorar nuevos acuerdos con el régimen chavista.
Es más, hay abiertas nuevas investigaciones comerciales sobre otros sectores españoles.
En meses recientes, los Gobiernos en Madrid y Washington han estrechado lazos, mejorando relaciones desde la era Trump. El ministro español de Exteriores, que ya fue recibido en Washington en enero, ha sido invitado como observador a la Cumbre de las Américas de esta semana. Llega a EE.UU. justo cuando ambos Gobiernos negocian la posibilidad de un acuerdo migratorio para que España acepte acoger refugiados centroamericanos para aliviar las masivas llegadas de sin papeles a su frontera con México.
La responsable de Defensa, Margarita Robles, estuvo en el Pentágono el mes pasado. Y la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha visitado la capital estadounidense en dos ocasiones bajo la Administración Biden: en julio de 2021 y en marzo de 2022. Su equipo confiaba en que en sus reuniones con la secretaria norteamericana de Comercio, Gina Raimondo, Maroto lograría una retirada de los aranceles a la aceituna negra, que le han costado al campo español, sobre todo el andaluz, un estimado de 150 millones de euros en apenas cuatro años, según el sector.
Pero de momento, la Casa Blanca se ha limitado a rebajar los aranceles a solo cinco empresas, y los ha dejado en un 7,32%, mientras el resto del sector sigue padeciendo un sobrecargo en las exportaciones del 35%, el que dejó Trump en 2018, alegando ‘dumping’, práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado. Este diario contactó con el departamento de Comercio de EE.UU., que no respondió a las preguntas de si espera reducir más esos aranceles tras los contactos bilaterales. El Ejecutivo norteamericano no puede retirar esos aranceles, pero sí puede rebajarlos hasta que tengan un efecto nimio.
También estuvo en Washington, en abril de 2022, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, quien participó en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional. Según pudo saber ABC, Calviño estuvo tratando de verse con su contraparte en EE.UU., Kamala Harris, quien en último momento canceló alegando motivos de agenda. Ambas mujeres estuvieron brevemente en Washington a la vez, pero Harris viajó a California el 18 de abril, un viaje durante el que dio positivo en coronavirus.
Además de los dañinos aranceles a la aceituna, EE.UU. mantiene unos altos aranceles del 73% a la importación de torres eólicas hechas en España alegando igualmente ‘dumping’, lo que ha afectado notablemente a los fabricantes nacionales, especialmente, de nuevo, los andaluces. Ha habido de hecho hasta expedientes de regulación de empleo en compañías como GRI Towers. Estos exorbitantes impuestos a la exportación a EE.UU. fueron aplicados por Biden, y no por Trump, cuyo Gobierno comenzó una investigación contra el sector español, que es uno de los más pujantes del mundo.
Poco margen de maniobra
Fuentes del Ministerio de Comercio español dijeron a ABC que el Gobierno de Sánchez tiene poco margen de maniobra en estos aranceles a las eólicas porque la mayoría de las empresas investigadas -Siemens, Gamesa, Acciona Windpower (Nordex), Haizea Wind Group, Vestas y Windar- decidieron no cooperar en la investigación de EE.UU. porque la información de precios que se les solicitaba era demasiado reveladora para la competencia.
Ahora, además, el Tesoro estadounidense ha iniciado nuevas investigaciones por ‘dumping’ que podrían perjudicar a otros sectores españoles. A finales de marzo, comenzó un proceso de investigación de los champiñones envasados que son exportados a EE.UU., por la denuncia de un competidor norteamericano. Además, avanza una investigación paralela a los exportadores de cloro estabilizado, derivado del ácido isocianúrico que se usa en la desinfección de piscinas al aire libre, tanto de España como de China.
No solo los aranceles afectan a las empresas españolas. La Administración Trump maniobró para reducir dramáticamente las operaciones de grandes compañías españolas en el sector turístico cubano y el petrolero en Venezuela. De este último, Repsol se vio expulsada, al tener que justificar hasta el último momento sus operaciones para saldar deudas contraídas por el régimen chavista con ella. Altos funcionarios de la anterior Administración de EE.UU. llegaron a advertir a Repsol de gravísimas consecuencias si seguían haciendo operaciones con la petrolera estatal venezolana Pdvsa. Ahora, según ha revelado Reuters, se le permite volver a vender crudo venezolano para cubrir esa deuda que arrastra.
A Repsol no se le permiten nuevas licencias en Venezuela, a diferencia de lo que sucede con la estadounidense Chevron. El mes pasado, Biden decidió permitir a esa petrolera norteamericana negociar algunas licencias directamente con el régimen venezolano, aunque de momento no se le permiten nuevas perforaciones o exportaciones de crudo venezolano. En febrero del año pasado, Repsol admitió por primera vez que el embargo a Venezuela podría tener efectos sobre sus resultados.
En el caso cubano también ha levantado Biden hace poco algunas sanciones, pero esta medida, de nuevo, beneficia a empresas estadounidenses, en este caso a aerolíneas que ahora podrán conectar EE.UU. con ciudades distintas de La Habana. El presidente de EE.UU. mantiene un apartado de la ley Helms Burton que en toda la historia solo aplicó Trump y que permite llevar a juicio en juzgados norteamericanos a empresas internacionales que hagan negocios con propiedad expropiada por el régimen comunista cubano. El resultado de esas medidas aplicadas por Trump en 2019 son 44 demandas, según un recuento del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba. Las denuncias han afectado a Air Europa, Iberia, BBVA, Iberostar y Meliá, entre otros.
Aun más, esa medida presidencial que mantiene Biden le puede impedir la entrada a directivos de esas empresas españolas llevadas a juicio. En 2020, Meliá reveló que el Departamento de Estado norteamericano remitió una carta a su consejero delegado, Gabriel Escarrer, informándole de que está vetado de entrar en EE.UU.
En público el Gobierno español ha rechazado la entrada en vigor de esos apartados de la ley del embargo, que dependen únicamente del presidente estadounidense. Antes de Trump, sus predecesores no los aplicaron.
En el marco de estas continuadas penalizaciones, España negocia con Biden en varios apartados de gran importancia para Washington. Uno de los más urgentes es el migratorio. Según publicó el medio estadounidense ‘Axios’ la semana pasada, España estudia ampliar el cupo migratorio de refugiados centroamericanos, que suelen desplazarse al norte para tratar de entrar en EE.UU. desde la frontera con México. Contactados por ABC, el Gobierno de EE.UU. ha rehusado pronunciarse por esos contactos que tuvieron lugar en Madrid el 26 de mayo, mientras que el Ejecutivo español los restringe a trabajadores temporales provenientes de países centroamericanos.
