PP y Vox llevarán al Tribunal Constitucional (TC) el decreto que ha aprobado el Govern para blindar el catalán en la escuela, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25 % de clases en castellano. Así lo ha anunciado el portavoz de Vox, Juan Garriga y la diputada del PPC Lorena Roldán. (Fuente: Parlament Catalunya, Moncloa, Europa Press)
El Govern ordena a los 5.000 colegios catalanes no aplicar ningún porcentaje de castellano
Envía unas instrucciones tipo test de 7 preguntas, una de ellas trampa, que obligan a los centros a mantener la inmersión en catalán pese a la sentencia judicial
Llegado el día D, la fecha límite para aplicar la sentencia del 25% de español en todo el sistema educativo, la Generalitat ha movido ficha de nuevo y ordena a los 5.000 colegios catalanes a no aplicar ningún tipo de porcentaje de castellano en las aulas y a mantener la inmersión lingüística.
Así consta en un paquete de instrucciones que el titular de Educación, Josep González-Cambray, firma de su puño y letra y que ha remitido este martes a primera hora a todos los centros públicos y concertados.
En una circular de cuatro páginas, Educación recopila todo el rompecabezas jurídico que la Generalitat ha tratado de ordenar para responder a la sentencia que tumba la inmersión y fija dos clases de castellano a aplicar como muy tarde este 31 de mayo: recoge la ley que PSC, ERC, Junts y Comunes han pactado y está pendiente de aprobación en el Parlament, el decreto que la Generalitat aprobó ayer para hacer “inaplicable” el 25% -Educación reproduce en las instrucciones la literalidad de este punto- y añade un anexo con siete preguntas binarias, de sí o no.
La Conselleria explica a los equipos directivos que si responden positivamente a las siete preguntas del cuestionario durante el mes de junio su proyecto lingüístico quedará automáticamente validado a efectos de la normativa vigente.
En caso contrario -si se responde que no a una o más preguntas- los colegios e institutos dispondrán del próximo curso para modificar el proyecto lingüístico, que requiere aprobación del consejo escolar del centro o de la titularidad del centro, en el caso de los concertados. Es decir, hace imposible aplicar el 25% e incluso dar más presencia al castellano dentro de los límites fijados por la justicia.
Y aquí entra en juego la última pregunta del cuestionario, que dice lo siguiente: “¿El proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas?”. Si los colegios responden afirmativamente tendrán validado su proyecto, mientras que si responden negativamente deberán cambiar su plan. Por tanto y en la práctica, la Generalitat obliga a no fijar ningún porcentaje, con la duda de qué ocurrirá en aquellos centros que sí dan más español en las aulas.
Asimismo González-Cambray les asegura a los directores que “el departamento de Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida”.
En concreto, además de interrogar sobre si el proyecto lingüístico “evita el uso de porcentajes” en la enseñanza y uso de las lenguas, el test pregunta si prevé que el catalán es la lengua normalmente usada como lengua vehicular y de aprendizaje, y la lengua de uso normal en la acogida de alumnado recién llegado.
También interroga sobre si el proyecto contempla el uso curricular y educativo tanto del catalán como del castellano, y si incorpora “criterios exclusivamente pedagógicos y desde un abordaje global, integrador y de transversalidad curricular” para determinar la presencia y el tratamiento de las lenguas.
Educación también pregunta si el proyecto tiene en cuenta la diagnosis de la realidad sociolingüística del centro y si recoge los resultados de las pruebas y evaluaciones periódicas, tanto internas como externas.
