El Gobierno aprueba su plan pese a las críticas del Banco de España: «La rebaja a los carburantes beneficia a las clases medias»

El Gobierno ignora las recomendaciones del Banco de España y defiende su plan de respuesta frente al impacto económico por la guerra de Ucrania. El organismo económico ha defendido esta misma mañana ayudas selectivas frente a la crisis y focalizadas en los consumidores vulnerables, algo que choca con la medida estrella del Ejecutivo para bonificar en 20 céntimos por litro el precio de los carburantes a todos los conductores, sin importar su nivel de renta.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha esgrimido argumentos teóricos y técnicos para justificar que no existan límites en la aplicación de la medida. En el primero ha aludido a que la rebaja «beneficia a las clases medias y a los sectores del transporte por carretera tanto de mercancías como de viajeros». Además, ha señalado que el objetivo es lograr un impacto significativo y rápido que ayude a mitigar el dato del IPC en los próximos meses.

Y en relación con los problemas técnicos, Calviño ha puesto el foco en la dificultad para demostrar del conductor para demostrar su nivel de renta al repostar. «Nosotros no podemos pedirle al gasolinero que sus clientes le enseñen la nómina o la declaración de la renta«, ha señalado.

Además de esta medida, el plan de choque incluye en materia energética la prórroga en la rebaja fiscal de los tributos que gravan el recibo eléctrico, la prohibición de que la factura regulada del gas suba más de un 5% en el segundo trimestre del año y la ampliación del bono social eléctrico para colectivos vulnerables.

Estas medidas de protección irán acompañadas de la modificación del régimen retributivo de las energías renovables, cuyos ingresos van ligados al precio del mercado y luego son liquidados para ajustarse a la rentabilidad razonable del 7,4% que tienen estipulada por Ley. La nueva medida adelante esa liquidación para ahorrar 1.800 millones de euros con los que financiar la rebaja del cargo.

El Plan de Choque comprende asimismo el despliegue de una «movilización extraordinaria de recursos públicos», según la ha calificado Calviño, de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones se articularán en ayudas directas y bajadas de impuestos y 10.000 millones en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a préstamos concedidos por entidades bancarias. Los avales estarán vinculados a créditos que se podrán conceder hasta el 31 de diciembre de 2022 y tendrán un periodo de carencia de un año.

El Gobierno ha decidido también ampliar por otros seis meses el periodo de carencia de los préstamos del ICO que se concedieron en los peores momentos de la pandemia y que iban a vencer en este mes de marzo, después de haberse prorrogado por otro año en marzo de 2021, pero sólo para las empresas de los sectores más afectados por la subida de precios y siempre y cuando sean pymes o autónomos.

Esto supone que las empresas que hayan recibido este tipo de crédito podrán seguir medio año más pagando solamente intereses y no empezarán hasta octubre de 2022 a tener que devolver el principal. Como contó este medio, esto implica también que hasta 2023 no podrían empezar a ejecutarse los avales públicos.

También se ha aprobado una «prohibición» de despedir de forma objetiva por motivos económicos, lo que en la práctica se traduce en que los despidos por causas económicas pasan a ser considerados improcedentes, pero que no se aplicará de forma indiscriminada a todas las empresas como inicialmente había planteado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sino que sólo estará vigente en las empresas que hayan recibido ayudas.

El Gobierno, por el momento, no ha especificado a qué ayudas se refiere, si serán aquellas que se concedan a partir de ahora o si todas las empresas que hayan recibido algún subsidio o préstamo avalado desde que estalló la pandemia en 2020 tendrán ahora imposibilidad de despedir de forma procedente.

«Será injustificado el despido cuando se produzca por causas que tengan que ver con el incremento de precios de la energía (…)», ha señalado Díaz, que ha explicado que «como las empresas van a recibir ayudas públicas, si lo hacen tendrán que devolverlas». Tampoco podrán recurrir al despido las compañías que se acojan a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Esto supone que una empresa que no haya pedido ninguna ayuda y ahora esté atravesando una situación compleja por la subida de precios y costes y quiera recurrir al despido, sí podrá hacerlo.

Aunque los sindicatos habían pedido que el Gobierno aprobara el uso del Mecanismo RED para las empresas que están sufriendo dificultades por la inflación, el Ejecutivo sólo ha anunciado que permitirá su utilización al sector de las agencias de viajeEl resto de empresas podrán acudir a los tradicionales por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas (ERTE ETOP), que no conllevan la exoneración de cuotas a la Seguridad Social y deben ser negociados con los agentes sociales.

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Se ha aprobado también un incremento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, que hasta la fecha servía para completar un nivel mínimo de ingresos desde los 461,5 euros al mes para un adulto sólo hasta los 1.015 euros para las familias integradas por cuatro adultos y un niño. Ahora se complementarán hasta 530,7 euros en el caso de un hogar de un único adulto, hasta 1.167,2 euros en los más numerosos.

Se desplegarán además ayudas directas de 362 millones para la agricultura y ganadería, de 68 millones para el sector pesquero, de 500 millones para consumidores de electricidad, de 125 millones para las compañías que tengan un consumo intensivo de gas, y 450 millones para el transporte de mercancías y pasajeros. Además, se permitirá el aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social.