En el año en el que se cumple el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, las Cortes han sacado adelante por unanimidad una nueva reforma de la norma aragonesa, que ahora deberá ser ratificada por el Congreso, por la que se suprimen los aforamientos y se garantiza una representatividad mínima de 14 diputado en cada provincia.
En su defensa de la reforma de los artículo 55 y 38.2, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha recordado que el aforamiento es una prerrogativa especial del proceso penal que implica que el enjuiciamiento de determinados cargos se atribuya a un órgano superior y es el Tribunal Superior de Justicia o el Supremo el que decido sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.
Según Pérez, es una figura que la sociedad concibe como «anacrónica» y propia de épocas pasadas y «difícilmente justificable en la Constitución» y como «un privilegio de la clase política» que «contribuye a aumentar el distanciamiento con la sociedad» y a «fomentar los populismos», por lo que su supresión implica «un paso importante en favor del reconocimiento de la independencia del poder judicial y confianza en los jueces de base».
Además, mediante la modificación del artículo 36 se garantiza un mínimo de 14 diputados por provincia y se asegurar el mantenimiento de la representatividad de la menos poblada, Teruel.
Mayte Pérez sostiene que el aforamiento es una figura que la sociedad concibe como «anacrónica» y «difícilmente justificable en la Constitución»
De este modo se mantiene un coeficiente corrector para garantizar el equilibrio entre criterio territorial y poblacional, de tal forma que la cifra de habitantes necesaria para obtener un diputado en la provincia más poblada no podrá superar en un número determinado de veces a la menos poblada.
Por los grupos de la oposición, la portavoz del PP, Mar Vaquero, ha rechazado que el aforamiento sea un «privilegio» sino «una prerrogativa en función de la ocupación de un determinado cargo» que «refuerza la independencia, autonomía y libertad de determinados órganos constitucionales», pero ha respaldado esta reforma porque «se trata de reforzar el vínculo entre ciudadanos y políticos».
Además de que Aragón garantiza la representatividad de Teruel en el Parlamento autonómico, Vaquero espera que también se lleve a cabo la reforma de la ley electoral que elimine el criterio de la población censal y se reconozca toda la población aragonesa de derecho.
Por Ciudadanos, Beatriz García ha mostrado su satisfacción por la eliminación de los aforamientos que ya había reclamado su formación en la pasada legislatura, dada «la desafección que este privilegio» provocaba en la ciudadanía y porque es «síntoma de regeneración y transparencia», supone confiar en la Justicia y «nos iguala a todos», y por la modificación del índice corrector de la representatividad de los diputados.
El diputado de Vox David Arranz considera que esta reforma es un buen paso para revertir el «insolidario e ineficiente» estado de las autonomías, con el que su formación está en desacuerdo, y por estimar que el aforamiento «deteriora la imagen de los políticos de cara a sus conciudadanos y países vecinos» y es «contrario al principio de igualdad de todos ante la ley», al tiempo que ha reclamado una reforma del Poder Judicial para evitar que los aforados puedan ser juzgados por miembros de un tribunal designados por su partido.
Partidario de la igualdad de derechos de todas las provincias y de su representación adecuada para la defensa de sus intereses, también ha apoyado la modificación del artículo 36.
Álvaro Sanz, de IU, ha apuntado que la supresión de los aforamientos es una demanda social y un compromiso político, además de ético con la población, pero ha emplazado al resto de fuerzas políticas a reflexionar sobre la posibilidad de extender estas medidas de regeneración democrática al conjunto de figuras sometidas a este régimen, ya que, como ejemplo, ha citado que de los 1.000 aforados con que cuenta Aragón, esta reforma solo afecta a 70 o 75.
Respecto a la segunda modificación, ha aprovechado para reclamar políticas activas para que las personas puedan fijarse en el territorio y no tengan que abandonarlo.
La opinión de Podemos, CHA, PAR y PSOE
Por los grupos que sustentan al Gobierno, Itxaso Cabrera, de Podemos, ha dicho que el aforamiento es una cuestión de «otro siglo» que hay que eliminar porque además «no nos hace iguales ante la ley» mientras que garantizar un mínimo de diputados en Teruel supone «consolidar un territorio más equilibrado» y evitar que derechos la vivienda, sanidad o educación «se vean tambaleados» por la pérdida de población en el medio rural.
La portavoz de CHA, Carmen Martínez, quien ha recordado que fue su formación la que inició el debate de los aforamientos en 2014, ha subrayado que ambas reformas suponen «mejorar la calidad democrática de Aragón».
Desde el PAR, Jesús Guerrero ha respaldado la medida que supone profundizar en el autogobierno y en el desarrollo del Estatuo, se ha comprometido a seguir apoyando la supresión de los aforamientos y ha defendido el mantenimiento de los 14 escaños mínimos por provincia.
El socialista Darío Villagrasa ha asegurado que pese a los aforamientos, «la honorabilidad política de quienes han sumado estos 67 escaños nunca ha estado en duda ni ha supuesto la impunidad de quienes han trabajado por construir Aragón»
