Un total de once leyes calificadas como urgentes por el Congreso se encuentran en estado de hibernación desde hace más de un año. La inmensa mayoría provienen de decretos-leyes que el Gobierno logró convalidar prometiendo a sus socios tramitarlos como proyectos de ley –y a la mayor celeridad– para que pudieran introducir sus enmiendas. Pero la realidad es que, semana tras semana, PSOE y Unidas Podemos unen fuerzas en la Mesa del Congreso para bloquear el avance de estas tramitaciones prorrogando su plazo de enmiendas.
Esta técnica permite al Ejecutivo mantener vigente y sin cambios los decretos aprobados por el Consejo de Ministros y, como consecuencia, anula la capacidad legislativa de la Cámara Baja y deja que el paso del
tiempo convierta a estas leyes en obsoletas antes de nacer. Si el Gobierno convoca elecciones antes de que estas tramitaciones se completen, estos textos decaerán y los decretos que los originaron serán la única regulación a la vista.
PNV: Nos hurtan el derecho
En esta situación se encuentran proyectos para impulsar la reactivación económica, reducir el impacto de la pandemia en el turismo, la hostelería, la vivienda o los transportes, apuntalar la solvencia empresarial o ayudas a las pymes y autónomos. Pero también otros textos relacionados con la lucha contra la vulnerabilidad social, la defensa del empleo, la reducción de la brecha de género, la regulación del final del estado de alarma o del Brexit.
No obstante, el ejemplo más paradigmático es la nueva ley para regular los fondos europeos, que sigue bloqueada en el Congreso prácticamente un año después de que comenzará a tramitarse. Y ello pese a que el dinero europeo ya ha comenzado a llegar al Gobierno, éste está haciendo transferencias a las comunidades autónomas y éstas a los proyectos aprobados (unos 1.500 millones de euros de momento).
Para cuando concluya la tramitación de esta nueva ley, si llega a hacerlo, una parte de los fondos se habrán gastado siguiendo las normas del decreto-ley inicial tan duramente criticado por el Consejo de Estado y el resto del dinero tendrá que amoldarse al marco que imponga el nuevo texto.
PSOE: No es por nosotros
Esta nueva ley supuestamente urgente se encuentra en plazo de enmiendas desde el 15 de febrero del año pasado, sumando ya 38 prórrogas. Y el PSOE no apunta ni siquiera una fecha aproximada para el levantamiento del bloqueo. «Los plazos no dependen de cuando queramos, sino de las necesidades técnicas o de los propios grupos para aportar», señalan fuentes del grupo mayoritario.
Sin embargo, este argumento lleva al límite la paciencia de los socios del Gobierno. El PNV recuerda que esta ley pretendía «eliminar cuellos de botella para la gestión de los fondos europeos, simplificar la carga administrativa, burocrática y normativa que permitiera una rápida ejecución de las ayudas y proyectos con cargo a los fondos». En cambio, lo que está sucediendo es «una lenta ejecución que en parte se debe a estos problemas. Y una lenta ejecución puede lastrar el crecimiento económico ya que este está basado en los fondos europeos», inciden fuentes del partido vasco.
El hartazgo es patente en esta formación que, una vez tras otra, es víctima de la misma jugarreta por parte del Gobierno. «Lo hemos dicho por activa y por pasiva, no solo en este proyecto sino en muchos otros que están bloqueados en la Mesa, hurtando el derecho de los grupos a mejorar o enmendar lo previsto en ellos», advierten.
ERC también muestra indignación ante esta situación. «Siempre hemos criticado que el Gobierno del Estado bloquee leyes y no permita el curso ordinario de la tramitación parlamentaria, ya sea con la ley de fondos europeos o con cualquier otra», subrayan fuentes de la formación. Respecto al decreto-ley de los fondos europeos vigente hasta que se apruebe la nueva regulación recuerda, además, su voto en contra «por no ser suficientemente claro en cuanto a la transparencia o la capacidad de las comunidades autónomas para decidir los fondos».
Lo mismo sucede con PDECat. Su portavoz, Ferrán Bel, considera que el bloqueo de este proyecto es «inaceptable, porque los fondos europeos ya se están repartiendo». «Recordemos que esta fue una carta que regaló Vox al Gobierno, cuando salvó el real decreto-ley con su abstención, y ahora esta carta la está utilizando el Gobierno», reprocha al partido que preside Santiago Abascal. El pasado mes de noviembre, PDECat remitió dos escritos a la Mesa del Congreso pidiendo que pusiera fin al «obstruccionismo» y permitiera la tramitación de dos proposiciones de ley impulsadas por la oposición: el régimen sancionador contra la morosidad empresarial y la nueva regulación del mecenazgo. ¿Qué hicieron PSOE y Podemos? «Nos respondieron que estas prórrogas se hacen conforme el artículo 91 del reglamento de la Cámara, y poco más», subrayan fuentes del grupo.
Compromís: no es bueno
Las dos iniciativas que PDECat exigió desbloquear no son urgentes sino que pertenecen al bloque de leyes ordinarias. Y también estas se están viendo paralizadas por el Gobierno. En total, hay 16 textos de este tipo que llevan en trámite de enmiendas mucho más de lo razonable. En algunos casos se trata de iniciativas legislativas populares como la de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia que se encuentra varada desde diciembre de 2020.
En otros casos se trata de textos impulsados por los grupos parlamentarios como la reforma de la ley de secretos oficiales propuesta por el PNV o la ley sobre bebés robados impulsada por el propio PSOE junto a ERC, Bildu y el Grupo Plural. Ambas están encalladas en la fase de enmiendas desde septiembre de 2020. Y a este atasco hay que añadir las otras 23 leyes registradas desde el pasado mes de septiembre, todas en plazo de enmiendas, y los textos que el Gobierno ha varado en la fase siguiente, el informe de ponencia, por no tener mayoría política suficiente para aprobarlas, como la nueva Ley de Memoria Democrática o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
Las críticas también le llueven a los socialistas desde Compromís. «Cuando acudes a la página de iniciativas en plazo de enmiendas te encuentras 31 páginas de diferentes proyectos de ley o proposiciones de ley. Algunas se aprobaron en el 2020 y ahí siguen en plazo de enmiendas al articulado ampliándose una semana tras otra», comenta con un punto de indignación el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. «Creo que esto no es una buena metodología para un gobierno progresista y debería hacer un serio esfuerzo en ir aprobando todas estas leyes», subraya. «Ya sea la ley que se refiere a los fondos europeos u otras en las que desde Compromís hemos hecho propuestas, como la del transporte público (encallada desde octubre desde 2020), los bebés robados o la financiación de las comunidades, están ahí durmiendo el sueño de los justos», critica. «Todas estas iniciativas legislativas no pueden retrasarse», advierte.
PP: pisoteo al Congreso
El enfado de los socios del Gobierno es comprensible dada la promesa que les hizo el Ejecutivo. En el caso de los fondos europeos, por ejemplo, la exvicepresidenta Carmen Calvo solicitó el apoyo del Congreso asegurando durante el debate que «por parte del Gobierno no hay ninguna objeción –al contrario– a que pueda ser tramitado como proyecto de ley para poder mejorarlo y hacerlo mucho más perfecto con la colaboración de sus señorías».
En la bancada opuesta, la conservadora, el sentimiento es el mismo que entre los socios del Gobierno. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, considera que el bloqueo a la nueva ley de los fondos «es el que mejor evidencia el pisoteo al Congreso». «Es la ley que tiene que gestionar los fondos europeos y es esa soberbia de Sánchez la que le lleva a abusar de la figura del decreto-ley y después a asumir la tarea del poder legislativo bloqueando la tramitación. Supone, por tanto, una vulneración de la separación de poderes porque el poder ejecutivo usurpa las funciones del poder legislativo», carga. Gamarra recuerda además, en la misma línea que PNV o ERC, los problemas de opacidad y transparencia que presenta el decreto-ley de los fondos vigente. «La nueva ley debe introducir controles parlamentarios, establecer criterios objetivos y eficaces pero el Gobierno la bloquea porque busca lo contrario: que no haya transparencia ni control y no tener que dar explicaciones en el Congreso».
Vox promete una reforma
Desde Vox, su portavoz adjunta, Macarena Olona, promete una reforma del reglamento del Congreso si su grupo llega al poder para impedir que los futuros gobiernos puedan seguir practicando esta táctica. «Nos indigna. Es la técnica utilizada en pasadas legislaturas, también por el PP. Recordemos que la tramitación de la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal (que eliminaba la limitación de los plazos de instrucción penal), se bloqueó hasta en 40 ocasiones», apunta. «Es una técnica que han utilizado unos y otros a discreción y es algo que, desde luego, cuando Vox tenga mayoría suficiente, eliminará vía reglamentaria», subraya.
Ciudadanos, por su parte, pone el foco en la falta de respeto del Gobierno al Parlamento. «Es, por desgracia, ya una constante», señalan desde la formación naranja. «No solo supone prescindir de los contrapesos democráticos, la separación de poderes y puentear la labor constitucional de las Cortes, sino que, impidiendo que el Congreso pueda ejercer su función, se está silenciando e ignorando la voz de los ciudadanos españoles, que están allí representandos», señalan fuentes de la formación naranja. Pese a que el PSOE lo niega, el resto de grupos no tiene duda de que La Moncloa practica el obstruccionismo en el Congreso. Es de las pocas cuestiones en las que partidos tan distintos como ERC y Vox o PP y Compromís logran estar de acuerdo.
