El Gobierno se está enredando en sus propias contradicciones a la hora de cumplir el compromiso que él mismo diseñó para reformar el sistema de pensiones para que fuera sostenible en el tiempo. Le queda un mes para concretar todo lo que hoy en día son acuerdos parciales e incompletos. La Comisión no evaluará lo que haya hecho España hasta que esto no pueda ser definido técnicamente, es decir, hasta que no esté en el BOE aprobado. Solo entonces dictaminará si el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con lo que él mismo se comprometió a hacer.
Aunque en estos momentos ya se sabe que la propuesta de alargar el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones y que aparece claramente en el Acuerdo Operativo firmado negro sobre blanco por la ministra de Hacienda María Jesús Montero y el Comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha sido desmentido por el ministro del ramo, José Luis Escrivá, calificándolo de «serpiente de verano».
En cuanto al compromiso de que la reforma será pactada con los agentes sociales, ya se sabe que el acuerdo que afirman haber alcanzado el Gobierno y los sindicatos no cumple con esta condición.
Los técnicos de la Comisión están acostumbrados a que los Gobiernos reticentes a aplicar las reformas que les sugieren intenten atajos, presionen en los pasillos o a través del Consejo Europeo. En este caso sin embargo, no se trata de aplicar una sanción -que es algo siempre extraordinario y que el ejecutivo comunitario intenta evitar a toda costa- sino de la respuesta que darán a una petición de dinero por parte del Gobierno. Dinero que la propia Comisión ha pedido a los mercados con el aval de todos los demás países y que para España es una subvención que no tendría que devolver.
En este caso, el ejecutivo comunitario tiene que ser muy cuidadoso con sus decisiones porque jurídicamente está obligada a proteger el presupuesto europeo. Y lo más extraño para Bruselas es que se trata de un Gobierno que no logra cumplir los objetivos que él mismo prometió que llevaría a cabo.
