La pandemia ha servido para mostrar otra epidemia oculta, larvada durante años y sin medios para atenderla. El presidente del Gobierno, anunció ayer un plan urgente para dar respuesta inmediata a los problemas de salud mental. Anunció cien millones de euros a cuatro años y alguna medida concreta de una iniciativa que aún debe concretarse. La decisión, con muchos matices, ha sido bien recibida por los profesionales y las asociaciones de enfermos. Pero lo que más inquieta a los psiquiatras es la ley de salud mental que Podemos ha impulsado en el Congreso y ya ha sido admitida a trámite.
«Cargada de ideología», «es un auténtico despropósito», «un dislate», «una iniciativa que va en contra de todas las guías clínicas del mundo», advierten desde la Sociedad Española de Psiquiatría.
Entre otras medidas, la nueva ley defiende el derecho de la persona con un problema de salud mental a adoptar tratamientos basados solo en su consentimiento libremente otorgado. Así como a respetar siempre su autonomía y sus deseos. Esto significaría que no se podría dar un fármaco u ordenar un ingreso hospitalario si el paciente no ha consentido previamente. Si saliera adelante esa norma, tampoco se permitirán formas de coerción farmacológica o sujecciones físicas para intentar controlar a un paciente durante una crisis. «Es un despropósito desde un punto de vista médico. Una norma dictada más por sociólogos que por expertos en salud mental. Si sale adelante solo perjudicará a las familias de los enfermos», vaticina el psiquiatra José Luis Carrasco.
El tono de la ley es más social que sanitaria. «Parten de supuestos falsos, centrados en la pobreza, la opresión social, como origen de las enfermedades mentales. Están alejados de cualquier evidencia científica y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves», defiende Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Ricos y pobres
No se nombra -dice-, el cerebro, la genética o los rasgos biológicos que pueden predisponer a sufrir una enfermedad psiquiátrica. «Solo se habla de pobreza y opresión», como si la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el autismo tuvieran alguna relación con los recursos económicos. Arango recuerda los últimos datos que acaban de presentarse en un informe sobre salud mental en Europa y se demuestra claramente que existe el mismo número de trastornos mentales en países ricos como en pobres.
La ley es una iniciativa de Podemos, pero ha contado con el apoyo del PSOE en el Congreso. Pedro Sánchez se apuntó ayer al mismo discurso durante la presentación de su plan de salud mental. «La desigualdad social está relacionada con un aumento muy importante de los problemas de salud mental», advirtió.
Síntomas o trastornos
La Sociedad Española de Psiquiatría, que agrupa al mayor número de especialistas prepara un documento para posicionarse en contra de la iniciativa legal. En él critican que no se distinga entre síntomas (tristeza, angustia…) y trastornos mentales «porque se conseguirá la psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos mentales como los define la Organización Mundial de la Salud.
La declaración de intenciones de la ley es, en principio, inocente, tal y como la presentó Podemos: «Pretende garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como establecer las correspondientes actuaciones de los poderes públicos con el fin de lograr la plena participación e inclusión sin estigmatizaciones, ni discriminaciones».
«¿Queremos una ley de locos?»
De aprobarse, «conseguirá todo lo contrario», asegura Arango. «No creemos que sea necesario tener una ley específica. Eso es dar por sentado que las personas con trastornos mentales deben recibir un trato distinto al del resto de pacientes. O que los profesionales de salud mental, incluidos los psiquiatras, no estén haciendo una buena labor y se deba protegerse a la sociedad de ellos», explica.
José Luis Carrasco, también presidente de los psiquiatras madrileños lo define con claridad: «Si no tenemos una ley para los enfermos del corazón o los trasplantados, por qué una de salud mental. Todas son enfermedades. ¿Queremos una ley de locos?. Llevamos décadas quitando el estigma a la salud mental e integrándola en la sanidad, como a otras enfermedades. Y ahora parece que queremos perder todo lo que hemos ganado».
