La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya evitó este lunes aclarar los miembros del Gobierno que gestionaron la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril. En su declaración como imputada, a cuyo vídeo ha tenido acceso El Confidencial, argumentó para ello que se trata de información reservada: «Como exministra de Asuntos Exteriores que soy, tengo una obligación de reserva, una obligación que viene marcada en la Ley de Secretos Oficiales del Estado», alegó nada más arrancar la comparecencia. «Seguimos los cauces de una decisión política«, se limitó a decir, sin dar nombres en ningún momento.
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, mantiene abierta una investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. Su sospecha pasa por que el Gobierno pudo facilitar la entrada ilegal de Ghali en España el pasado 18 de abril, para lo que destaca el hecho de que no tuviera que pasar un control de aduana tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza y que utilizara una identidad falsa en su ingreso hospitalario en Logroño.
Por el momento, Lasala ya ha imputado tanto a González Laya como al que fuera su director de Gabinete, Camilo Villarino, quien declaró el pasado 13 de septiembre que en la toma de decisiones no solo participó su antigua jefa: «No creo que tomara la decisión sola. El Gobierno no es un reino de Taifas«. La exministra, sin embargo, evitó profundizar en esta idea el lunes: «Esto sigue los cauces propios en nuestro país, los cauces propios de una decisión que es, recordemos, política y de ejercicio de la soberanía (…). Seguí el cauce que se sigue en cuestiones políticas», se justificó. «Discreción no es arbitrariedad, no es ilegalidad y, desde luego, no es ocultamiento».
Conforme pasaban los minutos, el juez trató de acercar posturas: «El aspecto político no se cuestiona para nada (…). El Gobierno es libre de decidir quién entra y quién no, pero es el cómo: hay un control de pasaportes y eso es el aspecto administrativo. La cuestión no es si le vamos a asistir o no, sino si le vamos a permitir la entrada sin controlarlo personalmente. ¿Eso también se adoptó por usted?», inquirió. Pero por mucho que cambiara las preguntas, la exministra no cedió terreno: «Es un personaje que no es una persona cualquiera. Es una persona con un perfil político, y evidentemente tenemos dos vecinos para los cuales la relación entre ellos tiene aristas políticas».
González Laya mencionó además diversas leyes para justificar que el líder saharaui no mostrara pasaporte ni al entrar ni al salir de España. En el primer caso, porque no pasó por el control de inmigración. En el segundo, porque al abandonar el país aseguró a los agentes del aeropuerto de Pamplona que «no poseía documentación». En un informe entregado al juez, la Policía Nacional ya argumentó que se le permitió despegar sin antes identificarse porque el Reglamento de Extranjería establece que «podrán realizarse las salidas, con documentación defectuosa o incluso sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales de control».
El pasado lunes, la exministra también se agarró a este razonamiento: «Nos dice que va a venir con un pasaporte diplomático y no se verifica el pasaporte diplomático cuando llega a la frontera española, como es cortesía en los casos en los que se trata de un vuelo de estado». También insistió en que, a su llegada a Zaragoza, se encontraba intubado y gravemente enfermo, por lo que urgía su evacuación a un hospital: «Nos guiaba la buena fe que guía las relaciones entre dos países», se escudó la exministra. «Entiendo, y así lo entendí, que esa persona podía entrar en nuestro país. Porque qué sentido tendría (…) que viniera precisamente a meterse en la boca del lobo».
Pero al juez no le valió esta explicación. Tras imputar a la exministra el pasado mes, también ordenó a la oficina Sirene de España que le informase si había «descripciones a efectos de detención o localización» del líder del Frente Polisario en cualquier país del espacio Schengen, una cuestión en la que incidió este lunes: «Está muy bien ser humanitario, pero hay unas obligaciones con los otros países, estamos vinculados, hay un tratado internacional», advirtió. «Omitimos cualquier control, que sí que es una cuestión administrativa, y así no hay problema con nadie…», sugirió Lasala, apoyándose una y otra vez en la declaración previa de Villarino.
