Las nuevas medidas restrictivas salen adelante pese a que PP y Vox critican su legalidad

El Pleno de las Cortes ha aprobado este jueves, gracias a los votos favorables del cuatripartito, el Decreto Ley 2/2021, de 7 de mayo, que permite fijar nuevas restricciones relacionadas con el toque de queda, la agrupación máxima de personas en reuniones y los confinamientos en áreas de alta incidencia. No obstante, tanto PP como Vox han adelantado que votarán en contra al considerar que el nuevo Decreto es “inconstitucional” y “limita los derechos y libertades fundamentales de la población”. De esta manera, se rompe el consenso político en la aplicación de medidas contra la Covid. Además, Cs ha optado por la abstención.

La secretaria general y portavoz adjunta del PP en el Parlamento autonómico, Marimar Vaquero, se ha dirigido directamente al Ejecutivo aragonés exponiendo que “no pensamos que una mentira se convierte en verdad por muchas veces que se repita”. Para los populares, resulta “inadmisible” hablar de democracia y Estado de Derecho cuando el Gobierno pretende estar por encima de la ley y de las instituciones. “Aragón es la única autonomía que se ha atrevido a incumplir la ley bajo la excusa de proteger la salud de sus ciudadanos”, ha manifestado. Asimismo, ha insistido en que han ofrecido a la DGA alternativas y le han tendido la mano en diferentes ocasiones, pero “ustedes no han querido cambiar su actitud”.

El discurso de Vox ha ido orientado en la misma línea, creyendo que este Decreto “atenta especialmente contra los derechos de libre circulación y de reunión”. Su portavoz, Santiago Morón, ha adelantado que interpondrán un recurso contencioso administrativo porque “no se pueden establecer medidas restrictivas fuera del estado de alarma”. El grupo parlamentario no entiende los motivos que llevan a España a no contar con un marco jurídico “sólido” tras el fin del estado de alarma. “O el Gobierno socialcomunista no tiene capacidad para gobernar este país o se siente muy cómodo con la posibilidad de decretar un estado de alarma cuando lo considere oportuno”, ha matizado.

Uno de los principales motivos que suscita las quejas de Vox es el apartado 23 relativo a la suspensión de fiestas, verbenas y demás eventos populares. A pesar de que el texto establece el 31 de agosto como fecha tope para prohibir la celebración de estos actos, Morón ha querido aclarar que, prestando atención a la letra pequeña, “la suspensión es realmente “sine die” hasta que el Gobierno de Aragón estipule lo contrario”. “La cogobernanza en nuestra Comunidad se aventura bastante compleja y pasará por los tribunales”, ha concluido.

El respaldo de Lambán a la nueva ley 

Ante las críticas y dudas acerca de la legalidad de la nueva ley, el presidente del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, ha recordado a los populares que pudieron haberla recurrido, como ya hicieron en su momento con la Ley de Derechos Históricos. “No han recurrido esta ley porque no se atrevían a enfrentarse a la opinión pública aragonesa, que se les hubiera echado encima”, ha enunciado. El líder aragonés ha aprovechado para insistir en que dicha ley está ayudando a la Comunidad a tomar medidas que otros territorios no pueden llevar a cabo. “Si hubiera sido con ustedes, no hubiera habido ninguna ley en Aragón para hacer frente a la pandemia”, ha concluido.

El apoyo del cuatripartito a Repollés

Además, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha enumerado las nuevas medidas restrictivas que recoge el Decreto Ley tras el fin del estado de alarma. “Desde la noche del sábado 8 de mayo se abrió una nueva etapa de alerta y vigilancia sanitaria. Debemos tener una mirada amplia y generosa alejada del debate bronco y dirigida a proteger la salud de todos”, ha expresado.

Tanto PSOE como PAR, CHA y Podemos han apoyado las decisiones tomadas por la consejera y han puesto en valor la “capacidad de autogobierno de Aragón”. Las cuatro agrupaciones han alabado la efectividad y el buen ritmo de un proceso de vacunación que, no obstante, debe ir acompasado de restricciones y medidas preventivas, como la limitación de la movilidad. En última instancia, también han reconocido la preocupación que sienten ante “lo que vendrá después de la pandemia”, poniendo especial énfasis en la crisis emocional y económica.