El relevo en la presidencia del Círculo de Empresarios se ha producido hace un mes, en pandemia, de forma que Manuel Pérez-Sala (Madrid, 1962) ha sustituido a John de Zulueta en un momento de crisis económica y sanitaria, con los fondos europeos retrasándose y en plena negociación de la reforma laboral y de pensiones, además de la fiscal a la vuelta de la esquina. «Nos da la sensación de que el Gobierno está a la expectativa. Espera la llegada de las vacunas de Bruselas, espera las acciones sanitarias por parte de las comunidades, pero realmente no toma ninguna iniciativa», lamenta
—¿Qué le parecen las medidas planteadas para la reforma laboral?
—Insuficientes y equivocadas. Una reforma laboral encaminada a tres contratos nos parece buena idea, pero eso no va a solucionar nada si no abordamos la reducción del coste de despido, que es una barrera de salida y de entrada al mercado laboral. Alemania tiene un coste de despido de 15 días por año y es un buen ejemplo a imitar, a partir de la fecha en la que se apruebe la reforma, no con carácter retroactivo. Esto permitiría dinamizar la contratación. Además, es fundamental potenciar los mecanismos que den prioridad a la negociación en la empresa frente a la sectorial, porque es lo que permite a las empresas abordar la crisis con la máxima flexibilidad.
—¿Han tenido algún tipo de respuesta por parte del Gobierno sobre sus planes con los fondos europeos?
—El Gobierno ha hablado con diferentes agentes sociales y algunas empresas. Y el Gobierno, por su propia cuenta y riesgo, está decidiendo cómo se van a gestionar esos fondos y cómo se van a asignar. Ha rechazado en varias ocasiones la constitución de una agencia independiente y, como consecuencia, la participación de agentes privados e independientes en estas decisiones, es decir, en la asignación y el control de los fondos, con lo cual lo único que sabemos es lo que declara el Gobierno. No sabemos absolutamente nada más.
—¿Temen descontrol tras casos como el de Plus Ultra?
—Es verdaderamente preocupante. Por eso hemos sugerido la constitución de una agencia independiente, porque una concesión de ayudas como la de Plus Ultra jamás hubiera sido aprobada por una agencia independiente. No cumple los requisitos necesarios. Deberíamos utilizar los fondos muy bien, con sentido de la responsabilidad, evitar el clientelismo. Lo único que tenemos es la promesa de un Gobierno que dice que lo va a gestionar bien.
—¿Qué reforma necesita el sistema de pensiones?
—En el año 1978, cuando se establece el actual sistema de pensiones, las personas se jubilaban a los 65 y su esperanza de vida era de 75 años. Vivían diez años después de jubilarse. Hoy la esperanza de vida alcanza los 84, sin embargo, la edad media de jubilación en España son 64 años. Tenemos un problema. Además, la población ha envejecido muchísimo. Yo pertenezco al ‘baby boom’ y nos vamos a jubilar dentro de relativamente poco tiempo y somos una gran cantidad de ciudadanos. O hacemos una reforma profunda del sistema de pensiones o nuestro sistema va a quebrar. Y no falta mucho tiempo para que esa situación se produzca. ¿Qué es lo que sugerimos? En primer lugar, tenemos que poner en marcha lo que se llama un criterio de cuentas nocionales. Que cualquiera sepa cuánto ha cotizado al sistema y en función de la edad en la que se jubile, cuánto va a recibir. De esa manera, los que ya se han jubilado y hagan esta cuenta, verán que el sistema les está dando más de lo que aportaron. No es una crítica, es simplemente la constatación de un hecho. Y para los que no nos hemos jubilado, darnos cuenta de que en un sistema que no va a poder soportar grandes cargas, pues probablemente tengamos que retrasar la edad de jubilación para poder percibir una pensión digna. Yo creo que se está ocultando a la opinión pública el debate. Habrá que modificar los parámetros necesarios para el cómputo de la pensión de jubilación, habrá que revisar la edad de jubilación, habrá que actualizar de forma responsable las pensiones. Hay que tocarlo absolutamente todo. Alargar la vida laboral es un parche necesario, pero no deja de ser un parche. Como consecuencia, lo que instamos es a una revisión global del sistema de pensiones con absoluta transparencia y adoptar medidas valientes. Es un compromiso de nuestra generación con los jóvenes. Tenemos que dejar un país donde puedan vivir sin tener una hipoteca gigantesca al entrar al mercado laboral
—¿Qué les parecería una armonización fiscal como defiende Hacienda?
—Tenemos una enorme preocupación por lo que estamos oyendo con relación a los temas fiscales, porque las sugerencias que oímos entendemos que no responden a la realidad. Se habla de armonización fiscal con Europa, es decir, en armonizar la presión fiscal en España con otros países de nuestro entorno. España es un país que tiene menor presión fiscal, pero la razón está en una causa muy concreta, que es el desempleo. En impuestos sobre el trabajo, en cotizaciones sociales, estamos igual o por encima de la media europea y donde estamos por debajo es en las contribuciones del IRPF. Y no precisamente porque los ricos contribuyan menos. En España el tipo marginal máximo puede llegar al 50% y en Alemania es del 45%. No es una cuestión de tipos, es que la renta media española es más baja y es una realidad que tenemos que aceptar. ¿Y por qué es más baja? Porque una de cada cuatro personas en España no puede trabajar, porque tenemos un problema de empleo gravísimo. Es un análisis equivocado el intentar subir los impuestos con la excusa de una armonización con Europa. Por otro lado, y con relación a los impuestos de la armonización interior, en ningún país de Europa existe un impuesto como por ejemplo el de Patrimonio. Y creo que es importante explicarle a los ciudadanos esto: solamente en tres países de Europa, además de España, existe algo parecido a un Impuesto sobre el Patrimonio: en Dinamarca, Suiza y Países Bajos. Y en ninguno existe simultáneamente Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e impuesto sobre las ganancias de capital. Ahora quieren implantar Patrimonio en toda España y esto es voracidad fiscal. Cuando estamos hablando de armonizar, no debería ser una armonización al alza, debería ser una armonización de los impuestos con relación al conjunto de Europa, es decir, que las comunidades ajustaran sus figuras impositivas y recaudatorias a lo que se está haciendo en Europa. Y eso pasa no por la subida de impuestos, sino por la bajada.
—¿Cree que Madrid es un paraíso fiscal?
—La voracidad recaudatoria del Gobierno es enorme. Madrid no es un paraíso fiscal, es una comunidad donde se han armonizado los impuestos con la UE. Es precisamente el resto de comunidades donde todavía no se ha producido esa armonización. El intentar acabar con la situación fiscal de Madrid va en contra de la evolución natural que deberían seguir los impuestos en España.
—¿Qué piensa de la propuesta del FMI de una tasa Covid temporal?
—La tasa Covid se basa en gravar patrimonios y rentas altas y esto no lo secunda ningún país del mundo, con lo cual me parece que es una declaración de intenciones, quizá algo populista y con poco sentido práctico. La subida del IRPF para los ricos supone una recaudación de 144 millones de euros en el ejercicio 2021, la mitad del incremento de gastos del Ministerio de Igualdad, por ejemplo. Y sin embargo, el resto de subidas de impuestos, bebidas azucaradas, seguros… todos los impuestos que pagan todos los españoles han servido para subir el sueldo a los funcionarios en un año de IPC negativo.
–En el caso de Cataluña, aún no se ha elegido un presidente de la Generalitat, ¿la recuperación puede ser más dura?
–Yo creo que la política catalana debería ir pensando más en los ciudadanos y menos en los intereses políticos. Cataluña está sufriendo mucho. Es una pena y está sufriendo doblemente. Está sufriendo la crisis como todos los españoles y además su crisis particular, con un gobierno dedicado a actividades que no son la defensa de los intereses de los ciudadanos y la mejora del bienestar. Como consecuencia, tiene un sufrimiento doble. Además, la inseguridad jurídica que crean los partidos políticos que en este momento gobiernan en Cataluña retrae la inversión y perjudica el empleo.
