Las dos universidades aragonesas incumplen los requisitos para serlo

El Ministerio de Universidades del Gobierno de España trabaja en un real decreto que establecerá, cuando se apruebe, los requisitos que estos centros deberán seguir para ser considerados como universidad. Con el borrador de esta ley en la mano, el Observatorio del Sistema Universitario (OSU) ha elaborado un informe que analiza el grado de cumplimiento de los campus españoles (tanto privados como públicos) de las nuevas normas. Y las conclusiones no son demasiado halagüeñas: ninguna de las dos universidades aragonesas (la de Zaragoza y la San Jorge) aprueban.

El caso de Aragón no es una excepción. En el conjunto de España la mayoría de centros no obedecen a los futuros requisitos del ministerio que dirige Manuel Castells. Según el informe del OSU, solo 12 de las 83 universidades analizadas cumplen con lo exigido en la ley. No obstante, las facultades y campus tendrán un plazo de cinco años para amoldarse a la nueva normativa, por lo que, a corto plazo, parece que no peligran los cimientos del sistema español.

El observatorio lo conforman profesores y miembros de la comunidad universitaria de cuatro campus públicos catalanes, aunque su ámbito de estudio se extiende al conjunto del país. En el caso de este informe, la autora del mismo, Vera Sacristán (en colaboración con Albert Corominas, Lluís Forcadell y Alfonso Herranz) se divide en cinco grandes bloques, cada uno de los cuales se centra en las diferentes actuaciones que tendrían que llevar a cabo las universidades para ser consideradas como tal: requisitos sobre la oferta docente; sobre la actividad investigadora; sobre la plantilla de Profesorado Docente e Investigador (PDI) y su cualificación; sobre los centros adscritos; y sobre los otros centros.

Conforme a estos parámetros, la Universidad de Zaragoza suspende en lo que se refiere a las condiciones del profesorado. El decreto de Castells establece que el personal con contrato laboral temporal no puede exceder el 40% de la plantilla docente, mientras que en el campus público ese porcentaje alcanza el 52,2%.

No obstante, el campus zaragozano no está solo en la lista de universidades que incumplen este apartado de la normativa, puesto que de los 48 centros públicos, solo 16 presentan una temporalidad igual o inferior al 40%, según el informe.

Asimismo, la Universidad de Zaragoza tampoco cumple con el número de profesores que tendrían que ejercer sus funciones a tiempo completo, puesto que el porcentaje aquí es del 56,4%, por debajo del 60% que exigía, en primera instancia (ese requisito ha desaparecido en el documento que se ha sometido a información pública), la nueva ley de Castells. La San Jorge tampoco cumple con este apartado, puesto que en esta universidad solo el 35,8% del PDI trabaja a tiempo completo.

Asimismo, algunos de los requisitos que afectan al personal de las universidades existen desde el 1991, a pesar de lo cual «el 78% de las universidades no cumple con alguno con alguna de las normas vigentes desde hace décadas» en cuanto a las plantillas de PDI, reza el texto del informe, que se publicó esta semana.

La universidad pública aragonesa solo suspende en uno de los cuatro apartados en los que se divide este estudio (y que le afectan), lo que sería suficiente para perder el rango de universidad si esto no cambia de aquí a cinco años. A pesar de ello, el panorama contrasta con el de la Universidad San Jorge, el campus privado aragonés. El centro suspende en todas las categorías según el informe del Observatorio del Sistema Universitario, si bien desde la institución matizan algunos aspectos. «Los datos que se aportan sobre la Universidad San Jorge están desactualizados», aseguran.

Discrepancias sobre el texto

El primero de los apartados en el que pincha la San Jorge, según el informe, sería el del número de másteres universitarios que deben ofrecer. La OSU dice que son 5, uno menos de los que exigirá el nuevo decreto, aunque desde la universidad explican que el dato es erróneo y que ahora mismo ofertan ocho másteres en sus facultades.

Asimismo, la San Jorge solo ofrece dos programas de doctorado, cuando en el informe se marca como tres el número mínimo para cumplir el requisito. En este caso, de nuevo, desde la institución puntualizan que el ministerio ya ha especificado que con dos programas de este tipo serán suficientes. Así, el campus privado aragonés sí cumpliría todas las normas del apartado que regulará la oferta docente.

La San Jorge tampoco cumple alguno de los requisitos relativos a las normas que regirán para los centros adscritos a las universidades, si bien tanto el campus privado aragonés como el público si que respetan otras muchas de las normas que pedirá el ministerio de Castells y que endurece las exigencias que debe cumplir un centro para ser considerado universidad.

Asimismo, las diferencias entre los campus públicos y los privados se dan a lo largo de toda la geografía española. Mientras que las instituciones que dependen de la Administración suelen fallar en los requisitos relativos a las plantillas y la temporalidad, las privadas «fallas masivamente» en las normas sobre la actividad investigadora. Sea como fuere, desde el momento en el que se apruebe el decreto, los centros tendrán cinco años para amoldarse a la ley.

Contraste entre las autonomías

El informe del Observatorio del Sistema Universitario ¿A qué puede llamarse universidad? Análisis del grado de cumplimiento de los requisitos actuales y los nuevos requisitos previstos recoge grandes diferencias entre las comunidades autónomas. En un extremo, por ejemplo, destaca Cataluña «donde ni una sola de las doce universidades (siete públicas y cinco privadas) cumple los requisitos vigentes», dice el informe.

Mal posicionada está también Madrid, donde solo uno de los 14 centros que existen (seis públicos y ocho privados) cumplen con la ley actual. Solo en Asturias, donde hay un centro, en Galicia, con tres, y en Extremadura, con uno, las universidades cumplen con la normativa que entró en vigor hace varias legislaturas. En el caso de estas últimas tres autonomías, además, todos sus campus se mantienen con dinero procedente de las administraciones.

Sobre el proyecto del Ministerio de Universidades, este incrementa los requisitos con respecto a la oferta docente, puesto que de solo una condición pasa a haber seis. Y sobre la investigación, se han añadido cinco requisitos nuevos con respecto a la norma anterior.

Según el análisis de este observatorio, realizado por Vera Sacristán, a modo de resumen se explica que las universidades públicas españolas fallan sobre todo «en los requisitos sobre las plantillas del profesorado docente e investigador (33 campus públicos los incumplen)». No obstante, los centros que dependen de la Administración sí que aprueban en lo que respecta a la actividad investigadora: «solo diez no cumplen alguno de los tres requisitos» que pueden ser comprobables, asegura el texto.

Por su parte, las universidades privadas españolas no cumplen, en su gran mayoría, lo que pedirá el nuevo decreto sobre la investigación y, según el informe los centros privados en su conjunto suspenden. «Ninguna universidad privada» consigue superar todos los requisitos que establecerá la nueva ley del ministerio de Castells.