Delgado solivianta a la carrera al tomar la cúpula fiscal con sus afines

Un año después del aterrizaje de Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, sus relaciones con parte de la carrera hacen aguas. Sus desplantes a la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) –especialmente desde que se levantó el confinamiento del estado de alarma– están colmando la paciencia de sus asociados, que esta misma semana denunciaban en un comunicado el asalto a la cúpula del Ministerio Público de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En los últimos plenos del Consejo Fiscal, órgano en el que están representadas distintas sensibilidades dentro de la carrera, los vocales de la UPF han votado sistemáticamente al candidato que quería Delgado, quien pertenece además a esta asociación.

Con la misma estrategia que siguió su antecesor en la Fiscalía General y padrino en su toma de posesión, Cándido Conde-Pumpido, pero llevándola aún más al extremo de la «completa arbitrariedad», Delgado está poniendo al frente de Fiscalías de Sala especializadas a asociados a la UPF con el objetivo, señalan fuentes del Ministerio Público, de «tomar» la Junta de Fiscales de Sala, el ‘sanedrín’ de la carrera que asiste a la fiscal general en materia doctrinal y técnica.

La junta está compuesta por una treintena de fiscales de sala responsables de las distintas áreas de la Fiscalía: delitos económicos, extranjería, medio ambiente, siniestralidad laboral, criminalidad informática, violencia de género o cooperación internacional, entre otras, y su función es resolver consultas planteadas, preparar informes o asesorar al fiscal general en materias que este someta a su conocimiento. Por ejemplo, la junta fue el órgano al que Eduardo Torres-Dulce llevó la interposición de la querella del 9-N, la antesala del órdago secesionista del 1-O. Ahora está integrada por 14 representantes de la UPF, 7 de la AF y 9 independientes. La proporción es llamativa si se tiene en cuenta que de los 2.553, unos 250 son de la UPF (un 9,7 por ciento) y unos 550 (un 22 por ciento) de la AF. Dos tercios de la carrera fiscal no está afiliada.

Fuentes del Ministerio Público no ocultan su malestar con el movimiento de piezas que está llevando a cabo la fiscal general en determinadas jefaturas para que sean ocupadas ‘ad hoc’ por cargos de la UPF que de otra forma no podrían acceder a la categoría de fiscal de sala. Aquí enmarcan el movimiento de Pilar Martín Nájera a la Sala Civil del Supremo. La hasta ahora fiscal de sala de violencia sobre la mujer ha dejado una vacante que previsiblemente ocupará otro cargo hoy muy visible de la UPF.

La última vez que Delgado promocionó a fiscal de sala a un fiscal de segunda categoría de la UPF fue en el pleno del Consejo Fiscal del pasado 12 de marzo. Propuso al frente de la Unidad Coordinadora de Menores a Eduardo Esteban, fiscal ante el TC y quien había sido portavoz de la asociación, al igual que lo fue Álvaro García Ortiz, hoy fiscal jefe de la Secretaría Técnica y quien también fue ascendido a la categoría de fiscal de sala. Este último caso entra, sin embargo, dentro de lo razonable teniendo en cuenta que para este puesto el fiscal general siempre elige a una persona de su máxima confianza.

La AF critica que Delgado no reasigne las nuevas plazas a fiscales de sala que ya existen y que no tienen encomendada ninguna jefatura o unidad especializada, y que, sin embargo, haya decidido proponer para esos puestos a fiscales de segunda categoría, ajenos en muchas ocasiones a la materia de la que se van a encargar. A ello se suma que lo habitual es que quien sea ascendido a fiscal de sala haya pasado primero por el Tribunal Supremo, algo que en el caso de los nombramientos más cuestionados no ha sucedido.

En el caso de Eduardo Esteban, la Asociación de Fiscales critica que Delgado haya «soslayado al candidato que atesoraba la mayor experiencia práctica y los mayores y mejores conocimientos jurídicos en la materia (…), pero que quizá tenía –a su juicio– el ‘demérito’ de pertenecer a la Asociación de Fiscales», dice en alusión a José Miguel de la Rosa.

Nombrado fiscal de la Secretaría Técnica en el año 2003, permaneció en ese órgano hasta 2008, cuando fue nombrado adscrito a la fiscal de Sala Coordinadora de Menores. Después regresó a la Secretaría Técnica, primero como teniente Fiscal (2012) y luego como fiscal jefe desde 2015 hasta 2018, cuando fue revelado y quedó adscrito a la Sala de lo Civil del Supremo.

«Sinergias positivas»

Eduardo Esteban, por su parte, fue jefe de la Fiscalía de Madrid de 2008 a 2013 y vocal del Consejo Fiscal de 2104 a 2018. «La capacidad de gestión demostrada por el señor Esteban, su talante y disposición para generar sinergias positivas y el conocimiento y sensibilidad en una materia tan especial (Menores), que ha plasmado en su brillante plan de actuación, son méritos indiscutibles que avalan su designación para esta responsabilidad, a la que aportará la extensa experiencia en materia de protección de derechos fundamentales adquirida durante sus ocho años en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional», motiva la FGE.

Otro de los nombramientos polémicos ha sido el de Ángeles Sánchez Conde, que pasa de la jefatura del TC a la Sala Penal del Supremo. En este caso no por el ‘ascenso’ (ella era fiscal de primera categoría), sino porque una vez más los fiscales del ‘procés’ adscritos ya a esta Sala Penal Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno se han vuelto a quedar fuera.

«No queremos dejar de destacar el extraordinario trabajo desempeñado por los tres fiscales que entregaron lo mejor de sí en uno de los procedimientos penales más importantes de nuestra democracia reciente. Su profesionalidad, su rigor y la firmeza demostrada en el respeto al orden constitucional –al margen de cualquier vaivén político o de cualquier otra consideración ajena a lo estrictamente jurídico– bien merece que cualquiera de ellos ocupe una de la jefatura de cualquiera de las cuatro secciones penales», dice la AF, que en este último pleno apoyó a Madrigal después de que el 22 de diciembre respaldara sin éxito a Zaragoza. En aquella ocasión y pese a ser este fiscal de la UPF y el más antiguo en el escalafón de fiscales de primera categoría, los vocales electivos de la asociación progresista a la que el propio Zaragoza pertenece apoyaron al candidato que Delgado propuso, y que no era su antiguo jefe en la Audiencia Nacional. Se trataba de José Javier Huete, hasta ese momento responsable de Menores. Dos meses después, y tras esta polémica, Delgado ponía a Zaragoza de refuerzo en Antidroga en el campo de Gibraltar. Pero al intentar apagar un fuego encendía otro: el de la propia Fiscalía Antidroga: el fiscal-jefe, José Ramón Noreña, impugnaba el nombramiento por haber prescindido «absolutamente de cualquier procedimiento» formal produciendo «solapamientos» en el organigrama de esa Fiscalía.

Otras plazas conflictivas

De igual forma, Delgado se ha decantado por afiliados de UPF para las jefaturas de otras tres fiscalías especializadas. Para la Togada del Tribunal Supremo propuso a Esmeralda Rasillo, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia cuando Delgado era ministra. De ella la Fiscalía General destaca su «versatilidad y excelente capacidad de relación interinstitucional». Para Siniestralidad Laboral ascendió de categoría al vocal del CGPJ a propuesta de IU Félix Pantoja. Y como fiscal de sala especializada en Personas con Discapacidad y Mayores propuso a María José Segarra, un nombramiento con el que, al ascenderla, «se hace justicia a quienes desde la carrera fiscal asumen la alta y dificilísima responsabilidad de ser fiscal general del Estado».