«El feminismo es de todas, no bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista». La famosa afirmación de Carmen Calvo, pronunciada en julio de 2019, retrata a la perfección el concepto patrimonial que la vicepresidenta primera tiene respecto a la defensa de los derechos de la mujer. Pero su aliado de Gobierno no le va a la zaga. Con motivo del séptimo aniversario de la existencia de Podemos como partido político, no tuvieron empacho en afirmar que gracias a ellos el feminismo había entrado en al agenda política, una suerte de adanismo que torció el gesto entre los socialistas.
Por eso no es de extrañar que las políticas de igualdad se hayan convertido en uno de los principales campos de batalla entre PSOE y Unidas Podemos. Lo que no debiera haber sido terreno para la controversia, ha devenido en un debate de fondo muy polarizado que podría acabar en ruptura del movimiento feminista, a la greña también en las redes y medios de comunicación.
Lo cierto es que las dirigentes socialistas nunca llevaron bien perder una de sus banderas por mor de la coalición con Unidas Podemos. En la primera legislatura de Pedro Sánchez, con gobierno monocolor, igualdad era competencia de Calvo, que también la ostenta en la dirección federal del PSOE.
Se trató de una concesión dolorosa pero el paso del tiempo ha demostrado que, en absoluto, pacífica. El primer choque de trenes fue justo hace un año, coincidiendo con la semana del primer 8-M de la coalición. El Gobierno llevaba apenas dos meses de rodaje y la ministra de Igualdad presentó su borrador para la ley de consentimiento sexual, la del «sí es sí».
El Ejecutivo acometía este proyecto después de que la indignación ciudadana asaltara las calles bajo el lema «no es abuso, es violación», tras conocerse la primera sentencia de «La manada». Una reforma del Código Penal para que dejara de tipificarse como abuso la violación de una víctima sin opción a defenderse ni a oponerse. Pero el texto de Montero recibió una respuesta muy crítica del Ministerio de Juan Carlos Campo, que lo consideró endeble desde un punto de vista jurídico y que debía ir acompañado de otras reformas pendientes del mismo Código, como la del delito de sedición.
Fue aquella una de las primeras grandes crisis de la coalición y esta se saldó, al menos aparentemente, a favor de los morados. Porque si bien el proyecto pasó por el Consejo de Ministros del martes 3 de marzo de 2020, poco antes de las manifestaciones del Día de la Mujer, tal y como quería Montero, un año después sigue embarrancado. Acaba de recibir un informe muy duro, no vinculante, del CGPJ, y ahora tiene que pasar por el filtro del Consejo de Estado. Pero desde Unidas Podemos no dudan en apuntar hacia Calvo como responsable de maniobras dilatorias.
Dicen de ella que tiene poco menos que «secuestrado» al Gobierno por ser quien filtra los temas que van al Consejo de Ministros. Nada que no se haya dicho en su momento de otros vicepresidentes como Soraya Sáenz de Santamaría, Alfredo Pérez Rubalcaba o María Teresa Fernández de la Vega, por citar a los tres anteriores a Calvo.
Y la ley para la igualdad del colectivo trans no va por mejor camino. A los socialistas se les ha atragantado la autodeterminación de género, aunque la apoyaran en una ponencia parlamentaria en 2019. Aducen que aquello era un texto articulado, serio, y no el borrador de Montero «que no es el de todo el Gobierno», insisten, y conocieron a través «de una filtración».
Pero además, el pasado 21 de enero, los socialistas colaron vía proposición una ley para la igualdad de trato y no discriminación, que entraba de hoz y coz en las competencias de la ministra Montero. El PSOE reivindicaba la autoría de una ley en memoria del que fue un significado activista de los derechos LGTBi, el socialista Pedro Zerolo. Unidas Podemos no sólo se abstuvo en el Congreso, sino que buscó el rechazo a la misma entre los grupos que dan sostén parlamentario al Gobierno como ERC y Bildu. La guerra no hacía más que recrudecerse.
El lunes pasado, Irene Montero, advirtió a Calvo, en una entrevista en TVE, que no pensaba ceder con lo de la autodeterminación de género. Desde el sector socialista del Gobierno replican que «todo el PSOE está unido» en torno a lo que consideran el «borrado de las mujeres». En el entorno de Montero aseguran que la ministra no tiene ninguna intención de «romper la unidad del feminismo»; en el PSOE de que «pasará a la historia como la ministra que ha roto» esa unidad.
Y ambas mantienen sus posturas porque los colectivos están igual de combativos y enfrentados. El feminismo en la calle también se divide entre el apoyo a la conocida como «ley trans» y su rechazo absoluto. Un Montero vs Calvo que se ha trasladado a la calle.
Esta ley resulta polémica en varios puntos. El primero, porque permitiría a los menores, a partir de los 16 años, el cambio de sexo en el registro sin acreditar ni un informe ni un tratamiento médico. Además, no necesitarían a partir de esta edad del consentimiento paterno.
Es decir, se acabaría con la exigencia de un diagnostico de disforia de género, el trastorno de identidad de una persona que no se siente identificada con el sexo biológico, y sólo se necesitaría lo llamado «autodeterminación de género», que la persona afirme esta situación sin necesidad de pasar por un médico.
Los retractores de esta ley aseguran que mínimo sería necesario un informe psicológico que acreditará este cambio, alegando que a esas edades la personalidad aun está en formación y se pueden tomar decisiones equivocadas.
Además, muchas asociaciones feministas ponen el grito en el cielo porque ese cambio de sexo en el registro, que solo necesitaría de la voluntad de la persona, podría usarse como «coartada para eludir condenas legales» en los casos de violencia de género. Es decir, consideran que un hombre que maltrata a su pareja puede alegar que es una mujer y no ser condenado por esta ley. También, que podría ser utilizado para que un hombre pudiese entrar en una cárcel femenina o inscribirse a determinadas ayudas sólo para mujeres.
«Borrará los logros de la lucha feminista»
Desde el equipo de Montero, las asociaciones de transexuales y algunos colectivos feministas, en cambio, aseguran que el cambio de nombre en el registro no supondría en ningún caso una alteración de su situación legal anterior. Y tampoco, como les recriminan desde el «otro» ala del feminismo, esta ley borrará los logros de la lucha feminista, «equiparando los derechos de las personas transgénero a los de las mujeres».
A esta discusión sobre la ley trans, estos últimos días se ha sumado la decisión por parte del Delegado del Gobierno en Madrid de prohibir las concentraciones y manifestaciones en torno al 8M. Esta medida ha sido apoyada por el PSOE y por Carmen Calvo, alegando que «lo primero es la salud» y que no se trataba en ningún caso de una decisión política. Por su parte, Irene Montero aseguró a través de su cuenta de Twitter que se trataba de una «criminalización». «A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista», sentencia, otra vez en contra de Calvo.
