El PSOE y el Partido Popular han pisado el acelerador en las últimas horas para intentar cerrar un pacto de Estado sobre el reforzamiento de las instituciones esta misma semana, justo en un momento en el que la grieta abierta dentro del Gobierno de coalición se ha hecho más grande por el rechazo de Podemos a condenar los actos de violencia callejera en varias ciudades españolas. Fuentes de la negociación confirmaron a ABC que desde La Moncloa se ha aceptado la condición de dejar fuera de la negociación a Podemos, algo que Pablo Casado ponía como requisito indispensable para renovar el Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018.
La negociación dará un salto cualitativo a partir de hoy mismo, ya que pasará directamente a La Moncloa y a la dirección nacional del Partido Popular. El secretario general de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, han tomado las riendas de la negociación, tras los contactos previos del ministro Campo y el secretario de Justicia del PP, Enrique López. Es un paso decisivo para impulsar de forma definitiva el acuerdo, bloqueado desde hace meses. El hecho de que la parte socialista del Gobierno de coalición haya aceptado la condición más difícil de cumplir que puso Casado, que la formación de Pablo Iglesias se quedara fuera, ha sido un gesto clave para que el pacto avance.
Fuentes de la negociación subrayaron que Podemos no estará en las conversaciones, y se espera que tampoco en el acuerdo final. De hecho, los populares aseguran que en el listado de nombres que se manejan para renovar el Poder Judicial no hay ninguno que pueda relacionarse con el partido de Iglesias.
El objetivo, según los negociadores, es tener listo el gran acuerdo de la legislatura esta misma semana. Eso sí, la parte socialista de la coalición de Gobierno tendrá que hacer frente a las más que previsibles presiones de su socio, Unidas Podemos. Desde esta formación aseguran que ya tienen pactados los nombres con el PSOE desde el verano, y advierten de que es un compromiso expreso de Pedro Sánchez. Si al final no es así, se avecina una crisis en el interior de la coalición, la enésima desde el inicio de legislatura.
El acuerdo global que podría cerrarse esta semana no solo incluye la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En el mismo paquete entrará el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE. Precisamente, es este último acuerdo el que está acelerando las reuniones, ya que el próximo jueves, el Pleno del Congreso tendrá que dar su visto bueno, con una mayoría de dos tercios, a los seis consejeros que le corresponden para el Consejo. El trámite se repetirá en el Senado, para elegir a los cuatro que le corresponden. De entre los 10 elegidos, el Congreso designará al presidente de la Corporación.
Respecto al TC está pendiente de renovación el tercio del tribunal que corresponde al Congreso. Tendrían que salir cuatro magistrados, pero lo harán tres, porque el cuarto, Fernando Valdés, renunció hace unos meses tras verse implicado en un asunto de violencia de género. El presidente, José Luis González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca, son dos de los magistrados afectados por la renovación. El otro es Andrés Ollero.
El momento idóneo
Las negociaciones entre el PSOE y el PP se desbloquearon el martes pasado, apenas 48 horas después de las elecciones catalanas, los últimos comicios en España hasta diciembre de 2022, previsiblemente. Sánchez llamó a Casado para ponerse manos a la obra y en seguida se comprobó que el ambiente era otro distinto y que, ahora sí, había más interés por ambas partes para alcanzar un pacto de Estado. El PP es consciente de que necesita este acuerdo, y tiene que ser ahora, en un momento especialmente complicado por el fiasco de su resultado electoral en Cataluña y el ‘sorpasso’ de Vox en esa Comunidad. Un pacto de Estado de ese nivel elevaría a Casado por encima de sus adversarios en la derecha.
Pero el PP dejó claro que mantenía intactas sus tres condiciones. La más complicada era, sin duda, la de excluir a Podemos del acuerdo. La reunión de hoy supone de hecho su cumplimiento, acompañado de la seguridad, por parte del PP, de que el partido de Iglesias, que no ha condenado la ‘kale borroka’ de los últimos días no tendrá representantes en el Poder Judicial.
Además, el PP exigía la retirada de la proposición que reducía las mayorías parlamentarias para que el PSOE y Podemos pudieran cambiar el Poder Judicial sin el principal partido de la oposición. Esa iniciativa está ahora mismo congelada en el Congreso y el PP la da por retirada en la práctica.
La tercera condición, que sigue en pie, es un compromiso del Gobierno para avanzar hacia la despolitización de la Justicia. El PP exige que se haga con luz y taquígrafos en el Congreso, sin dejar lugar a ninguna duda.
