Una funcionaria procedente del Ministerio de la Presidencia será la nueva responsable del área de Reclamaciones en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en sustitución de Esperanza Zambrano, destituida semanas después de que este organismo amparara varias peticiones ciudadanas e instara al Gobierno a revelar la identidad de los expertos que asesoraron al Ministerio de Sanidad a la hora de decidir a qué fase pasaba cada comunidad autónoma durante la desescalada que siguió al anterior estado de alarma.
El Independiente ha podido confirmar en el Ministerio de la Presidencia que Carmen Montero García-Noblejas ha dejado ya su cargo de vicesecretaria general técnica en el departamento que dirige Carmen Calvo –responsabilidad que ejercía desde enero de 2019– para convertirse en la número tres del CTBG. La elegida pertenece al cuerpo superior de administradores civiles del Estado y es nivel 30, el máximo al que puede llegar un funcionario.
La nueva subdirectora general de Reclamaciones aprobó las oposiciones a principios de 2006. Con una nota de 69,6 puntos, Carmen Montero fue la número 34 de los 59 aspirantes que superaron las pruebas selectivas -por el sistema general de acceso libre- para ingresar en la Administración como funcionaria. Antes de ser destinada a Presidencia pasó por los ministerios de Administraciones Públicas y Fomento.
El relevo en el puesto clave del Consejo de Transparencia ha sido la primera decisión de calado tomada por José Luis Rodríguez Álvarez desde que fue nombrado presidente de este organismo el pasado 20 de octubre. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, la persona elegida por Pedro Sánchez para ocupar este puesto -sin cubrir desde que Esther Arizmendi falleció en noviembre de 2017- desempeñó diversas responsabilidades gubernamentales en la etapa del socialista Rodríguez Zapatero.
La destitución de Esperanza Zambrano se ha producido después de que el CTBG -un organismo independiente adscrito funcionalmente al Ministerio de Política Territorial y Función Pública- hubiera dictado resoluciones contrarias a la postura mantenida por el Gobierno. Con una notable repercusión, la última polémica fue a raíz de que Transparencia estimara las reclamaciones formuladas por varios ciudadanos y concediera un plazo de 10 días hábiles a Sanidad para que diera a conocer qué funcionarios integraron el grupo que asesoró en la desescalada.
Funcionaria desde 2006, Carmen Montero era desde hace dos años la vicesecretaria general técnica del Ministerio de la Presidencia
El Ejecutivo de coalición se había negado inicialmente a proporcionar la información alegando que hacerlo supondría una vulneración de los datos personales de los empleados públicos. El departamento que dirige Salvador Illa terminó divulgando los nombres el pasado 22 de diciembre tras pedirle autorización a los funcionarios afectados. Y, el 8 de enero, la subdirectora general de Reclamaciones trabajó por última vez para el CTBG tras seis años de dedicación.
Con anterioridad, el Consejo de Transparencia también había amparado la reclamación presentada por una ciudadana que había intentado conocer sin éxito los medios de transporte oficiales utilizados por Pedro Sánchez en sus viajes privados. Ese pronunciamiento fue refrendado el pasado 20 de noviembre por el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 2 de la Audiencia Nacional al resolver el recurso que había interpuesto la Abogacía del Estado, condenada en costas.
Las acusaciones de opacidad al Ejecutivo de Pedro Sánchez por parte de la oposición son constantes desde su llegada a La Moncloa a mediados de 2018. El primer episodio tuvo lugar en julio de aquel año, cuando trascendió que utilizó un Falcon 900 del Ejército del Aire para dirigirse a Castellón al objeto de asistir a un concierto del grupo The Killers en el marco del Festival Internacional de Benicàssim (FIB). El Gobierno ha eludido en reiteradas ocasiones facilitar la información que se le ha requerido a través del Portal de la Transparencia invocando que es materia clasificada.
Malestar en Moncloa
El malestar en Moncloa con las resoluciones de este organismo era palpable desde 2019, sobre todo después de que el CTBG empezara a airear su «preocupación» ante el hecho de que la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno ignorara de forma reiterada tanto peticiones de informaciones que formulan los ciudadanos como los ofrecimientos que le hace para presentar alegaciones cuando un solicitante presenta una reclamación. «No es un tribunal y nos pide en ocasiones documentación que excede por completo lo que la ley nos puede exigir», justificaron a este diario fuentes del ministerio que dirige Carmen Calvo.
El organismo inicia una nueva etapa con un nuevo presidente (José Luis Rodríguez Álvarez) y con una nueva subdirectora general de Reclamaciones (Carmen Montero García-Noblejas) procedente del Ministerio de la Presidencia, uno de los ocho departamentos gubernamentales que más peticiones de información reciben cada año a través del Portal de la Transparencia: 1.684 en 2020.
El pasado de Rodríguez Álvarez en puestos de responsabilidad en el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero puso en alerta a los grupos de la oposición, que criticaron que se hubiera recurrido a un «comisario político al servicio del señor Sánchez» en lugar de optar por un perfil absolutamente técnico y sin vinculaciones políticas. Las sospechas se han acrecentado tras la destitución de Zambrano, crítica con la decisión del Gobierno de suspender los plazos administrativos para la tramitación de las solicitudes de información durante el primer estado de alarma.
Tanto el PP como Ciudadanos han pedido ya la comparecencia urgente del presidente del CTBG en el Congreso para que dé explicaciones y detalle las razones del cese de la hasta ahora subdirectora general de Reclamaciones, una reputada especialista que había visto avalada muchas de sus interpretaciones por el Tribunal Supremo.
