Casi 800.000 trabajadores siguen bajo el paraguas de los ERTE. Esta protección decaerá el 31 de enero si no se produce una nueva prórroga, que se antoja clave para la economía, azotada por una tercera ola de la pandemia que amenaza con recrudecer la crisis. Hoy arranca la negociación que debe prorrogar esta protección para el empleo y con ella uno de la discusión sobre uno de los acuerdos más importantes para el devenir del mercado laboral español. Pero no se antoja fácil. La CEOE pondrá sobre la mesa la que probablemente ha sido hasta ahora la mayor línea roja del Gobierno: la obligación de mantener el empleo durante los siguientes seis meses a cambio de las ayudas públicas.
En la sede de Diego de León 50 se insiste en que la situación ha cambiado sustancialmente desde el inicio de la pandemia y que la flexibilización de esta cláusula es fundamental para garantizar la supervivencia de muchas empresas. «Hay muchas empresas y autónomos con problemas. Un despido puede facilitar el mantenimiento de dos o tres empleos. No lo dice ATA, o la CEOE, lo dice el propio Banco de España», afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la patronal.
Actualmente, el acogimiento a un ERTE relacionado con el Covid implica que la empresa no puede rescindir ningún contrato o, en caso contrario, debe asumir el pago de todas las cuotas exoneradas hasta el momento del despido, lo que supone facturas que pueden obligar al cierre a muchas empresas, aseguran las mismas fuentes. Por ello, los empresarios pedirán que se rebajen la penalización por despido y se permita a las compañías ajustar su capacidad y estructura a la situación económica.
El propio Banco de España ya lanzó recientemente un mensaje en esta misma dirección. Durante su comparecencia en el Senado en la tramitación de los Presupuestos, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ya deslizó su propuesta: «Hay que reconocer que hay cambios estructurales en la demanda de productos y sectores en los que en algunos casos es contraproducente recurrir a los ERTE, y algunas empresas van a necesitar ajustar parcial o totalmente y hay que permitirles que se produzca este ajuste con los mecanismos de la legislación laboral».
Transición a los ERE
Hernández de Cos añadió también que el ajuste de plantillas a las nuevas realidades de consumo se debe producir rápido, ya que «sabemos que la lentitud en ese proceso de reasignación también es un problema para la economía». Una de las opciones que se barajan, y que de hecho ya reclamaron los empresarios madrileños durante la última negociación, es que se «facilite el tránsito» de los ERTE a los ERE y que sea el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo dependiente de Trabajo, quien se haga cargo de la mitad de las indemnizaciones en aquellos casos en los que el pago de las mismas pudiese comprometer la viabilidad de la compañía.
«Para muchas empresas el alargar «sine die» los ERTE es un parche que no soluciona el problema, sino que lo retrasa y, en algunos casos, los agrava», llegó a decir Miguel Garrido, presidente de CEIM, durante la clausura de su asamblea. Esta estrategia ya se utilizó en la crisis de 2012, precisamente como último recurso para evitar que los despidos masivos y el pago de sus indemnizaciones desencadenaran la quiebra en cadena de las compañías.
Sin embargo, la disposición del Gobierno a aceptar esta propuesta genera dudas incluso entre los propios empresarios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado en varias ocasiones la importancia de esta cláusula para su formación y, además, el desgaste que ha generado la negociación del salario mínimo entre los miembros de la coalición no es el mejor precedente para un nuevo desencuentro entre gabinetes socialistas y morados. Máxime cuando esta eventual guerra sería mucho más rentable para Unidas Podemos que para el PSOE en términos políticos.
Además, en el entorno de Trabajo se recuerda que actualmente ya se excluye de la obligación de cumplir este compromiso de mantenimiento de empleo a las empresas que se encuentren en riesgo de entrar en concurso de acreedores. Y se especifica que no es necesario que la empresa llegue a solicitarlo sino que solo el hecho de mantener el empleo durante esos seis meses las ponga en una situación de riesgo económico. Los empresarios, no obstante, aseguran que medir este riesgo es una tarea muy subjetiva que en la práctica no está funcionando. En cualquier caso, la opinión de Díaz no será determinante, como ocurrió con el SMI, para decantar la negociación hacia un lado u otro. «La última palabra la tendrá el Gobierno», dicen las fuentes consultadas por ABC.
Hoy hay 783.000 trabajadores bajo la cobertura de un ERTE Covid-19 y el coste mensual para el Estado, desde marzo, está entre 4.500 y 5.000 millones. Un recargo importante para el Estado que no puede terminar convirtiéndose en «jaulas de oro» para muchas empresas, según avisa el supervisor.
La prórroga actual fue aprobada en septiembre tras un acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales. Entonces, el pacto llegó en el último minuto, después de una negociación muy dura. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió ayer la prórroga de los ERTE y garantizó que «no se desandará» el camino iniciado en marzo para proteger el tejido productivo y el empleo, a pesar del «elevado coste fiscal» de la medida. En la misma línea se ha pronunciado la titular de Trabajo, lo que certifica que la prórroga está garantizada. La decisión parece que está tomada, si bien la pugna puede encontrarse en los detalles.
