Los secesionistas vuelven a tener las manos completamente libres para disponer de los recursos económicos públicos autonómicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que depende del Ministerio de Hacienda, comunicó ayer al Gobierno catalán la retirada de la supervisión financiera y económica extraordinaria que aplicaba a las finanzas catalanas desde diciembre de 2015. Hasta ahora, la Intervención General de la Generalitat tenía que remitir mensualmente al departamento que dirige María Jesús Montero certificados de gasto, así como información adicional sobre la contabilidad de la Generalitat catalana y su sector público, clasificada por programas presupuestarios. El objetivo era que el Ejecutivo central supiera el destino final de los fondos públicos catalanes.
Dinero para la independencia
Aunque se adujo que uno de los motivos para aprobar este estrecho marcaje de los dineros catalanes era la delicada situación económica por la que atravesaba la comunidad, la principal razón de ser del control que introdujo entonces el Gobierno de Mariano Rajoy no era otro que evitar que los fondos públicos catalanes fueran utilizados por los partidos secesionistas del Ejecutivo autonómico para alimentar financieramente sus aspiraciones independentistas.
Sin embargo, en vista de que el secesionismo no cejó en su empeño de buscar la ruptura de Cataluña con el resto de España de forma unilateral a pesar de este control, el Gobierno de Rajoy decidió endurecer la supervisión sobre las finanzas catalanas en septiembre de 2017. Entonces, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó que, a partir de entonces, el Estado se haría cargo directamente de pagar los servicios públicos esenciales para garantizar así que el dinero público no se destinaba a financiar el referéndum que, finalmente, y de forma ilegal y sin ningún tipo de control, los independentistas celebraron el 1 de octubre. Lo que hizo el Gobierno fue cortar de facto el grifo a la Generalitat y obligarla a que su Intervención General enviase un informe a Madrid detallando los pagos a realizar y acreditando su legalidad. El Gobierno de Rajoy también decidió anular la potestad que tenía la Generalitat para emitir deuda a corto plazo sin autorización.
Semanas después, tras la celebración del referéndum el 1-O y la activación del artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre que supuso la suspensión de la autonomía catalana, el Gobierno dio otra vuelta de tuerca al control financiero de Cataluña al no permitirle siquiera ingresar los anticipos del sistema de financiación autonómica.
Relajación de las medidas
El control de los pagos de los servicios básicos, sin embargo, no duró demasiado. En junio de 2018, al poco de hacerse con el poder tras sacar a Rajoy de Moncloa con una moción de censura, Pedro Sánchez puso fin a esta segunda medida de control para dar paso a lo que la entonces portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, denomino medida para la «normalización política».
La retirada de la supervisión financiera de Cataluña anunciado ayer es una de las contrapartidas que ERC le arrancó a Pedro Sánchez para darle su apoyo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del año que viene, vitales en la estrategia de Sánchez para estirar la legislatura. Para los secesionistas, supone el fin de una larga batalla para recuperar su soberanía financiera. Todas las formaciones independentistas catalanas han considerado siempre que el control de las cuentas autonómicas catalanas era discriminatorio y no estaba justificado desde un punto de vista financiero.
