Una idea fundamental: garantizar el acceso a la sanidad pública independientemente del territorio en el que se encuentre el paciente. Ese ha sido el compromiso adquirido en la reunión de los presidentes de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León celebrada este viernes en Talavera de la Reina. Eso permitiría compartir los historiales médicos y facilitará la igualdad de acceso en las zonas menos pobladas. «La lucha contra el reto demográfico tiene que ser integradora», han dicho. Este encuentro, que les ha servido a los tres dirigentes formar una suerte de frente «contra los procesos separatistas», también ha servido para reclamar la colaboración autonómica en el proceso de vacunación contra el covid (algo que trasladarán al presidente Pedro Sánchez) y en el reparto de las ayudas europeas. Para eso creen necesario volver a convocar una conferencia de presidentes.
El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, volvió a mostrar su «orgullo» de hablar castellano, algo que se «acrecienta» viajando por el país, tras alabar la «riquísima tradición cultural» de la localidad anfitriona. Ha considerado que el independentismo va «contra el sentido común» frente a las políticas de los tres territorios que han sido durante siglos «solar de acuerdos» para luego ser maltratados por la historia hasta que ha llegado la Constitución. «Nos ha dado una segunda oportunidad», ha dicho en retórica inflamada al alabar la posibilidad de autogobierno del Estado autonómico.
Con todo, desde Aragón se ha recordado que hace falta abordar cuanto antes la reforma de la financiación para que la igualdad entre todos los españoles sea una realidad fehaciente. «No hay milagros frente a la despoblación y esta reforma, junto con la PAC, es una de ellas», ha planteado.
De cara a las restricciones sanitarias ha recordado que es necesario restringir los encuentros navideños con responsabilidad para evitar complicar la situación provocada por el covid, sobre todo a la espera de este proceso de vacunación que deberá comenzar el año que viene.
En acuerdo firmado por las tres comunidades contempla «constituir un grupo de trabajo conjunto para la coordinación de proyectos auspiciados por las tres comunidades autónomas que puedan concurrir a la captación de los indicados fondos del mecanismo europeo para la recuperación y la resiliencia», así como solicitar al gobierno de España que los criterios relativos al reto demográfico sirvan de referencia para la distribución de los fondos UE de Nueva Generación. Y de forma paralela se han comprometido a convocar a las ocho comunidades integrantes del Foro de Regiones Españolas con Desafío Demográfico (FREDD).
Por su parte, el responsable de Castilla La Mancha, Emiliano Garcia-Page, ha manifestado en un largo preámbulo que las tres comunidades trabajan sobre la idea de que las autonomías «son un invento útil». A partir de esa idea han construido una alianza destinada a frenar los independentismos. «Nuestro trabajo busca enriquecer España, dentro de la pluralidad, pues tenemos que servir al propósito global del país», ha dicho al asegurar que rechazan de plano que estos organismo sirvan para «jugar con la legitimidad que nos han dado» para impulsar procesos separatistas o segregacionistas. Un llamamiento a la unidad que ha llegado a justificar por ser herederos «de buena parte de las histórica genética de España», siendo «depositarios de la cultura civilizatoria de mayor expansión del mundo» junto con la anglosajona.
El presidente de la junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reiteró el compromiso «con la idea de España» y también con el proyecto europeo. Considera que están realizando «un esfuerzo» horizontal para beneficiar a todas las provincias afectadas por la despoblación. «Estamos ayudando a construir un proyecto de país», ha indicado.
En materia de coordinación sanitaria ha acordado renovar los protocolos de colaboración sanitarios para las poblaciones limítrofes con objeto de ampliar el marco general de cooperación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Aragón y la Junta de Castilla y León, a través de sus respectivos servicios públicos de salud (SESCAM, SALUD y SACYL), para la prestación de asistencia sanitaria, incorporando la vigilancia epidemiológica de la salud en el contexto del covid.
