Educación concertada: cada alumno ahorra al Estado tres mil euros al mes

Empezaba a las once, con dos horas de manifestódromo por delante. Pero no hubo margen. A las diez, casi se podía dejar las marchas en punto muerto para no gastar. Atasco de arriba abajo. Colapso madrileño al que se sumaron otro medio centenar de ciudades de todo el país, en las que también se paralizaron avenidas y calles. Lo mismo en Sevilla que en Zaragoza o Murcia. ¿Cifras? Quédese en el genérico de «multitudinaria» y «miles de coches», a la falta de medidor pandémico sobre el metro cuadrado, plazas ocupadas por turismo y contaminación acústica a golpe de pito, con perdón. Delegación del Gobierno habla de más de 5.000 coches. Que los hubo. Datos a revisar, cuando solo en Santander se contaron hasta 2.000 copando los 14 kilómetros de recorrido y hasta 3.000 en Toledo, ratificados por sus Delegaciones.

Entre los organizadores, satisfacción al alza. Se imaginaban respuesta positiva, pero no una parálisis así. Incidentes, cero. Cero, no, que puede generar trauma, como lo de suspender y repetir curso. Bajo el lema «Por el derecho a elegir la educación que queremos», familias, profesores y entidades titulares de los colegios en los que estudian el 30 por ciento de los alumnos españoles se echaron a la calle como respuesta a la tramitación de la reforma socialista, que el jueves fue aprobada por un solo voto de diferencia a su favor en el Congreso de los Diputados.

Y es que hay que señalar, que según datos de la Plataforma Concertados, el coste anual de cada alumno que acude a la educación pública es de 6.000 euros, frente a los 3.000 euros que supone un alumno que acuda a centros concertados. Por tanto, los conciertos educativos son una opción más económica para el Estado. El coste por alumno es mucho más barato en un colegio concertado que en uno público.

«Defendemos la complementariedad de las redes pública y privada concertada. No admitimos que la Lomloe permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado», exponía el manifiesto que fue leído en Cibeles al alimón entre Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) y Pedro José Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos.

Religión, sin alternativa

Con esta demanda en el centro, la protesta también criticaba cómo la reforma deja la asignatura de Religión sin alternativa y no contará para nota: «A través del control político de la educación estamos asistiendo también a una agresión a la conciencia, a favor de una imposición de ideología laicista, impropia de un estado no confesional». En el claxon y también en el escenario cibelino, quejas unánimes también en defensa de los centros de educación especial, cuyas aulas previsiblemente irá vaciando la ley: «No aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la «Ley Celaá» y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición».

«Pedimos un pacto político del que emane una ley que represente a toda la comunidad educativa y a toda la sociedad, con un modelo integrador plural en el que todos caben y en el que todos cabemos», expresaba Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, la entidad mayoritaria de cuantas aglutinan Más Plurales. Entre otras cosas, porque congrega a casi 2.000 colegios con 1,2 millones de alumnos y más de 100.000 trabajadores. El religioso trinitario calificó la movilización de «marea pacífica que reclama derechos, pero, sobre todo, ser escuchada».

Por todo ello, desde Más Plurales anunciaban que pedirán el amparo de la Unión Europea «en tiempo y forma» por ver atacado el artículo 27 de la Carta Magna, hacían un llamamiento para que los grupos políticos «interpongan recursos de inscontitucionalidad» contra la ley Celaá y confían en que los Gobiernos autonómicos aminoren «al máximo los efectos de la aplicación de esta norma». Recogieron el guante al instante tanto PP, como Vox y Ciudadanos. Los populares, como parte de la caravana. Por un lado, el presidente Pablo Casado, certificaba que pisará el acelerador en los tribunales, a la espera de habitar la Moncloa: «Esta ley durará el tiempo que tardemos en llegar al Gobierno». Por otro, la presidenta madrileña Isabel Díaz-Ayuso, como copiloto del alcalde Almeida, anunciaba una ley en la región «para blindar la libertad de elección de las familias». Por la Castellana también se dejaron caer Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox, así como Begoña Vallacís que, en nombre de Ciudadanos, remarcó que «el PSOE no puede permitirse suplantar a los padres».

Entre los promotores de la manifestación se agradeció este respaldo, pero fuera de los focos, lamentan que los políticos no se sumaran antes a los ruegos de la concertada. Sobre todo, cuando a principios de octubre iniciaron una ronda de contactos porque sabían lo que se les venía. Este «olvido» y el empeño en la vehicularidad del español, ha hecho que prácticamente hasta esta semana, cuando Más Plurales se hizo más visible a las puertas del Congreso. Prueba de ello, comentan desde los colegios concertados, es la enmienda transaccional presentada a última hora en el pleno del jueves y que no prosperó. Impulsada por PNV y JuntsxCat, a la que se sumaron PP, Ciudadanos y Vox, llegó tarde y resultó insuficiente. Buscaba introducir un par de líneas para que se garantizasen las plazas en la escuela concertada. No prosperó. Ahora, la comunidad educativa de la concertada, tras este golpe sobre el asfalto, espera que no se les olvide.