El pasado 30 de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial cerró con un acuerdo muy mayoritario todas las vacantes del Tribunal Supremo, tanto las existentes en la Sala Penal como para la presidencia de las Sala de lo Contencioso-Administrativo, Social y Militar. El órgano de gobierno de los jueces y magistrados hizo caso omiso a los «mensajes» del Gobierno del Gobierno para que dejara esos nombramientos en stand by y que fuese la próxima configuración del Consejo quien los realizara.
Ahora, cuando PSOE y Podemos han presentado una Proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se prevé, además de modificar las mayorías necesarias para la elección de los vocales de extracción judicial, que un Consejo «en funciones» no pueda realizar nombramientos, el próximo Pleno, que se celebrará el día 29, tiene la firme intención de volver a realizar designaciones para plazas que han quedado vacantes, la mayoría de ellas por jubilación.
Así, según señalaron a LA RAZÓN fuentes del próximo Consejo, la idea inicial es incluir en el orden del día de ese Pleno la designación de cuatro presidentes de tribunales superiores de Justicia, así como las de las audiencias provinciales de Ourense y Cáceres, un plaza para magistrado de la Sala Social del Tribunal Supremo –la vacante producida por el fallecimiento del magistrado José Manuel López García de la Serrana–, así como las presidencias de otras siete salas de distintos tribunales superiores de Justicia.
Los TSJ que esperan contar con un presidente titular en breve son los de Canarias, cuyas designación se aplazó en el último pleno para dar más margen de tiempo en las negociaciones, País Vasco, Baleares y Cantabria. Para cubrir estas vacantes se exige el consenso de los dos «grupos» del Consejo, ya que se requiere un mínimo de 13 votos, lo que ni «conservadores» ni «progresistas» alcanzan por sí solos. «Esperamos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos y que se puedan realizar esos nombramientos», señalaron a este periódico fuentes del propio órgano de gobierno de los jueces y magistrados. De esta forma, Antonio Doreste esperar conocer el día 29 su sustituto al frente del TSJ de Canarias.
Igual ocurre con la presidencia del TSJ del País Vasco, donde Juan Luis Ibarra pasó a la jubilación y ahora se disputan su puesto Mercedes Guevara (Audiencia Provincial de Álava) y Antonio Garcia, magistrado de ese mismo tribunal y quien parte con cierta ventaja respecto a los otros candidatos. Garbiñe Biurrum, quien también opta al cargo, parece que tiene muy pocas posibilidades. Lo mismo sucede con las presidencias de los tribunales superiores de Baleares y Cantabria, cuyas presidencias esperan también nuevos «inquilinos».
Estos serían los únicos nombramientos que exigen de forma obligada un acuerdo entre los dos grupos que permita que un candidato logre al menos los 13 votos necesarios. Para el resto de las plazas sólo se requiere mayoría simple del Pleno, es decir, 11 votos. De esta forma, si los diez consejeros «conservadores» y el presidente, Carlos Lesmes, votaran todos al mismo candidatos, saldría elegido sin necesidad de contar con el voto de nadie más. Pero no es esa la idea, ni mucho menos, sino que la pretensión, tanto en estas vacantes como en las presidencias de tribunales superiores de Justicia «se pueda alcanzar un gran consenso, similar a las renovaciones de las plazas del Supremo».Así, la pretensión es llevar todas esas vacantes al pleno citado, aunque pueda suceder, como en el anterior, que algunas plazas se vuelvan a aplazar si se constata que no existe un consenso amplio para las designaciones.
«No se pueden parar»
Por otro lado, y ante la posibilidad de que PSOE y PP vuelvan oficialmente a retomar las negociaciones para renovar el Consejo, aunque algunos sostienen que «nunca se han roto de forma definitiva», y ello pueda provocar un nuevo aplazamiento de los nombramientos pendientes, los vocales consultados por este periódico son rotundos al respecto: «A estas alturas no podemos dejar de hacer los nombramientos a los que estamos obligados. Eso sería un insulto». Sin embargo, la última palabra la tendría Carlos Lesmes, quien tiene facultad para aprobar los puntos que se incluyen en el orden del día, o que así lo decidiese el Pleno si el presidente opta por aceptar el pronunciamiento del mismo.
