El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra el Ministerio de Sanidad que encabeza Salvador Illa al señalar que el personal médico no contó con los medios de protección adecuados para luchar contra la pandemia.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ponencia del magistrado Pablo Lucas, concluye que «los profesionales sanitarios carecieron de los medios de protección necesarios lo cual supuso un serio riesgo para los derechos fundamentales que les reconoce el artículo 15 en relación con los artículos 43.1 y 40.2 de la Constitución».
En un fallo adoptado por unanimidad, los magistrados precisan que la carencia de equipos que afectó inicialmente a los profesionales sanitarios se debió a la incapacidad de suministrárselos del Sistema Nacional de Salud, el que según el artículo 44 de la Ley General de Sanidad integra el conjunto de servicios de salud del Estado y de las Comunidades Autónomas y no solamente de la Administración General del Estado o del Ministerio de Sanidad. No obstante, dirigiéndose la demanda contra el Ministerio de Sanidad, el pronunciamiento no puede extenderse más allá.
La CESM recurrió por el procedimiento de protección de los derechos fundamentales la inactividad del Ministerio de Sanidad en el cumplimiento del artículo 12.4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma, por no poner a disposición de los profesionales sanitarios los equipos de protección individual necesarios, con la consecuencia de haber puesto en riesgo sus derechos a la vida, a la integridad física y a la salud.
La sentencia rechaza el recurso en tanto se dirige contra la inactividad administrativa porque CESM no ha cumplido los requisitos exigidos por el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción pero lo estima al reconocer que los médicos de este país lucharon al comienzo de la pandemia sin medios materiales de protección frente al Covid-19.
