Montero ofrece a las comunidades una senda de déficit no vinculante del 2,2% para el próximo año

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha ofrecido a las comunidades autónomas una senda de déficit no vinculante del 2,2% del PIB para el año que viene. Tal y como ha adelantado EL MUNDO, la también portavoz del Gobierno ha propuesto esta cifra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado este lunes. . Se trata de una tasa de referencia para que las regiones puedan elaborar sus presupuestos pero no de obligado cumplimiento, dado que el Gobierno ha suspendido todas las reglas fiscales para este año y el siguiente tras activar la cláusula de salvaguarda de la UE. Esto supone que «quedan sin efectos los objetivos de estabilidad y de deuda pública de 2020 y 2021 y tampoco se aplicará la regla de gasto para esos ejercicios».

Montero ha explicado también a los consejeros su disposición a realizar transferencias a las comunidades en 2021 equivalentes a la mitad del déficit de referencia y que el objetivo quede en el 1,1%, pero ha quedado abierto. Los consejeros autonómicos de Hacienda han optado por estudiar la oferta.

La señala cifra del 2,2% «no es una cifra al alzar». «Sale de sumar», ha desarrollado la ministra, «el porcentaje del déficit que pueden desviarse las comunidades autónomas en este año, que según los datos podría ser del 0,5% o 0,6%. También recoge el fondo Covid, que representa el 1,4%, y el 0,2% del PIB de menor financiación global que arroja el sistema de financiación». Y en caso de que las regiones la superen no habrá ningún tipo de sanción, aunque Montero ha apelado a la responsabilidad de las administraciones, algo que ya hizo la semana pasada cuando anunció la activación de la cláusula de salvaguarda.

Asimismo, la ministra ha detallado que las comunidades recibieron este año 115.662 millones del sistema de financiación, a lo que hay que sumar los 16.000 millones del fondo Covid y otros 2.000 que proporcionaba el objetivo de déficit del 0,2%. En total, 133.873 millones de euros.

Y para el próximo ejercicio, los recursos del sistema de financiación serán de 113.729 millones. Además, la regiones recibirán una transferencia extraordinaria en torno a 13.400 millones y el margen de déficit de referencia del 1,1% supone en torno a 13.270 millones en caso de que finalmente acepten esta propuesta que Hacienda sin embargo ya suma. «Potencialmente, las comunidades podrían recibir en torno a 140.400 millones de euros«, explican desde el Ministerio.

En la reunión, Montero también ha trasladado que España recibirá «del REACT-EU una preasignación de 12.436 millones de euros». «Se trata un fondo concebido para, de un lado, paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, lograr la reactivación de los sectores afectados y reforzar el sistema sanitario», y de esta cantidad, «10.000 millones corresponden a las comunidades autónomas y 2.436 millones pasarán a formar parte del presupuesto del Ministerio de Sanidad».

Techo de gasto

A la reunión del Consejo de Política Fiscal, que llevaba sin producirse desde febrero, le seguirá la aprobación del techo de gasto y la actualización del cuadro macroeconómico como parte de la elaboración y tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En sus nuevas estimaciones, el Gobierno previsiblemente empeorará su previsión de crecimiento, con un desplome proyectado que superará el 10%. Hasta ahora, el dato oficial era del 9,2%.

La ministra ha explicado a puerta cerrada que el trámite parlamentario podrá ser despachado con una declaración del Gobierno explicando que la pandemia justifica la suspensión de las reglas fiscales. Para suspenderlas basta la aprobación del Consejo de Ministros, según un informe de la Abogacía del Estado del que Montero dice disponer.

En esas cuentas, el Gobierno prevé incluir diferentes medidas fiscales que podrían incluir incrementos en el IVA. Montero y Nacho Álvarez, responsable de Economía de Podemos, han trabajado a partir de las recomendaciones elaboradas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo recomienda acaba de manera paulatina con los tipos reducidos y superreducidos, además de reformar de manera integral la fiscalidad de los planes de pensiones ya que los considera «regresivos».

Lo que la AIReF no recomienda, en cambio, es acabar con la exención de la que gozan la educación y sanidad privadas, algo que también está barajando el Gobierno.»La evaluación muestra un resultado no concluyente ya que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público», apunta la AIReF en el análisis que hizo de los beneficios fiscales.