Zarzuela no ha incluido en la agenda del Rey un ningún acto específico para celebrar hoy los seis años desde la proclamación en Cortes el 19 de junio de 2014, una fecha que parece haber tenido lugar hace más bien seis lustros.
Los Reyes asistirán por la mañana a un acto con los más vulnerables en un municipio del norte de Madrid y a un evento cultural junto a la Princesa de Asturias y a la Infanta Doña Sofía en la capital. La razón de que no haya una celebración específica no es que no haya nada que celebrar sino la costumbre no escrita de limitar las conmemoraciones a los aniversarios múltiplos de cinco.
Poco puede sorprender que el sexto aniversario haya coincidido con un momento marcado por la tensión porque lo cierto es que, desde que subió al trono, Felipe VI no ha tenido apenas un momento de respiro, de manera que en Zarzuela el perpetuo estado de presión se vive ya con completa naturalidad. Sin embargo, desde diversos sectores cercanos tradicionalmente a la Corona –políticos, jurídicos, financieros y académicos– se contempla con creciente preocupación la insistencia de los ataques hacia la más alta magistratura del Estado y se echa de menos una acción más decidida y coordinada, organizada en torno a una estrategia definida y clara a largo plazo, para defender el pacto constitucional de los que se declaran sin tapujos empeñados en superarlo.
Más allá de las retóricas incendiadas de lo que estas voces denominan «la izquierda dura de siempre» está el hecho significativo de que todo un ministro de Justicia hable de «crisis constituyente» Cortes y el impacto simbólico de la imagen de la salida del retrato de Don Juan Carlos en el parlamento navarro.
Al ser preguntadas al respecto, las fuentes consultadas quitan importancia a las primeras –aunque sean explícitas llamadas al exilio borbónico pronunciadas por un miembro de la Mesa del Congreso como Gerardo Pisarello– pero consideran altamente preocupantes las segundas incluso sabiendo que varios miembros del Gabinete de Sánchez hayan corregido a Campo: «Todo hace pensar que puede producirse un ataque frontal en cualquier momento». En definitiva, el sentimiento generalizado es que no se ha aprendido ninguna lección práctica del precedente en Cataluña, y que no se está haciendo lo suficiente para proteger, no ya a la Monarquía, sino al orden constitucional en su conjunto.
Ciertamente la lista de encrucijadas que ha tenido que sortear la Corona en estos seis años no puede dejar indiferente. Durante las casi cuatro décadas que duró el reinado de Don Juan Carlos –descontando la etapa de la Transición propiamente dicha– se produjo una alternancia de poder entre dos fuerzas políticas hegemónicas, pero el equipo de que rodea a Felipe VI en Zarzuela ha tenido que desarrollar su trabajo, desde el primer momento, con un sistema de partidos fracturado que ha derivado en dos largos periodos en los que el Ejecutivo estuvo en funciones y en los que se sucedían las rondas de consultas sin que pudiera llegar a formarse Gobierno.
En mitad de este periodo hubo que hacer frente a una crisis de Estado sin precedentes tras la Transición: el desafío independentistas en Cataluña, donde la intervención de Don Felipe fue esencial para unir a todos los constitucionalistas y constituyó de hecho el punto de inflexión para que las aguas empezaran a volver a su cauce.
Internamente han existido dos polémicas de largo recorrido que han sido aprovechadas insistentemente para debilitar a la Institución. En una primera etapa fue el Caso Noos y la condena de Iñaki Urdangarín y, más recientemente, la decisión de la Fiscalía del Supremo de encargarse de la investigación del supuesto cobro de comisiones por la concesión a empresas españolas de la construcción de la línea férrea de alta velocidad entre Medina y Meca en Arabia Saudí.
En ambos casos la actitud de Felipe VI ha venido dictada por el compromiso de transparencia y de ejemplaridad que asumió ante todos los españoles precisamente tal día como hace seis años en su proclamación como Rey en el Congreso de los Diputados. En el primero de los casos el Rey decidió personalmente retirarle el título de Duquesa de Palma de Mallorca a su hermana la Infanta Doña Cristina. En el segundo, el pasado 15 de marzo, Felipe VI renunció a la herencia que le pudiera corresponder de Don Juan Carlos y le retiró la asignación anual de 195.000 euros que cobraba con cargo a los presupuestos del Estado.
Sin embargo el consenso es amplio en referencia a que el mayor de los retos es el que constituye la entrada en el Gobierno de Podemos y la dependencia del Gobierno del apoyo que independentistas e extrema izquierda le otorgan. «La Historia de España en el siglo XX, y la Historia en general, ilustra el axioma de que en periodos turbulentos la izquierdas radicales ahogan y superan siempre a las izquierdas moderadas», comenta en referencia a este punto una de las fuentes consultadas en una reflexión que no invita precisamente a la tranquilidad.
Sea como fuere no todo es inquietud entre los que se preocupan por la Corona. Si esta institución es uno de los mayores activos de España, no cabe duda de que, a su vez, el gran activo de la Corona es precisamente quien la detenta –Felipe VI– cuyo desempeño a lo largo de estos seis años ha sido irreprochable y cuya preparación y experiencia es elogiada incluso por los que más la atacan.
