«Hemos llorado mucho. Hemos hecho lo indecible por nuestros mayores y dependientes, pero ustedes nos han abandonado en esta dramática situación». El grito de auxilio lo lanzó ayer en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso ante los diputados José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia. Este responsable de servicios sociales andaluz lo dijo con acidez, pero sin distinción política: «Todos ustedes», aseveró. El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), que agrupa a casi la mitad de las 5.400 residencias y geriátricos de toda España, Ignacio Fernández-Cid, lamentaba ayer en declaraciones a ABC que la denuncia por el infierno que han atravesado en los centros tenga que recobrar actualidad por una cruzada política en Madrid, porque, convenía con Ramírez, «nos han desamparado y dejado sin apoyos sanitarios en toda España».
Las instrucciones, continúa Fernández-Cid (como publicó este diario el pasado 28 de marzo), para administrar morfina para sedar a los ancianos con síntomas compatibles con Covid-19 en las residencias y no trasladarlos a los hospitales, en un contexto de colapso absoluto de sistemas hospitalarios como el madrileño, el catalán, el castellanoleonés y el castellano-manchego, por este orden, fueron generales: «Unas comunidades nos las dieron por escrito y otras, como Castilla-La Mancha, lo hicieron de forma verbal. No les iban a poder tratar, y como todo el mundo sabe, la mayoría de residencias no están medicalizadas. Se les dejó morir y fueron partidos de todos los colores. Tristemente la situación perjudicó más en función del grado de avance de la enfermedad y lo desbordados que estaban sus hospitales», añade.
«Lo que no puede generar esto es en una contienda política; el drama es nacional. Debemos subsanar los errores y prepararnos para una posible segunda ola» de la epidemia.
Fernández-Cid asiste «con vergüenza» a la desprotección institucional que aún se arrastra. «Todavía el personal se está pagando test de su bolsillo para regresar al trabajo», arguye.
«No cabía un enfermo más»
El 24 de marzo, cuando el Ministerio de Sanidad publica en el Boletín Oficial del Estado la orden por las que las autonomías asumen la gestión completa de las residencias públicas y privadas, contaban ya por cientos los muertos en residencias. Sin test ni material de protección, los responsables de las residencias afectadas afrontaron la pérdida de la mitad de su personal por infección y de muchos otros trabajadores por miedo a contraer la enfermedad. En Tomelloso (Ciudad Real), los residentes no podían desplazarse hasta su hospital de referencia, el de Alcázar de San Juan, porque «los enfermos saltaban ya por las ventanas», dicen en el pueblo gráficamente. No cabía uno más.
El 25 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid –a través de su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero– asume el definitivo protocolo de actuación para las residencias de ancianos, se contaban 1.065 muertos en Madrid. En residencias como la Reina Sofía, u Orpa, en Sanchinarro, más de medio centenar de ancianos habían fallecido por el patógeno. Sus familiares reclamaron «un poco de piedad» porque no se les había autorizado el traslado a un hospital para recibir tratamiento; esta situación se repetía en centros de todo el país. Y, sin solución, el virus devoraba decenas de geriátricos. «No hay transparencia todavía en el dato global de muertos en residencias, algo que parece increíble a estas alturas», se queja el presidente de la FED. Se cuantifican, al menos y de forma no oficial, 19.400 ancianos muertos en geriátricos de todo el país; 6.007 de ellos en la Comunidad de Madrid, la región más devastada por el SARS-CoV-2. Desde que se asumió el control en Madrid, 9.600 ancianos contagiados o con síntomas compatibles de Covid han sido trasladados de los geriátricos a los hospitales, aseguran fuentes de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo se autorizaban esos traslados Según el presidente de la Sociedad Científica de Geriatría y Gerontología (SEGG), José Augusto García Navarro, que trabaja en geriátricos y hospitales del área metropolitana de Barcelona, la situación de Madrid no era ajena a la que se vivía en Cataluña o en su comunidad natal, Castilla-La Mancha. Ante las quejas de familiares en Madrid, el pasado 21 de abril remitió una carta al Defensor del Pueblo en la que daba cuenta de cómo se procedía. Pese a que la orden estatal a las autonomías fue del 24 de marzo, el 14 acordó con la Consejería de Sanidad de Madrid un «circuito por el que un geriatra vehiculizaba los traslados». Dice la misiva que «se pactó un plan de actuación que recogía criterios de derivación a hospitales, incremento del soporte médico en las residencias (que antes de la crisis estaban limitadas y no podían ofrecer tratamientos tan básicos como oxigenoterapia o terapia intravenosa) y un geriatra consultor para valorar los traslados de las residencias a los hospitales de 8.00 a 22.00 horas, de lunes a domingo».
Sin embargo, Fernández-Cid dice que este sistema de coordinación con los geriatras de referencia en todos los centros «tampoco ha funcionado» y se han seguido aplicando, dice, criterios restrictivos a la hora de derivar a un paciente al hospital.
El hospital es un «dispositivo muy hostil»
La carta del doctor responde parte de esas objeciones. El presidente de la SEGGpide dotar a las residencias de equipos de protección y desaconseja los traslados en todos los casos. Se debe hospitalizar solo a «aquellas personas que tengan los objetivos de tratamiento en el hospital muy claros y definidos por un especialista en geriatría consultor, un punto que es muy importante porque la situación que han vivido y viven aún los hospitales les hacen ser un dispositivo muy hostil para el tratamiento de las personas dependientes y con alta carga de enfermedad que viven en residencias de mayores».
También hay que «valorar el potencial beneficio de hospitalizar a estas personas antes de su traslado». El médico remacha: «Afirmamos de forma categórica que no se ha negado ningún ingreso hospitalario a ninguna persona de residencia de mayores sin una valoración previa del beneficio y del riesgo. Es decir, siempre se ha valorado si el tratamiento que necesitaba la persona afectada era mejor dispensarlo en el hospital, en el domicilio del anciano o en la residencia».
