La Abogacía del Estado arremete contra la juez del 8-M por abrir una «causa general» y «prospectiva» contra el Gobierno

La Abogacía del Estado sale en defensa del Gobierno en la causa penal donde se investiga si se cometió un delito de prevaricación por parte del máximo responsable de su órgano delegado en Madrid, José Manuel Franco, al autorizar la convocatoria de la manifestación del 8-M en plena expansión del coronavirus.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EL MUNDO, firmado por Rosa María Seonae, la abogada del Estado del procés tras la destitución de Edmundo Bal, se califica la investigación de la instructora de Plaza de Castilla (Madrid), Carmen Rodríguez-Medel, como una «causa general», «prospectiva», donde se «vulneran las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma» con el fin de recabar indicios contra el Ejecutivo. Asimismo, la abogada del Estado carga contra la juez por iniciar un proceso penal, «ante la falta de indicios» de delito, en base a «sospechas» e «hipótesis».

Los servicios jurídicos del Gobierno sostienen que la magistrada ha abierto esa «causa general» contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez desbordando incluso su «ámbito competencial». «La instructora en su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados, desborda el ámbito competencial que ella misma ha acotado previamente para delimitar su competencia y solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación de la Delegación del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria«, subraya Rosa María Seoane.

«INDEFENSIÓN» A FRANCO

La Abogacía del Estado cree además que la incoación de las diligencias previas por la convocatoria del 8-M es «injustificada» y que «el acuerdo de practicar diligencias de investigación sin que hubiera urgencia alguna» durante el estado de emergencia genera «indefensión» al delegado del Gobierno en Madrid, que deberá declarar ante la juez Rodríguez-Medel el 5 de junio como imputado. Seoane subraya que si las actuaciones «no son urgentes, como así lo declara la propia instructora, no se debieron haber abierto las diligencias previas y acordado diligencias de instrucción en una situación excepcional que dificulta en gran manera la defensa del denunciado cuya conducta se está investigando».

«Lo que evidencia el contenido del informe que se encarga al forense y la policía judicial es que de los hechos denunciados no se desprende ninguno de los elementos típicos» de los delitos de prevaricación o lesiones imprudentes que la instructora identifica como «posiblemente cometidos para acordar el inicio del proceso penal».

Además, la Abogacía del Estado sostiene que hasta el 14 de marzo es «manifiesto» y «notorio» que «no había resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas».

El avance del informe forense entregado al Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid aludía al «seguro» contagio que supuso la celebración del 8-M en la capital. Por su parte, el atestado de la Guardia Civil que ha provocado el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del Ministerio de Interior sostiene que el Ejecutivo contaba con informes que alertaban del riesgo de aglomeraciones en los días previos al 8 de Marzo.