VOX ha interpuesto ante la Justicia una querella criminal contra Alfonso Jiménez Palacios, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia, y Paloma Rosado, de la dirección general de Racionalización y Centralización de la Contratación, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos, y fraude. Esta formación destaca que a raíz de la aprobación del real decreto ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del coronavirus, se han celebrado una serie de contratos, “de la forma más irregular, puesto que no se justifica la contratación deficiente, irregular e injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector, y sin la publicidad oportuna”.
Vox recuerda en un comunicado que “justificada por los motivos de urgencia, la regulación aplicable rebaja las exigencias de la contratación en régimen ordinario, pero no las elimina, ni mucho menos permite que se puedan realizar contratos de forma arbitraria o sin seguir las normas mínimas que imponen criterios de seguridad en la contratación, pudiendo incurrir en ilícitos penales”. La formación de Santiago Abascal alude a los 56 contratos que, según sus datos, ha sellado Ingesa, “muchos de ellos con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización”. Según sus datos, “entre el 13 de marzo y el 30 de abril se han realizado compras sanitarias por un valor que supera los 310 millones de euros”. Vox subraya además “doce contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato, y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados”.
VOX solicita a la Justicia que “proceda al interrogatorio de los querellados y que se identifique a las personas que han intervenido en esos procesos, a través de la solicitud de todos los contratos firmados, referentes a las doce contrataciones; albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación; justificantes de pagos; documentos de AENA que acrediten el registro de vuelos; registro de carga y mercancía, y plan de vuelo, de los expresados en la adjudicación Covid 20 y Covid 26”, así como “que se aporten los documentos aduaneros de la carga”.
