El encargo está hecho. Las capitales europeas pidieron este jueves a la Comisión Europea una nueva propuesta para que el nuevo marco presupuestario 2021-27 se convierta en la herramienta clave para la recuperación económica de los países más castigados por la pandemia. Pero las cancillerías siguen discrepando sobre si los socios beneficiados dispondrán de transferencias a fondo perdido para evitar el endeudamiento, tal y como exige el Sur, o préstamos reembolsables, tal y como pide el Norte. La fractura sigue abierta, pero los ánimos parecen más calmados que hace unas semanas.
Ahora es la Comisión Europea la que tiene que poner el cascabel al gato. Al término del encuentro, su presidenta, Ursula von der Leyen, se limitó a apostar por un «equilibro sólido» entre préstamos y transferencias, a medio camino entre los dos bandos, sin querer dar más detalles. Las negociaciones continúan y nadie parece aventurar cuándo estará disponible el dinero. Se espera la convocatoria, antes del 6 de mayo, de una nueva cumbre para estudiar la próxima propuesta del ejecutivo comunitario.
Se ha repetido una nueva lucha párrafo a párrafo, palabra a palabra, casi coma a coma. La bofetada de realidad llegó con la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo a puerta cerrada. Según fuentes diplomáticas, Christine Lagarde alertó de una contracción de la economía europea de entre el 9% y el 15%, e hizo un llamamiento a los líderes de la UE para no actuar «demasiado poco y demasiado tarde».
La utilización del presupuesto europeo para nutrir un fondo específico de recuperación responde a las líneas rojas de la canciller alemana, Angela Merkel, ya que no supone la creación de un nuevo mecanismo, lo que complicaría la luz verde en el Bundestag. «Estamos dispuestos, en el espíritu de solidaridad y de forma temporal, en los próximos dos años, a hacer contribuciones significativamente mayores al presupuesto comunitario», declaró horas antes en el Parlamento de su país, para después volver a mostrar su rechazo insobornable a la emisión de deuda conjunta con los «coronabonos».
Muerte de los coronabonos
Ante el sarpullido que provoca este vocablo no solo en Berlín sino también en La Haya, el encuentro de este jueves parece suponer la muerte definitiva del concepto, sin posibilidad de resurrección. La señal más evidente llegó con las declaraciones antes de la cumbre del ministro de Finanzas italiano, Roberto Gualtieri, al rotativo «Financial Times», en las que apoya sin ambages la propuesta española a favor de la denominada deuda perpetua emitida a través de un fondo común o, en su defecto, la emisión a largo plazo. «Un fondo basado en bonos perpetuos sería la solución óptima. Como alternativa, está un fondo que preste con el vencimiento más largo posible. Hay una amplia demanda en los mercados para este tipo de instrumento. Esto también ayudaría a la estabilidad financiera y fomentaría la unión de los mercados de capitales», sostenía Gualtieri.
España plantea que este fondo de hasta 1,5 billones de euros apoyado en el marco financiero 2021-27 emita deuda perpetua –de manera mancomunada aunque no mutualizada– gracias a la triple A asociada a las instituciones europeas. Los países más afectados recibirían dinero para estas inversiones pero no a través de préstamos pendientes de devolución –con el consiguiente endeudamiento–,sino en transferencias directas cuyo reembolso solo sería necesario en el caso de los intereses, no el principal. Estos intereses serían sufragados con impuestos europeos como una tasa a los plásticos o al carbono. Y España cuenta con el apoyo de Francia. En una declaración retransmitida por el Elíseo tras la cumbre, Emmanuel Macron defendió la necesidad de «transferencias presupuestarias reales, económicas, no simplemente préstamos, con reglas que deberán estar muy claras» y ser aceptadas por todos.
Exigencias españolas
La Comisión llegó a la reunión con su propia propuesta, que también podría movilizar entre 1,5 y 2 billones de euros a través del apalancamiento de los fondos del marco presupuestario, pero divide estas inversiones entre transferencias a fondo perdido y préstamos y se decanta por bonos de larga duración, en vez de perpetuos. Es aquí donde reside el gran campo de batalla entre las capitales, ya que, según fuentes diplomáticas, la idea española de deuda perpetua y transferencias a fondo perdido es un sapo difícil de tragar para los halcones del Norte.
Fuentes españolas definen la postura de nuestro país como «no dogmática», ya que viene redactada en lo que en la jerga comunitaria se conoce como un «non-paper». Un documento que no tiene valor legislativo pero sí político, ya que supone el intento de marcar el rumbo del debate. Nuestro país tiene varios requisitos a la hora de dar su bendición ante este eventual Plan Marshall redactado por el ejecutivo comunitario: dimensiones suficientes para hacer frente a la situación; rápidamente ejecutable porque esté disponible lo antes posible y con una «dinámica propia» que permita realizar las inversiones necesarias para los países más afectados.
Además, los líderes europeos dieron luz verde al acuerdo alcanzado por los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete el pasado 9 de abril que supone la movilización de hasta 540.000 millones de euros en préstamos disponibles para ciudadanos, empresas y Estados. En caso de los 240.000 millones dentro del fondo de rescate europeo no se exigirán condiciones macroeconómica para el país que lo solicite siempre y cuando este dinero se utilice para el gasto sanitario.
