El reparto de mascarillas en el transporte público puesto marcha ayer por el Gobierno ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los sindicatos Jupol y Jucil de Policía Nacional y Guardia Civil respectivamente, denuncian en un comunicado conjunto la nueva vuelta del tuerca del Ejecutivo para usar “a su antojo y para sus beneficios personales» a las fuerzas de Seguridad del Estado.
“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha escondido nunca su poca consideración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y mucho menos, si nos referimos a su socio de Gobierno, el señor Pablo Iglesias de Unidas Podemos, pero desde JUPOL, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional y desde JUCIL, Asociación Profesional de la Guardia Civil, nunca nos imaginábamos que el desprecio iba a llegar tan lejos”. Así arranca el comunicado en el que denuncian que el Ejecutivo les ha relegado a hacer funciones de recaderos al tener que “repartir mascarillas a los ciudadanos como si de publicidad se tratasen” y denuncian que no son más que un “panfleto propagandístico, una papeleta electoral” que nada tienen que ver con la protección frente al Coronavirus.
Asimismo, denuncian en el texto -al que ha tenido acceso La Razón- que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta a los representantes de los policías y acusan a Pedro Sánchez de poner a disposición de sus intereses a 64.510 policías nacionales y 78.000 guardias civiles «convirtiendo a una de las instituciones policiales más valorada y mejor preparada de Europa en un auténtico ejército de apoderados al servicio de los intereses espurios de los partidos políticos que forman este Gobierno”.
Un riesgo añadido
Las fuerzas de Seguridad de Estado consideran que esta medida demuestra una vez más la grave irresponsabilidad del Ejecutivo por suponer “un riesgo añadido para todos los agentes que carecen en muchos casos de equipos de protección adecuados para desarrollar su trabajo con seguridad y que ahora se ven obligados a entrar en contacto con todos los ciudadanos para poder entregarles una mascarilla”.
En esta línea, insisten en denunciar que es absurdo que los propios agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil no dispongan de EPI´s para realizar su trabajo y que ahora el Estado “se gaste millones de euros en mascarillas para que los policías repartan a la gente, con el único propósito de lavar su imagen”.
Los sindicatos también critican con dureza al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska por rechazar la invitación de los farmacéuticos que ofrecieron su red de 22.000 establecimientos para distribuir las mascarillas y le exigen que las medidas de protección para las Fuerzas de Seguridad lleguen “antes de que tengamos que lamentar la muerte de más policías y guardias civiles”.
