El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros extraordinario que celebra diferentes fórmulas para restringir los despidos en España de manera temporal ante la situación extraordinaria en la que ha derivado la crisis del coronavirus.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recogido así la petición que le lanzaron públicamente ayer los sindicatos UGT y CCOO. En el lado contrario, los trabajadores autónomos no han visto atendida su petición para que sus obligaciones de pago de cuota a la Seguridad Social correspondientes al mes de marzo fueran anuladas.
Díaz no ha desglosado las medidas pero las ha resumido en que Trabajo no admitirá despidos asociados a la alarma decretada para frenar el coronavirus, sean por causas de fuerza mayor o económicas o productivas. .
La medida incluye a los trabajadores temporales, cuyos contratos serán renovados para que no se vean despedidos y, además, Trabajo ha advertido que revisará los ERTEs presentados hasta ahora para valorar si estaban realmente justificados. «Si hay fraude, los empresarios deberán devolver todas las ayudas en cotizaciones y pagar las prestaciones de desempleo», ha advertido.
Las consecuencias laborales por el decreto del estado de alarma y la paralización de la economía están desbordando el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que trabaja al límite de sus capacidades para atender la avalancha de solicitudes de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) lanzados por las empresas y los despidos de trabajadores con contratos temporales.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, denunciaron ayer que se han producido en torno a un millón de despidos individuales por la pandemia del Covid-19 y el cierre de actividades decretado en el estado de alarma y pidieron al Gobierno que los «dificultara» porque hay empresas que no están recurriendo a la alternativa de los ERTEs, que ya ha dejado suspendidos más de un millón de empleos. Estos últimos estarían cubiertos actualmente por un compromiso de las empresas que se acogen a la fórmula para no despedir durante seis meses. Pero no está claro si el compromiso incluye penalizaciones legales como la retirada de las ayudas a las empresas en forma de rebaja de cotizaciones, por ejemplo
Los líderes sindicales precisaron que plantean una moratoria a la italiana (el país alpino ha prohibido despedir durante dos meses); elevar la indemnización por despido a 45 días por año trabajado, con un mínimo equivalente a un salario mínimo interprofesional (SMI), y/o condicionar las ayudas y subvenciones que se han establecido para las empresas (por ejemplo los avales para proporcionarles liquidez) a que no despidan trabajadores.
Además, el SEPE ha limitado en una instrucción interna los importes máximos que pueden percibir los trabajadores acogidos a ERTEs, según ha adelantado el Heraldo de Aragón. Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado que el consejo de ministros también está valorando este límite, que sería de 1.098 para todos los trabajadores, con independencia de su situación familiar. De manera ordinaria, las prestaciones tienen en cuenta si el perceptor tiene hijos y si es familia numerosa. Los problemas de tramitación de altas que se están produciendo han llevado al organismo a activar las altas con ese tope y evitar los atascos que supondría la confirmación de cada perfil. Las familias con hijos y las familias numerosas deberán reclamar sus complementos, que serán abonados con posterioridad, indican fuentes no oficiales conocedoras del proceso.
Díaz ha confirmado posteriormente este extremo, asegurando que las prestaciones se pagarán puntualmente a partir del 10 de abril.
