Todo comenzó el pasado 10 de marzo. Cuatro días antes de decretar el estado de alarma. Hace apenas dos semanas. Fue entonces mediante un decreto ley cuando se abrió la puerta a la compra centralizada «cuando un medicamento, un producto sanitario o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento y para garantizar su mejor distribución».
Fue a partir de entonces cuando el Gobierno central empezó a realizar unas actuaciones que luego se vieron reforzadas con el mando único en virtud del estado de alarma. Desde los Gobiernos autonómicos se apunta a la falta de experiencia del Gobierno central y al hecho de haber comenzado demasiado tarde con el procedimiento centralizado como causas del problema. Unas complicaciones con las que también se han encontrado multitud de empresas que ya se habían anticipado a la hora de realizar estas compras.
Dos semanas después desde el inicio de ese modelo la fórmula ha fracasado. Aunque el Gobierno no quiere reconocerlo. Ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistió en que este sistema «no ha dificultado» ninguna compra de material y lo atribuyó a «bulos», que debe de ser como se llama ahora a las opiniones de los presidentes autonómicos que piensan distinto. El Gobierno exhibe el dato de haber comprado 5,8 millones de mascarillas para evitar la polémica.
Sin embargo, las regiones lo están manifestando con claridad. En público y en privado. Y no lo hacen solo las regiones gobernadas por el PP. Ayer mismo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicaba ayer en Radio Nacional que «había un principio de compras centralizadas, pero no ha funcionado», y que eso ha hecho que «las comunidades autónomas estemos buscándonos la vida». Lo cierto es que el anuncio de las compras centralizadas dejó a las regiones sin saber qué hacer. Alguna apunta claramente que «todas entendimos que no podíamos comprar» y que solo «cuando vimos que no llegaba el material nos pusimos a buscar».
El 19 de marzo ABC titulaba ya que la adquisición de mascarillas tensaba la relación entre el Gobierno central y las autonomías. Fuentes del ministerio de Sanidad ya apuntaron entonces algo que el ministro Illa ponía sobre la mesa horas después: que las regiones podían seguir comprando si así lo consideraban. Las regiones se han puesto a ello, y lo que ahora piden es que el material que compren permanezca en sus regiones. En el Gobierno, a este respecto, insisten en que el mando único habilita a tomar decisiones y que cuando Illa se refirió ayer a la «solidaridad» con Madrid se refería a un esfuerzo por parte de otras regiones en todo lo necesario.
Desde una presidencia autonómica partidaria de un sistema centralizado se considera que «no es sencillo competir con el propio Gobierno central», pero se estima que el Ejecutivo «ha tardado en rodarse en este campo y al menos al principio ha dificultado el trabajo». Sin embargo, sí defienden un modelo gestionado por el Estado en un momento que se compite contra grandes potencias y en un mercado muy tensionado: «Es más fácil competir para poder conseguir material».
Falta de rodaje
Desde una administración socialista también se constata que el modelo no ha funcionado porque el Ministerio de Sanidad «hace 20 años que no gestiona desde el terreno». Y apuntan a que «no tiene contacto con los proveedores habituales, ni mecanismos de trabajo engrasados, ni probablemente equipos suficientes para hacer un trabajo de esa magnitud». No se discute que para una emergencia que la opción centralizada puede ser la mejor, pero se apunta a no haber comenzado hasta el 10 de marzo como parte del problema: «En teoría era la mejor opción, en la práctica no ha funcionado».
Desde el PNV se apuntó ayer a la «centralización» como foco de todos los problemas: «Quizá si cada Comunidad Autónoma pudiera haber ido asumiendo esas tareas habría sido más eficaz toda la distribución», dijo ayer su presidente, Andoni Ortuzar. Desde el partido nacionalista protestan por la tardanza en recibir equipos de protección individual o los test rápidos, que no llegarán hasta finales de semana.
También en la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha optado por mover ficha para garantizar el suministro de material médico al margen del Gobierno central. Aunque ha agradecido el «esfuerzo» desde Madrid, ha reconocido que la disponibilidad era «insuficiente». El presidente socialista mantuvo negociaciones con empresarios chinos asentados en el territorio y anunció la operación «Ruta de la Seda», que destinaba 11 millones de euros para fletar dos aviones procedentes de China con mascarillas y equipos de protección individual. También desde Castilla-La Mancha resaltan que tras constatar retrasos «en su día decidimos actuar por nuestra cuenta». Subrayan que el ejecutivo regional se puso a trabajar «desde que empezó la crisis, no desde el decreto del día 14 de marzo, y hemos comprado más de un millón de mascarillas, 940.000 nosotros y 100.000 de Sanidad».
En la Junta de Castilla y León se apunta a los «problemas» de la compra centralizada por parte del Ministerio. Alfonso Fernández Mañueco tomó su propio camino. Ayer mismo un avión procedente de China aterrizó con seis toneladas de mascarillas, y que será el primero de varios envíos. En los últimos días «se ha podido aguantar», aseguran, gracias a la «ola de solidaridad» de particulares y empresas que han donado 270.000 mascarillas, y otros materiales tras la llamada realizada por la Junta hace casi dos semanas. Porque dicen que de la compra centralizada les llegó «un tercio» de lo que debía.
El sector privado
El sector privado reaccionó antes a la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Varias compañías del Ibex explican a este periódico que los primeros pedidos se produjeron durante las últimas semanas de febrero e inicialmente iban dirigidos a asegurar la salud de cada plantilla. Sin embargo, gran parte de ese material no se ha llegado a utilizar. Desde una compañía turística explican que las confiscaciones aduaneras han sido constantes en las últimas semanas, lo que ha provocado que de un pedido de 100.000 mascarillas apenas hayan llegado existencias.
«Pero no solo por parte de España, sino también por parte de países productores que han tratado de impedir la salida de este material sanitario con destino a nuestro país», destacan estas fuentes. En gran parte, esta circunstancia ha provocado que, pese a tomar medidas preventivas mucho antes que el Gobierno, las empresas también estén sufriendo ahora el desabastecimiento.
Muchas de las grandes empresas tienen fábricas o plantas en China, desde donde se les alertó de la importancia de atajar la epidemia de Covid-19, al igual que el Gobierno debió recibir sus informes. Pero es evidente que el sector privado reaccionó antes y con más diligencia. Algunas requisas de material han dado una imagen confusa de la gestión gubernamental, pero ahora se celebra que los responsables de gestionar la crisis han establecido un diálogo con el sector privado y la coordinación está comenzando a producirse.
