Los Departamentos de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón han establecido un nuevo protocolo de actuación para rearmar su estructura ante la crisis del covid-19. Dado el vertiginoso avance de la enfermedad en personas mayores, y la alta vulnerabilidad al contagio que estas presentan dentro de sus centros asistenciales, se ha tomado la determinación de habilitar tres centros especiales –uno por provincia- para ubicar a aquellos residentes con vínculo epidemiológico, sospecha o diagnóstico positivo en coronavirus, pero que no precisen de hospitalización. También acogerán a personas recién dadas de alta que requieran observación antes de volver a sus residencias. A estos centros podría derivarse también a personas que vivan en residencias de discapacitados, den positivo y no –por las características de sus centros- no puedan ser atendido en ellos con los requerimientos fijados. Está previsto que la próxima semana el ejecutivo autonómico dé a conocer el nombre de estos centros, detallando además su capacidad espacial real para albergar pacientes.
La consejera de Servicios Sociales, María Victoria Broto, ha aclarado que, por un lado, la medida viene a garantizar con mayor eficacia la contención del virus en las residencias de mayores, pues son ahora mismo los lugares con más riesgo de contagio. Paralelamente, también vendrá a reforzarse la atención de quienes estén ya infectados, pues contarán con un servicio sanitario y de servicios sociales permanente. La consejera ha confirmado que el departamento está ya contratando personal cualificado para ello. Ha aclarado también que seguirá siendo competencia de Salud Pública el procedimiento de los ingresos, así como también la decisión de cuándo un paciente podrá volver a su respectiva residencia. En cualquier caso, Broto ha asegurado que cada uno de los ingresos será pacta con las propias familias, quienes recibirán actualización del estado de su mayor en todo momento.
A falta de decretar los protocolos oficiales, Broto ha explicado que el retorno al centro asistencial se efectuará en el momento en que la persona en cuestión haya cumplido sus 14 días de ingreso desde que se le detectaran los síntomas, más otras 48 horas adicionales después de que se haya confirmado en el test su resultado negativo. Solo entonces, y tan solo si lo confirma salud pública, podrá iniciarse el trámite de reingreso.
Broto ha recordado además que se trata de una medida que va a poder implementarse gracias a la inyección en las arcas aragonesas de casi diez millones de euros a la que ha dado luz verde el gobierno de España, tras habilitar un total de 300 millones a repartir entre Comunidades para atender a colectivos vulnerables. A este paquete de ayudas se sumará la llegada de más material y equipación de protección individual -los llamados EPI- para que el personal sanitario y de los servicios sociales pueda desarrollar su trabajo con mayor seguridad.
La consejera, asimismo, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todas aquellas familias que en este preciso instante tengan a algún mayor en residencia, y a las que se les ha privado -por causa de fuerza mayor- la posibilidad de ir a visitarlo: “Vamos a cuidarlos como si fueran de nuestra propia familia”, ha dicho Broto, destacando, además, la “maravillosa y admirable” labor que está desempeñando cada uno de los trabajadores de los servicios sociales de Aragón.
A estas palabras de agradecimiento ha querido sumarse el propio director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, quien ha confesado sentir una “profunda admiración” por su plantilla. Una plantilla de más de 3.000 funcionarios que, de ahora en adelante, se podrá a disposición de las necesidades de la ciudadanía más vulnerable –en referencia a los mayores- quienes, actualmente, no solo deben hacer frente a la amenaza de un virus letal para ellos, sino que también deben encarar el desconcierto de la “soledad” dentro de su propia casa.
