La Administración de Estados Unidos enseña ya los dientes a España, pese a que la llamada Tasa Google aprobada por el Gobierno es por ahora sólo un proyecto de ley sin intención de recaudar hasta fin de año. «Si finalmente la impone, EEUU tomará todas las medidas apropiadas para defender nuestros intereses», asegura a EL MUNDO un portavoz oficial de la Embajada de EEUU en Madrid preguntado por el acuerdo del Consejo de Ministros.
No precisa cuáles serían, pero el presidente Donald Trump ya estableció aranceles del 100% ante un intento similar de Francia que castigaba en el mercado estadounidense a los productos estelares galos, desde el vino a bienes de lujo.
El embajador de EEUU en España, Duke Buchan, es amigo personal de Trump y ha mantenido diversos encuentros con miembros del Gobierno en contra de la Tasa Google, pero sin llegar a evitar la aprobación el pasado martes del llamado Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que aún llevará una larga tramitación en Las Cortes. Pero la advertencia de EEUU al Gobierno y los diputados es clara: si terminan aprobándolo sin esperar a un acuerdo internacional como el que se está negociando entre EEUU y principales países industrializados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), habrá sanciones comerciales a la exportación española, que es vital que no se agrave la actual desaceleración económica del país.
El portavoz de la Embajada señala que «EEUU rechaza impuestos unilaterales sobre los servicios digitales» y que esta posición es la misma para todos los países que están poniendo en marcha el impuesto sobre los gigantes tecnológicos estadounidenses. Matiza que la Administración del presidente Donald Trump no se opone a que estos emporios paguen más impuestos, pero sí a que se extienda una fiscalidad a la carta contra ellos en diferentes países teóricamente aliados de Washington. «Seguimos comprometidos con el proceso en la OCDE para alcanzar un consenso sobre las nuevas reglas de fiscalidad internacional y apoyamos los esfuerzos para alcanzar una solución multilateral». El objetivo es «una solución de consenso que garantice que todas las empresas pagan unos tipos impositivos justos».
El problema, en su opinión, son iniciativas como la del Gobierno español. «Mientras estamos afrontando importantes y complejos temas en la OCDE, estamos viendo lamentablemente la tendencia perturbadora de algunos gobiernos de politizar el asunto. Y es especialmente clara en el establecimiento unilateral del impuesto sobre servicios digitales».
Las consecuencias, según la Embajada, son en primer lugar de «perjuicio a los consumidores, porque las compañías afectadas pueden repercutir el impuesto a los usuarios». También «frenar la innovación y el crecimiento económico mundial por unas obligaciones fiscales incoherentes y redundantes»; y, finalmente, «complicar el ambiente de búsqueda de consenso mundial para unas nuevas reglas en la OCDE».
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha asegurado, tras hablar con su homólogo francés, Bruno Le Maire, que el objetivo es recaudar el nuevo impuesto a final de año para dar tiempo precisamente a la OCDE a alcanzar un acuerdo, pero la Embajada ve ya negativo que se ponga en marcha la legislación para el nuevo impuesto, porque perjudica a la negociación.
El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, incidió precisamente este miércoles en que el Gobierno debió esperar a un acuerdo internacional. Bonet, que recibió al Rey Felipe VI en un pleno extraordinaria de la institución cameral, pidió no «desalentar» a las empresas con impuestos «excesivos» y, al contrario, animar a la digitalización.
Por su parte, las patronales empresariales españolas también rechazan la iniciativa fiscal. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), emitieron un comunicado en contra de los proyectos de Ley sobre los impuestos a determinados servicios digitales y a las transacciones financieras.
En lo que se refiere al impuesto digital para que grandes compañías tributen en el mercado español, CEOE y Cepyme consideran que «debe abordarse de forma armonizada desde la UE para evitar que afecte a la competitividad de España».
«Advertimos también de la necesidad de que, en todo caso, se evite que acabe afectando a empresas españolas que ya pagan impuestos y que se encontrarían en una situación de doble imposición», añadieron.
En cuanto al impuesto a las transacciones financieras, «castiga de forma clara a las empresas españolas que operan en mercados regulados dentro del país». Y advierten: «Puede acabar expulsando muchas inversiones hacia otros países o hacia mercados no regulados».
El grupo español Repsol se encuentra «en contacto diario con EEUU» para que conozca de primera mano su actividad en Venezuela y evitar malentendidos. Así lo aseguran fuentes conocedoras de la actuación de la petrolera, que no quiere abandonar sus importantes intereses en el país caribeño, pero tampoco desafiar la política estadounidense con el régimen de Nicolás Maduro. La compañía que preside Antonio Brufau sostiene que cumple en todo momento la legalidad vigente en su actividad en Venezuela de modo que continúa operando e intentando recuperar la deuda contraída en ese país. El Gobierno de Maduro paga mediante entregas de petróleo a Repsol.
Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, eludió comentar sobre la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones a Repsol por sus intereses en Venezuela, aunque aseguró que confía en que se aborden «todas las cuestiones que España quiera poner sobre la mesa». El encargado del Departamento de Estado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó el pasado martes que es posible que las actividades de Repsol tengan que cambiar tras la decisión de Washington de imponer sanciones a la filial de la petrolera rusa en Venezuela, Rosneft Trading, por ayudar a este país latinoamericano en el comercio internacional de crudo. «Tendremos conversaciones, sin duda, más conversaciones con responsables españoles y con Repsol, y esperaríamos, conforme avanzamos, que algunas actividades de Repsol tengan que cambiar, y eso sería también cierto para otras compañías petroleras extranjeras en Venezuela».
