El Gobierno de Aragón aplicará lo que queda de la Ley de Actualización de Derechos Históricos, tras los 23 artículos que tumbó el Tribunal Constitucional. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha confirmado que seguirá en vigor la norma, con apenas una decena de artículos, en respuesta al líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, durante la sesión de control al Gobierno en las Cortes.
Lambán ha recordado que fue Chunta Aragonista la formación que, a través de una proposición de ley, impulso la polémica norma. Y ha reiterado su convicción de que «la historia no da derechos», sino que «los derechos los da la Constitución». Se ha referido, con ello, a uno de los aspectos que el Tribunal Constitucional ha tumbado, que se refería a que prevalecían los derechos históricos sobre la Constitución y que emanaban del pueblo aragonés.
Sí ha recordado el presidente que la posibilidad de que Aragón actualice sus derechos históricos, atendiendo a la disposición primera de la Carta Magna, que dicta que «la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales», tal y como se recoge en la disposición tercera del Estatuto: «La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución». En este sentido, Lambán ha recordado a Beamonte que su partido votó a favor del Estatuto de Autonomía que está en vigor. También ha resaltado que «no es admisible «que se reconozcan los derechos históricos de Navarra y País Vasco y no los de «Aragón».
Beamonte, por su parte, ha reprochado al barón socialista una ley que era «innecesaria» que, en su opinión, «cuestionaba los pilares de derecho del Estado».
Inversión en los presupuestos del Estado
Lambán ha anunciado también, en respuesta al portavoz de Cs en las Cortes, Daniel Pérez Calvo, que exigirá que se cumpla el Estatuto de Aragón en los presupuestos del Estado, y que en el reparto de la inversión se aplique el porcentaje que le correspondería por territorio (un 10%) en lugar del que se ajusta a la población (3%). El barón socialista ha justificado su petición en el pacto de investidura suscrito entre Pedro Sánchez y Compromís, para destinar a la Comunidad Valenciana el 10% incluido en su Estatuto. De ahí su insistencia en que se reúna con urgencia la comisión mixta económica-financiera que prevé el artículo 109 de Estatuto de Aragón.
Pérez Calvo se había mostrado preocupado por la incidencia que podría tener en la inversión del Estado en Huesca y en Zaragoza los compromisos de Sánchez con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.
