Los vaivenes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha demostrado con motivo de la visita de Juan Guaidó a España y el polémico encuentro del ministro de Transportes con la número dos del régimen de Nicolás Maduro han sumido a Moncloa en su primera crisis de la legislatura. A los continuos cambios de versión sobre el «caso Ábalos» ha sumado una suerte de rectificación en la posición oficial de España en torno a la crisis política y la emergencia social que atraviesa Venezuela. Ha pasado de reconocer sin fisuras, en febrero de 2019, a Guaidó como presidente encargado del país suramericano a otorgar, este pasado fin de semana, un perfil bajo a la visita a Madrid de este dirigente opositor al chavismo.
Se trata de una modulación en el discurso del PSOE respecto a Venezuela que se ha venido cocinando en los últimos meses y que tuvo un punto de inflexión en las conversaciones que los de Pedro Sánchez y los de Pablo Iglesias abrieron tras las elecciones del 10-N para conformar el Gobierno de coalición. Fuentes de la negociación aseguran que socialistas y morados optaron por sacar del acuerdo aquellos puntos en los que no existía un consenso o, al menos, una posibilidad de llegar a una posición intermedia. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, reconoció la semana pasada que un ejemplo de ello fue la futura reforma del Código Penal: sin consenso, no se abordó esta cuestión y será ahora cuando ambos partidos traten de dar forma a una posición común –respecto a la revisión del delito de sedición, el consentimiento en los delitos sexuales y los ataques contra el medio ambiente– para poder registrarla en el Congreso como proyecto de ley. Sobre Venezuela, insisten esas fuentes, tampoco fue posible llegar a un acuerdo. No era ni mucho menos fácil ya que si el propio Sánchez fue en 2019 uno de los primeros mandatarios internacionales en reconocer a Guaidó como presidente encargado, las direcciones de Podemos y de Izquierda Unida calificaron entonces su nombramiento como un «golpe de Estado». Durante las semanas en las que, en paralelo a la negociación con ERC, intercambiaron documentos, no hubo avances respecto al apartado de política internacional reservado a los países de América del Sur. Finalmente, el documento no incluyó ni el reconocimiento expreso a Guaidó como presidente encargado ni siquiera una mención al impulso de la democracia en Venezuela.
De esta forma, con este documento que Sánchez e Iglesias presentaron ante los medios el 30 de diciembre, el PSOE confirmaba su cambio de discurso sobre Venezuela. Muy lejos quedaban ya las intenciones que Sánchez anticipó en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las primeras elecciones generales de 2019, las celebradas el 28 de abril. En aquel documento, el por entonces candidato Sánchez recordaba haberse lanzado casi en solitario en el reconocimiento a Guaidó: «España ha liderado a la Unión Europea respecto a la crisis venezolana, tanto en el reconocimiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como con la creación de un Grupo Internacional de Contacto para apoyar la convocatoria de elecciones presidenciales libres, justas y democráticas, así como la efectividad de la ayuda humanitaria». Entre sus objetivos para América del Sur y, en concreto, para Venezuela, el programa electoral del PSOE de cara al 28-A dejaba clara su condena al régimen de Maduro y su apoyo a la oposición democrática: «Prestaremos especial atención a las relaciones con Cuba y con países en clara deriva autoritaria como Nicaragua y Venezuela, propiciando un proceso pacífico para restablecer las instituciones democráticas en esos países, que comience por la liberación de los presos políticos, el respeto por los derechos civiles, sociales y políticos y el cese del hostigamiento contra la oposición democrática».
Sánchez ganó las elecciones el 28-A pero fue incapaz de sacar adelante su investidura. Los españoles se vieron obligados a acudir de nuevo a las urnas el 10 de noviembre y el PSOE, en esta nueva cita electoral, eliminó de su programa el reconocimiento a Guaidó, la mención a los presos políticos del chavismo y la situación de «hostigamiento» a la que se ven sometidos los opositores a Nicolás Maduro. Sin mencionar a Venezuela, el programa electoral socialista sí incluyó en noviembre una referencia a la necesidad de apoyar los procesos de democratización en la región: «Contribuiremos a reforzar las relaciones entre la UE y los países de América Latina y el Caribe, apoyando la mejora de sus instituciones democráticas y los procesos de integración en la región, así como el pleno cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030».
Fue tras aquellas elecciones cuando el PSOE y Podemos, dos días después de conocerse los resultados, anunciaron su acuerdo para dar forma a una coalición. El 30 de diciembre, una vez que el PSOE se aseguró tener los apoyos necesarios para superar la investidura, Sánchez e Iglesias presentaron el acuerdo programático redactado entre los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos. Un documento que obvia el apoyo a «la mejora de las instituciones democráticas» de estados como el venezolano y se limita a reconocer que el futuro Gobierno «contribuirá a reforzar las relaciones entre la UE y los países de América Latina y el Caribe, en los planos económico, social, político y cultural, y estableceremos nuevas relaciones con las potencias emergentes de Asia».
