Azcón pacta con Hacienda reducir en 62 millones el impacto del tranvía en la deuda municipal

Después de varios años de polémica y una negociación que se ha prolongado desde el pasado mes de agosto, el gobierno PP-Cs acaba de cerrar con el Ministerio de Hacienda un acuerdo que modifica el sistema por el que se contabiliza la deuda del tranvía y que posibilita que esta se reduzca de los 185 millones actuales a 123, 62 millones de euros menos. La decisión impacta en la cuantía global de la deuda municipal a largo plazo, que a final de año se situará en 697,6 millones de euros, un 95% de los ingresos corrientes, muy por debajo del tope legal, situado en el 110%.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha señalado que se trata de “una muy buena noticia”, que quedará confirmada en el próximo boletín del Banco de España, que se publicará en abril. Según ha explicado el regidor, la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento, por la elevada cifra que se imputaba por la deuda del tranvía, limitaba la capacidad del Ayuntamiento para solicitar nuevos préstamos bancarios para financiar inversiones. Además, estuvo a punto de impedir que el Ayuntamiento pudiera acceder al Fondo de Impulso Económico (FIE), para acceder a créditos blandos con los que pagar sentencias judiciales condenatorias.

Con esta negociación se palía en parte la grave situación que generó en 2015 la decisión del Ministerio de Hacienda de imputar la deuda del tranvía en la contabilidad municipal. Esto disparó el porcentaje de endeudamiento y limitó las posibilidades del Consistorio de acceder a nuevos préstamos. El gobierno, entonces en manos de ZEC, intentó negociar. Pero al final el cómputo de la deuda del tranvía quedó confirmadoy el anterior alcalde, Pedro Santisteve, decidió ir a los tribunales.

Fue el actual gobierno del PP el que decidió retirar el citado recurso y abrir un proceso de negociación con el Ministerio y con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Según ha detallado la concejal de Hacienda, María Navarro, las conversaciones se centraron en cómo se computaban las inversiones realmente ejecutadas en la infraestructura, que pasaron de 345 millones de euros a 277. Entre otras cuestiones, se descontaron los intereses registrados como inversiones, las garantías (que suponían 26 millones) y los terrenos de las cocheras, que aportó la administración.

La vicealcaldesa, Sara Fernández, ha destacado que el acuerdo permite a Zaragoza seguir teniendo acceso a las líneas de financiación que el Estado habilita para los ayuntamientos, como el Fondo de Impulso, así como acceder a préstamos bancarios a largo plazo para financiar inversiones. También permitirá cumplir el plan de deuda y mejorar las condiciones de los créditos de tesorería. “El gobierno actuó de forma adecuada cuando retiró el recurso y emprendió el diálogo institucional”, ha declarado.