El Gobierno en funciones está «maniobrando» sobre los magistrados de la Junta Electoral Central (JEC) para evitar que su decisión de este viernes, y la retirada del acta de diputado a Quim Torra y de europarlamentario a Oriol Junqueras, perjudique la investidura de Pedro Sánchez fijada para este fin de semana. Este periódico ha confirmado dentro de la JEC «las llamadas» y «presiones políticas» que se están produciendo. La investidura ha disparado las tensiones entre JxCat y ERC y la caída de Torra puede precipitar los acontecimientos en la política catalana.
La JEC tiene en su mano retirarle el acta de eurodiputado al líder de ERC, Oriol Junqueras, condenado por el Tribunal Supremo a 13 años de cárcel por sedición, con lo que se avanzaría en frenar el problema en Europa en virtud del recurso presentado por el Partido Popular ya que Junqueras perdería su inmunidad, que dejaría de ser aplicable. La JEC también tiene en su mano retirarle este mismo viernes el acta de diputado autonómico al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en ejecución de su pena de inhabilitación por la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat. Esto implica de facto su inhabilitación exprés porque sin su cargo de diputado no puede continuar al frente del Ejecutivo catalán. Esta decisión es previsible por los antecedentes y la base jurídica. La temen en el Gobierno en funciones, y de ahí las presiones y movimientos que se están produciendo, y es en lo que confían que suceda en el PP y en los otros dos partidos que también han recurrido a la JEC, Ciudadanos y Vox.
La JEC debe decidir sobre el escaño de Torra tras el recurso del PP una vez que el presidente fue condenado a inhabilitación por el TSJC por su desobediencia ante las resoluciones de la entidad electoral. El recurso del PP, al que luego se sumaron los otros dos partidos del bloque del centro derecha, reclama que se apliquen los artículos 6.2 y 6.4 y que se proceda al cese como diputado electo del Parlamento de Cataluña por su inelegibilidad sobrevenida. Este supuesto se ha aplicado ya sobre otros casos de concejales condenados durante la etapa del «boom» inmobiliario, por ejemplo.
En el camino de la investidura de Sánchez la Abogacía del Estado ha sido colocada al pie de los caballos, hasta el punto de que se haya admitido que el independentismo la presente ante el conjunto de los españoles como una institución, nada menos que los servicios jurídicos del Estado español, que se pone al servicio de los intereses de un partido político para que éste mantenga el poder. La JEC está en el mismo proceso. Los magistrados han recibido llamadas personales desde instancias del Gobierno en funciones y las presiones se multiplican. Han intentado cambiar la fecha de su resolución, que no quieren que les estalle en plena investidura de Sánchez, y también han intentado reconducir el debate para que no se ejecute esta inhabilitación exprés del presidente de la Generalitat. Las resoluciones de la JEC son recurribles ante el Tribunal Constitucional (TC), pero ese recurso no evita su ejecución.
El precedente
Todo este delicado proceso se produce, además, en pleno proceso de renovación de la JEC, cuyos 13 magistrados sabrán en las próximas semanas si se mantienen en el cargo. Y la supervivencia depende de la mayoría política de izquierdas. La norma es que se busque un acuerdo entre los partidos con presencia en el Congreso para que designen a los cinco vocales que dependen de su ámbito de decisión. Pero el acuerdo no suele llegar y ahí es cuando entra la fuerza de la mayoría dominante en la Mesa de la Cámara. Tras las elecciones de noviembre la Mesa del Congreso ha cambiado completamente de composición. La derecha se ha quedado en minoría, más minoritaria incluso de lo que debería ser por el pulso de Vox al PP para ganar poder a costa de Ciudadanos, después de la debacle electoral de la formación naranja en las urnas. PSOE y Unidas Podemos suman seis de los nueve diputados que integran el órgano de gobierno del Congreso. Otros dos son del PP, y uno es de Vox.
El caso de Junqueras tiene una relevancia casi de Estado por el conflicto abierto en Europa a cuenta de su inmunidad y de la decisión del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) de reconocérsela, lo que ha colocado en una situación más que delicada al Tribunal Supremo. Tire por donde tire el Alto Tribunal español el camino es complicado, aunque lo previsible es que ejecute la pena de inhabilitación de Junqueras, que dejó en suspenso, y niegue al reo su derecho a recoger el acta de eurodiputado por pesar sobre él una condena firme. En cualquier caso, la Abogacía del Estado ya ha remado a favor de Junqueras al reclamar que se le reconozcan incluso sus derechos a ejercer como representante de la Eurocámara.
Pero Torra puede ser una bomba nuclear en plena investidura, fijada a marchas forzadas por el Gobierno en funciones para este fin de semana de Reyes. No han querido esperar a que se pronuncie el Supremo y deje sin efecto el gesto político de la Abogacía del Estado. Y buscan refugiarse en unos días en los que habrá muchísima menor atención de la opinión pública en la agenda política por esta tradicional fiesta de Reyes. Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat. La sentencia del TSJC no es firme ya que el presidente ha podido recurrirla ante el Tribunal Supremo. Esto implica que no es inhabilitado de inmediato, sino que su salida obligada de la política empezaría una vez que el Alto Tribunal confirmase el fallo del TSJC. Torra anunció que quería antes que la Justicia europea se pronunciase sobre la imparcialidad de los magistrados del tribunal, algo que el TSJC rechazo al final del juicio. La JEC tiene la capacidad de acabar de inmediato con la situación insólita de que un presidente autonómico inhabilitado siga en activo, con el desgaste que implica para la propia institución del Gobierno catalán.
