La «coalición progresista» del PSOE y Unidas Podemos contiene algunas novedades en el universo social que levantarán polvareda política. Escuela concertada, eutanasia, ludopatía, educación afectivo-sexual, violencia machista…
El texto habla de una Ley Básica de Educación, la enésima norma educativa de la democracia. Por supuesto, la nueva ley derogará por completo la Lomce «y sus consecuencias negativas». La norma «blindará» la educación pública, reforzará la formación en valores, potenciará la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo «conforme a un enfoque de derechos, igualdad y libertad» y «eliminará» la segregación escolar por origen, necesidades educativas o sexo de los estudiantes. Es decir, los centros concertados no podrán separar a niños de niñas.
El pacto apunta directamente a la diana de los dineros de la escuela concertada: «Se asegurará que todos los centros privados concertados informan al alumnado y familias que las aportaciones son voluntarias y nunca condicionan la prestación del servicio educativo».
La asignatura de Religión será voluntaria, sin que la nota sea computable a efectos académicos ni exista otra asignatura alternativa.
Y si se habla de nueva Ley Básica de Educación, el pacto no iba a olvidar una nueva Ley Orgánica de Universidades: «Modernización, capacidad para retener talento, acceso en condiciones de igualdad, estabilización del personal docente e investigador»… PSOE y UP consideran las becas como un «derecho subjetivo» en función de las rentas familiares. Dicen que la Universidad asegurará la beca antes de que comience el curso y que adelantará el ingreso. Y que el Gobierno reducirá las tasas a los niveles previos a la crisis.
Es posible que determinadas enseñanzas artísticas superiores se conviertan en carrera universitaria. Pero el texto no dice cuáles.
Otro de los pilares del acuerdo PSOE/UP está en las «políticas feministas». Se promete aquí una ley que garantice la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, lo que, entre otras cosas, obligará a las empresas a llevar un «libro de salarios». Los permisos de paternidad y maternidad serán iguales (de 16 semanas), intransferibles y retribuidos al 100% en 2021. El texto habla de un «pacto social y político por la racionalización de los horarios».
Si el acuerdo se cumple, en España será considerado violencia machista todo acto contra una mujer por el hecho de serlo, como establece el Convenio de Estambul, ratificado por nuestro país en 2014. Así, violencia de género no será sólo, como ocurre ahora, la que ejerce un hombre que es o fue pareja de su víctima.
El compromiso firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias habla de las violencias machistas como una «cuestión de Estado» que implica perspectivas de género en los operadores judiciales, designaciones urgentes de abogados para las víctimas o planes integrales para la recuperación de las supervivientes. Se suspenderá el régimen de visitas a «condenados» por maltrato u hombres que tengan «medidas cautelares por delitos graves» de violencia de género.
El acuerdo aborda algo que lleva más de un año de matiz en matiz: «Blindar que sólo sí es sí». El nuevo Gobierno habla de una Ley de Protección de la Libertad Sexual que reformará el Código Penal «para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, ‘Sólo sí es sí’».
En la línea del Parlamento Europeo, el Gobierno se compromete a proteger a los menores del acceso a la pornografía.
Y se muestra tajante con la gestación subrogada: «Decimos NO a los vientres de alquiler». Eso incluye «actuar contra las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país».
El pacto promete la eliminación progresiva del copago sanitario que el PP introdujo en 2012. De inmediato desaparecerán tres: el del transporte sanitario no urgente y los de los productos ortoprotésicos y dietéticos. Los primeros colectivos que lo notarán serán los de los pensionistas y los hogares en mayor vulnerabilidad.
También será un «derecho subjetivo» la atención temprana «integral, universal, gratuita y pública y sin discriminaciones en virtud del lugar de residencia».
El acuerdo habla expresamente de una «estrategia de prevención de la conducta suicida», un proyecto de la primera ministra de Sanidad de Sánchez, Carmen Montón, que implica más dinero y medidas que un simple plan. Entre otras cosas, un teléfono de atención público o «un protocolo especial de actuación» frente a la primera causa de muerte no natural en España.
PSOE y UP prometen rebajar «al menos un 75%» la lista de espera en Dependencia. Y apuntan una «Estrategia frente a la Soledad No Deseada».
El apoyo a las familias se concentra en ayudas para la conciliación «garantizando el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo hasta que los y las menores cumplan 12 años». Y en una ley que proteja la «diversidad familiar». O sea, ayudas a familias monomarentales y monoparentales, numerosas, las de partos múltiples y acogedoras.
Cuando acontece la simbiosis familia-pobreza, el acuerdo afirma que se prohibirán cortes de luz, agua o gas si el impago se debe a «motivos ajenos a la voluntad de los titulares» de la vivienda: pobreza sobrevenida o situación de vulnerabilidad.
La Ley contra la Violencia en la Infancia irá, por fin, al Congreso. O eso promete un Gobierno que tenía un texto listo para llevar a las Cortes y que se quedó en el cajón.
La alimentación sana ocupa espacio en el acuerdo. «Reduciremos el impacto de la comida basura», reza uno de los puntos, que insinúa un aumento de los impuestos a las empresas que fabrican alimentos ultraprocesados o ricos en grasas o azúcares y que obligará a reflejar en los etiquetados la «calidad de los productos conforme al semáforo nutricional».
Juegos de azar
El pacto asegura una regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea «similar a la de los productos del tabaco». Si es así, los anuncios de casas de apuestas -algo que las personas con problemas de ludopatía señalan como un reclamo altamente dañino- podrían, directamente, desaparecer. El nuevo Gobierno tratará de que los locales de apuestas no abran antes de las 22.00 horas y que «limiten» su proximidad a centros escolares, aunque no concreta a cuántos metros. Una parte de la tasa que los operadores de juego pagan por la gestión administrativa será destinada a «iniciativas preventivas, de intervención y control, así como de reparación de efectos negativos». Y en los locales de juego deberá haber un cartel de advertencia de los peligros de la ludopatía.
Entre las nuevas leyes, asoma la de Cambio Climático y Transición Energética, con un objetivo: alcanzar en 2050 una generación de electricidad 100% renovable, y entre el 85% y 95% en 2040. La ley reformará el mercado eléctrico y promete bajar la factura de la luz.
Otra norma con nombre novedoso: Ley de Movilidad Sostenible, con ayudas al transporte público o al coche eléctrico.
Y una más: Ley de Bienestar Animal, que podría incluir un delito de maltrato de animales salvajes y un agravamiento de las penas por abandono de animales domésticos.
Llegarán al Congreso leyes contra la discriminación de personas LGTBI o gitanas.
Y la legalización de la eutanasia.
El abrazo PSOE/UP incluye la derogación de la Ley Mordaza, algo que el Gobierno de Sánchez prometió en su día pero no cumplió. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana regulará el derecho de reunión, la identificación y el registro corporal o la identificación de los agentes y eliminará del Código Penal el artículo que permite encarcelar a miembros de piquetes que actúan en las huelgas.
También se limitarán, aunque no eliminarán, los aforamientos de los políticos.
Y se abrirá un debate parlamentario sobre la posibilidad de otorgar el derecho al voto a las personas de 16 y 17 años de edad.
La memoria histórica se hace presente en el pacto alumbrado el penúltimo día de 2019. El Estado implementará un programa de exhumaciones de víctimas del franquismo que siguen enterradas en fosas comunes, se devolverán los bienes expoliados por la Dictadura para devolvérselos a sus dueños legítimos (incluido el Pazo de Meirás como patrimonio público) y se prohibirá la exaltación franquista en lugares de acceso público. Y habrá dos fechas nuevas en el calendario: el 31 de octubre será el Día del Recuerdo de las Víctimas del Franquismo y el 8 de mayo el Día de las Víctimas del Exilio.
El Estado también recuperará los bienes inmatriculados «indebidamente» por la Iglesia «basados en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros».
Una novedad económica/social es lo que el texto llama «Programa de Retorno de personas emigradas», se supone que un entramado con presupuesto para que, sobre todo, jóvenes e investigadores que salieron de España para ganarse la vida puedan volver en condiciones dignas. La idea va hasta con posdata: «Retorno del talento».
