El embrión del nuevo Estatuto vasco ya está en el Parlamento. La propuesta técnica con más posibilidades de concitar un amplio consenso, —la firmada entre el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE, aunque con votos particulares— ha llegado este lunes a la Cámara de Vitoria entre la oposición del PP, que lo considera un fracaso, y la «frustración» de EH Bildu, que ve cómo se ha rebajado la carga soberanista con relación a las bases pactadas con el PNV. Los expertos ya le han entregado al letrado mayor sus trabajos, y este los va a registrar a lo largo de la tarde de este lunes.
El documento ha sido acordado entre los expertos nombrados por PNV (Mikel Legarda), Elkarrekin Podemos (Arantxa Elizondo) y PSE-EE (Alberto López Basaguren), con numerosas salvedades en temas como el derecho a decidir, la «identidad nacional», la ciudadanía y la nacionalidad, y la consulta habilitante entre otros. Se hará público una vez calificado por la Mesa del Parlamento y posteriormente se depositará en la Ponencia de Autogobierno, donde los partidos políticos deberán pulirlo hasta que lo sometan a votación. Un proceso laborioso que, en caso de tramitarse como un proyecto de ley, decaería al finalizar la legislatura vasca, en torno al próximo verano, y sus trabajos deberían volver a reanudarse a principios de 2021 con el nuevo Parlamento ya operativo.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, cree que un Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos una ventana de oportunidad para encajar el nuevo estatuto. Urkullu ha lamentado este lunes que el derecho a decidir se plantee «como tótem por unos y como tabú por otros» y ha afirmado que, en «una interpretación flexible de los derechos históricos respetados y amparados por la Constitución, es posible». En cualquier caso, ha precisado que «de lo que se trata es de que hagamos una propuesta viable y que tenga recorrido institucional» y se ha mostrado optimista porque «el escenario que se abre en el Estado puede ser propicio» para «el encaje del sistema singular de autogobierno» vasco con un nuevo «modelo territorial plural».
La visión del PP vasco está en las antípodas. Su presidente, Alfonso Alonso, ha pedido este lunes que la Ponencia de Autogobierno del Parlamento «archive» los trabajos que se han llevado a cabo para la reforma estatutaria tras constatarse el «fracaso» de los mismos y la inconstitucionalidad de los planteamientos nacionalistas. Alonso ha comparecido en el Parlamento de Vitoria después de que los expertos designados por los cinco grupos parlamentarios hayan registrado en la Cámara sus distintas propuestas de reforma del Estatuto.
Los expertos encargados de redactar una propuesta de reforma del Estatuto vasco han terminado este lunes sus trabajos pero con tres documentos. El PP ha entregado un documento en el que enmienda a la totalidad el borrador del anteproyecto firmado por el PNV, mientras que EH Bildu presentará un texto articulado de más de 250 artículos con el derecho a decidir y la consecución de una República como los ejes centrales.
Antes de comenzar este último encuentro, los cinco juristas han hecho declaraciones en los pasillos de la Cámara. Los expertos nombrados por el PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE se han limitado a corroborar que son los grupos políticos los que deben encargarse ahora, en el seno de la Ponencia de Autogobierno, de redactar una propuesta de reforma del Estatuto. El jurista designado por EH Bildu ha reconocido que la labor de la comisión ha sido «un poco frustrante» porque se ha alejado de las bases de nuevo estatuto pactadas entre PNV y EH Bildu. El experto nombrado por los populares se ha mostrado muy crítico, ha dicho que los meses de trabajo de la comisión han sido «la historia de un imposible» y ha vaticinado el «fracaso» de la Ponencia de Autogobierno.
Para los socialistas, el País Vasco está ante una oportunidad de oro para mantener y mejorar la convivencia en Euskadi para los cuarenta próximos años con acuerdos de calado social, pero para eso hay que «evitar» algunos términos y conceptos como el derecho a decidir, netamente soberanista, y además hacerlo en un momento histórico en el que el independentismo tiene el menor apoyo de la historia, según los sondeos oficiales.
El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aunque por razones diferentes también ha sido muy crítico con el documento suscrito por los expertos de PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Al contrario que el popular Alfonso Alonso, para el líder de la izquierda abertzale constituye «un paso atrás» con respecto al Plan Ibarretxe porque lo que propone es «una reforma del Estatuto dentro de la Constitución».
Soberanismo sí, confrontación no. El PNV defiende en el texto articulado que registrará hoy en el Parlamento autonómico, base para actualizar el Estatuto, un País Vasco con capacidad para decidir su futuro pero siempre a través de un pacto con el Estado. Este intento del encaje legal del derecho a decidir que plantea el partido de Andoni Ortuzar frente a EH Bildu, que “catalaniza” el proyecto al defender vías unilaterales, resulta sin embargo insatisfactorio para PSE y PP, que creen que su sola presencia puede dinamitar un posible acuerdo.
El derecho de autodeterminación se encuentra en esta nueva propuesta del PNV, en la disposición adicional segunda, pero se formula de manera cuidadosa a la vista de los márgenes fijados por el Tribunal Constitucional en 2014, cuando falló sobre el recurso presentado contra la declaración de enero de 2013 del Parlamento de Cataluña donde proclamaba su soberanía y el derecho a decidir.
Entonces, el Constitucional anuló el primer principio de la declaración del Parlament donde se consideraba al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico soberano”, pero validó las referencias que contenía el texto sobre el inicio de un proceso para conseguir el “derecho a decidir”. Dijo que estas no eran inconstitucionales siempre, eso sí, que se llegara a conseguir ese objetivo dentro del marco legal y constitucional vigente. Es decir, previa reforma de la Ley Fundamental. Con ese contexto como telón de fondo, el PNV refleja ahora el derecho a la autodeterminación como una aspiración que, en todo caso, se materializaría tras un pacto con el Estado.
“La plena realización de los derechos históricos del Pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente expresado, siendo su ejercicio pactado con el Estado”, expone en el texto que llevará hoy a la Cámara autonómica. Esta redacción final es de Mikel Legarda, excongresista y jurista del PNV.
El mensaje de los nacionalistas con su reforma estatutaria es, por tanto, que no renuncian a su catecismo político, pero que no quieren llegar a la confrontación por ello. Sin embargo, lo que considera el PSE, y de forma más radical el PP, es que su mera presencia en el articulado —sumado a otros aspectos, como referencias a la “identidad nacional” o la diferenciación, aunque sin efectos, entre ciudadanos y nacionalizados— es inadmisible y va a dificultar, si no imposibilitar, el acuerdo.
Gran acuerdo en materia social
La propuesta técnica que presentan hoy el PNV, Elkarrekin Podemos y el PSE tiene en sus siete títulos un total de 145 artículos, cuatro adicionales y cinco transitorias. Incorpora, además, más acuerdos que disensos, pero estos podrían acabar por hacerla fallida, si el objetivo real es que se construya en base a grandes acuerdos. El articulado garantiza derechos que sucesivas leyes autonómicas han ido ofreciendo a los ciudadanos vascos y da cobertura a otros. El nuevo estatuto defiende una sociedad paritaria en la que las mujeres participen con condiciones y oportunidades iguales. Recoge además medidas dedicadas a garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral y da carta de naturaleza a la creación de una red especial de atención a las mujeres frente a la violencia que se ejerce contra ellas. Regula que en todos los planes educativos haya medidas destinadas a educar en igualdad. También establece que la “ciudadanía” tiene derecho a una prestación económica suficiente que garantice su vida con dignidad.
Elkarrekin Podemos es el que más se acerca al PNV en ese campo. La redacción de Arantxa Elizondo, jurista nombrada por el partido de Pablo Iglesias, sostiene que “la plena realización de los derechos históricos como manifestación institucional del autogobierno vasco se materializará a través del derecho de su ciudadanía a expresar su voluntad libre y democráticamente siendo su ejercicio legal y pactado”.
Frente a esas dos visiones posibilistas, que buscan el pacto y ajustarse al marco legal, la de EH Bildu sigue la estela de la vía unilateral y la confrontación con el Estado puesta en práctica en Cataluña. La redacción de Íñigo Urrutia, el jurista asignado por la coalición secesionista, desborda el marco legal a conciencia. “En orden a salvaguardar y hacer efectivo el derecho a decidir de la ciudadanía, las instituciones vascas tendrán la potestad para regular y gestionar la realización de consultas populares y referéndums en lo que corresponde tanto a asuntos políticos, sociales de su ámbito competencial como a las relaciones que deseen tener con el Estado Español y otros espacios europeos o internacionales”.
El experto socialista, Alberto López Basaguren, advierte de que el cierto consenso alcanzado con PNV y Elkarrekin Podemos en uno de los tres textos que hoy se registrarán —EH Bildu presentará su alternativa y el PP un documento en el que mantienen su apuesta por el actual texto de Gernika— puede tirarse por la borda por la inclusión de un elemento de esta naturaleza.
Nacionalizados
Sin embargo, el derecho a decidir no es el único elemento de fricción. En los más de 100 artículos del nuevo texto —el actual tiene 47 y el de EH Bildu más de 200— sigue figurando la distinción entre ciudadanos vascos y nacionalizados. Una diferenciación que, en las bases pactadas entre PNV y EH Bildu, dejaba la puerta abierta a la desigualdad entre unos y otros y que en la redacción que ha acabado por hacer el PNV son iguales a todos los efectos.“Se reconoce la nacionalidad vasca a la ciudadanía vasca sin que ello pueda afectar la igualdad del individuo y los grupos en que se integra ni suponer factor de discriminación alguna”, propone. Algunos expertos se preguntan, entonces, por qué explicitar las dos categorías.
También hay oposición en el caso de la consulta habilitante que PNV y Bildu pactaron en sus bases, que debería convocar a los ciudadanos una vez que el nuevo texto saliera del Parlamento vasco y antes de entrar al Congreso. Tiene dos vertientes: una presente y otra futura. La reforma del Estatuto ha de hacerse con la normativa vigente y esa prevé un referéndum, pero una vez aprobado en las Cortes. Para el futuro cabría añadir una consulta habilitante, siempre pactada con el Estado y no vinculante, pero para hacerlo con esta reforma debería aprobarse una legislación que lo permitiera. Este martes la Mesa calificará las propuestas y volverá el debate, ya con los partidos, sobre la Ponencia de Autogobierno.
