«Sí», se equivocó. «Hay que ser humilde«. Acto de contrición del presidente del Gobierno en funciones. Sin ambages. El candidato socialista, Pedro Sánchez, intenta cerrar un frente que él mismo abrió con la Fiscalía, y por el que le han llovido innumerables críticas, desde distintos flancos. Él había insinuado que el Ministerio Público obedece sus órdenes, que seguía sus instrucciones en lo relativo a procurar la extradición de Carles Puigdemont desde Bélgica. Después intentó matizarse, pero eso no mitigó la irritación de la carrera fiscal ni los reproches del resto de fuerzas políticas.
El líder socialista aprovechó su entrevista en ‘Al rojo vivo’ (La Sexta) de este jueves para rectificar. Recordó que el fiscal general del Estado sí es nombrado por el Gobierno, pero la Fiscalía es «autónoma«. «No fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, son muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla», justificó. Por eso no fue «preciso» en su paso ayer por Radio Nacional. Algo que le «contraría», dijo, porque como presidente del Gobierno siempre ha respetado la «autonomía de la Fiscalía y la independencia del poder judicial».
«Lo que quise decir es que desde luego no hay nadie por encima de la ley. Hay ya una sentencia del Tribunal Supremo [sobre el ‘procés’] que claramente señala a los líderes independentistas que están huidos», y en un Estado de derecho lo que hace el Gobierno es «comprometerse a ayudar a la Fiscalía y al poder judicial» para que vuelvan a España y «rindan cuentas» ante la Justicia. Por tanto, el Ministerio Público goza de toda su «confianza», la suya personal y la de todo su Gabinete, y cuenta con «toda la independencia que tiene que tener». «Lo que muestro es la disposición del Gobierno para ayudar en el cumplimiento de lo que es de sentido común, que los líderes independentistas huidos no estén por encima de la legislación española y de la sentencia del Tribunal Supremo».
El origen del problema, como le recordó el periodista Antonio García Ferreras, se situaba en el debate a cinco del lunes, cuando manifestó su compromiso como candidato a traer al ‘expresident’. Sánchez alegó que son «expresiones que se usan en los debates», pero su compromiso es, simplemente, que la Justicia y las sentencias se cumplan y la voluntad de su Ejecutivo para «ayudar» a la Fiscalía y al poder judicial. No obstante, la defensa de Puigdemont celebró sus palabras, porque vendrían a demostrar, a su juicio, la injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales, cómo todo el juicio está contaminado. «Son estrategias de la defensa«, quitó importancia, porque su «responsabilidad», reiteró, es ayudar a la Justicia y al Ministerio Público para que «en su relación» con los tribunales belgas se proceda a la extradición del ‘expresident’ y del resto de sus compañeros fugados y dén cuentas de su actuación en España.
«Disculpas» del Reino Unido
Un asunto conectado con este es la extradición de la ‘exconsellera’ Clara Ponsatí. Sánchez subrayó que o fue la Justicia británica la que calificó de «desproporcionada» la orden cursada para su entrega, sino una institución vinculada al Ministerio del Interior, y en todo caso el Ejecutivo ha recibido las «disculpas» del Gobierno del Reino Unido por emplear ese término. Londres solo pide «más información» a España sobre la sentencia del ‘procés’ para conocer «al cien por cien» los extremos de la activación de la euroorden, algo que también hizo la Justicia belga respecto a Puigdemont, recordó.
Por otro lado, Sánchez consideró «grave» el contenido del sumario de la ‘Operación Judas’ que se empezó a conocer ayer miércoles por la tarde sobre el comportamiento de los CDR acusados de terrorismo. El presidente demandó prudencia, ser «cuidadosos» porque se trata de una investigación judicial, pero se congratuló de que tanto las Fuerzas de Seguridad como los tribunales están estrechando «el cerco» a los radicales violentos. Y el ‘president’ de la Generalitat, Quim Torra, debe comparecer en el Parlament, como le ha reclamado el PSC, insistió, para explicar qué «veracidad» da a esta información y para «rendir cuentas». Sánchez reiteró que el jefe del Govern debe «condenar» con contundencia cualquier tipo de violencia y ERC salir de su «equidistancia». Hasta que el separatismo en su conjunto no haga eso y se solidarice con los Mossos y la Policía es «muy difícil que se pueda abrir una nueva de diálogo y de encuentro entre catalanes».
A partir de ahí, el candidato explicó algunas de sus últimas propuestas y medidas adoptadas, como castigar penalmente la convocatoria de referendos ilegales. Sánchez defendió que si apuesta ahora por recuperar un delito que tipificó José María Aznar en 2003 y que derogó José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 es porque el secesionismo «amenaza» con volver a celebrar una nueva consulta y eso «fractura más» a la sociedad catalana. «Hay que ser conscientes de la coyuntura y de la amenaza de que volverá a hacer lo mismo de un independentismo que no ha asumido la autocrítica ni su parte de la responsabilidad. El Estado debe pertrecharse de instrumentos para frenar un desafío grave que exige de un Gobierno fuerte».
El real decreto ley que aprobó el Consejo de Ministros hace una semana para cortar de cuajo el montaje de una república digital catalana y que entró en vigor este martes ha sido también muy criticado. El punto conflictivo es el que señala que «el Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad naciona». El presidente explicó que no se «interviene Internet», sino que se responde a situaciones excepcionales ante las que es preciso actuar. Intervenir las redes y las comunicaciones electrónicas, incluso sin autorización judicial, es algo «reglado» en la UE y «forma parte del acervo comunitario para garantizar la ciberseguridad«. El Ejecutivo busca que la Generalitat no pueda desplegar su proyecto de creación de una identidad digital catalana que supone la «utilización espuria» de datos que podrían ser usados para «potenciar referendos digitales».
