Este mismo mes de septiembre, es decir, en las próximas dos semanas, Educación contratará a los fisios y enfermeras que faltan en varios centros de enseñanza ordinarios y de educación especial para atender a alumnos con enfermedades crónicas o patologías agudas graves. Así lo ha asegurado este martes en su comparecencia en las Cortes de Aragón la directora general de Personal, Carmen Martínez, quien ha lamentado el “retraso” en la incorporación de estos profesionales y ha asegurado que se ha estado trabajando con Función Pública para que puedan empezar a trabajar cuanto antes.
Varias familias de Zaragoza de los centros de educación especial Ángel Rivière, Alborada, Rincón de Goya y Jean Piaget, afectados por esta demora, han denunciado que hay niños que no pueden acudir a las aulas por esta falta de personal. En este sentido, la portavoz de Educación de Podemos-Equo, Erika Sanz, ha instado al Departamento a “mejorar la coordinación” con Función Pública para que estas dilaciones no se repitan cada principio de curso. Un tirón de orejas le ha dado el diputado de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, quien le ha recordado a la directora general que este problema no se solucionó el año pasado “hasta mitad de curso”.
La tasa de interinidad del profesorado y la necesidad de estabilizar las plantillas docentes y las oposiciones de secundaria y Formación Profesional que se convocarán en 2020 son otros dos tema que han centrado las explicaciones de la directora general sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo en esta legislatura. Otro de sus compromisos es que en octubre ya se conocerá el reparto de especialidades de los exámenes de la convocatoria del próximo año para que los aspirantes puedan “planificarse”.
Es uno de los primeros asuntos que se negociará con los sindicatos en la Mesa Sectorial. En principio, el compromiso es que salgan especialidades de ESO que no estaban en la convocatoria de 2018, como Orientación Educativa, Francés, Música, Filología o Latín. Además está previsto convocar otra vez maestros y régimen especial en 2021 y una oferta mixta en 2022.
Martínez ha subrayado que por primera vez en 30 años también saldrán el año que viene plazas del cuerpo de Catedráticos del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que no se han convocado desde 1992. Ha explicado que se trata de un proceso “muy complejo” ya que hay un número de especialidades “muy alto” y los tribunales tienen que estar formados por catedráticos que tendrán que venir de fuera ya que en Aragón “no hay un número suficiente”.
Acerca de la tasa de interinidad, la directora general ha señalado que en Educación está en estos momentos por debajo del 20% y que al final de esta legislatura, con todas la oferta de empleo público que se va a seguir lanzando, se acercará al 10%. No obstante, ha comentado que es un porcentaje complicado de “contabilizar” y que no en todas las comunidades autónomas se calcula de la misma forma, ya que hay interinos que no trabajan a jornada completa.
La reducción de la jornada lectiva del profesorado, de 20 a 18 horas en Enseñanzas Medias y de 25 a 23 en infantil y primaria, y el consecuente aumento del horario complementario es otro de los asuntos que se quedó sin cerrar a finales de la pasada legislatura y que se va a retomar. La inminente publicación de dos órdenes que pretenden favorecer la conciliación, la informatización de la gestión del profesorado y el estudio de un plan de choque para centros de enseñanza en desventaja son otras de las novedades que ha anunciado Carmen Martínez en su estreno ante el Parlamento aragonés.
Incentivos para los maestros de las escuelas rurales
Tanto los grupos de Gobierno del cuatripartito como desde la oposición han reclamado mejoras concretas. Así, Erika Sanz (Podemos-Equo) ha demandado que se hable de las “vacantes estructurales” de las plantillas docentes y se puedan transformar en plazas “orgánicas” las necesidades funcionales de los centros. Por su parte, la diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha demandado “incentivos” para favorecer la estabilidad de los maestros en las escuelas rurales y la homologación de los sueldos del personal docente con el resto de comunidades autónomas. Mientras, la portavoz del PAR, Esther Peirat, ha abogado porque la rebaja de la jornada lectiva de los profesores redunde en una mayor “atención a las familias”.
Desde fuera de las filas del cuatripartito, el representante de Ciudadanos, Carlos Trullén, ha calificado de “catástrofe” que el 63% de los centros de enseñanza no cuenten con directores voluntarios, por exceso de burocratización de este cargo y la falta de incentivos, y la Administración tenga que nombrarlos. Mientras, desde IU, Álvaro Sanz, ha pedido a la directora general su compromiso a renunciar “con urgencia” la reducción de la jornada lectiva y a “profundizar” en la catalogación de centros de difícil desempeño.
El portavoz socialista, Ignacio Urquizu, y el representante de Vox, David Arranz, han protagonizado un desencuentro verbal que no ha ido más allá de las alusiones verbales. Arranz criticó que mientras la religión católica se “está intentando sacar” de las aulas, hay clases de religión islámica que difunde unos valores “pocos conciliables” con los de la sociedad occidental. Unas manifestaciones ante las que Urquizu contestó que el Gobierno aragonés cree en una “sociedad plural” y no le “molesta” que haya profesores de religión más allá de las creencias católicas.
