El gobierno PP-Cs del Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene una cifra que cuantifica la herencia recibida: 102,7 millones de euros pendientes de pago entre sentencias firmes, infradotaciones presupuestarias y revisiones de precios, principalmente. Esta es la conclusión que arroja la auditoría económico-financiera que ha firmado este lunes el servicio de Intervención municipal y que obligará a aplicar un paquete de medidas que condicionará el cierre del ejercicio de 2019 y el presupuesto del próximo año.
«La situación económica es muy delicada», ha resumido la concejal de Hacienda, María Navarro, que ha presentado las conclusiones del informe junto a la vicealcaldesa, Sara Fernández. «No exagerábamos al denunciar la precaria situación económica del Ayuntamiento. Pero hay un compromiso de hacerle frente», ha declarado Fernández.
El aspecto quizá más novedoso de la auditoría es la situación de las revisiones de precios, liquidaciones y certificaciones pendientes de los grandes contratos municipales, un dato que hasta ahora no se conocía. Según la auditoría, el Ayuntamiento debe afrontar el pago de 35,1 millones de euros por estos conceptos.
El lastre de la deuda a FCC
Buena parte de esta cifra está vinculada a la contrata de limpieza pública. Solo de los años 2014 a 2016, el Consistorio debe a FCC 18,9 millones de euros, a los que habría que sumar 8,2 millones en sentencias y 7,3 de 2017. En estas cifras no se tienen en cuenta por el momento las estimaciones de lo que supondrán las revisiones de precios de 2018 y 2019, que podrían ascender a 14,6 millones.
Por otro lado, el informe cita 1,5 millones pendientes de los contratos de zonas verdes, 1,3 del transporte urbano, 158.606 euros de las instalaciones semafóricas… Los contratos de conservación de las infraestructuras tienen un lastre de 2,3 millones, la limpieza de los colegios públicos supone otros 2 millones o hay 200.000 euros de la tarjeta ciudadana. A estos 35,1 millones de euros hay que sumar 39,6 millones de euros de sentencias pendientes, de las que 36,8 se abonarán con cargo al Fondo de Impulso Económico (FIE), una línea de crédito habilitada por el Estado para pagar fallos judiciales. Además, hay otros 2,7 millones pendientes de la expropiación del Tiro de Pichón y de una sentencia sobre la línea de bus del aeropuerto.
Entre los fallos judiciales que se abonarán de este modo figuran cuatro de la antigua concesionaria del transporte urbano, Tuzsa, que suman 17 millones de euros. También hay siete sentencias favorables a FCC que van a suponer un desembolso de otros 11,5 millones de euros. Por último, a las concesionarias de los servicios de transporte a los barrios rurales les corresponden otros 3 millones y a Dornier, responsable de la grúa, unos 2 millones de euros.
El interventor computa en el agujero las infradotaciones presupuestarias, que suman 24,3 millones de euros. Entre ellas figuran 5,5 millones de Parques y Jardines, 2,5 de la energía eléctrica, 1,4 del transporte urbano, 1,8 del complejo de residuos, 2,6 de la recogida de basuras, 2,1 de la limpieza pública, 1,4 millones de Zaragoza Cultural o un millón en las partidas destinadas a nóminas. El informe detecta también 2,3 millones en expropiaciones y 1,2 en gastos derivados de convenios urbanísticos.
Además del fondo Impulso para pagar sentencias, el gobierno tendrá que aprobar una modificación presupuestaria en los próximos días para asumir entre 9 y 11 millones de las infradotaciones. El resto se cargará a las cuentas de 2020, que parten con ese lastre. Respecto a las revisiones de precios, María Navarro ha afirmado que habrá que abrir un proceso de negociación de un plan de pagos con las empresas.
«Este es el resultado de 16 años de gobiernos de izquierdas. Queremos poner en orden las cuentas y trasladar a los ciudadanos que vamos a arreglar la situación», ha declarado María Navarro. Fernández ha añadido que «además de los 103 millones que hay que pagar sí o sí, queremos cambiar las formas de gestión y los procesos administrativos«.
