Boris Johnson está apostando por una posición desafiante, cuasi kamikaze. A pesar de que una ley le obliga ahora a pedir nueva prórroga a Bruselas si no hay acuerdo antes del 19 de octubre y tiene abierta una importante batalla legal en los tribunales, el primer ministro repite su mantra: se cumplirá el calendario sí o sí. «Sin duda, nadie me va a disuadir de nuestro objetivo de abandonar la UE el 31 de octubre. Creo que la gente de este país quiere que ejecutemos el Brexit», dijo.
Tras una semana bastante dura por todas las polémicas creadas por la derogación de Westminster en la madrugada del martes, el «premier» asistió ayer a un acto en South Yorkshire donde se mostró «cautelosamente optimista» para conseguir cerrar un acuerdo de retirada con Bruselas. Johnson recalcó que Reino Unido abandonaría el bloque el próximo mes «pase lo que pase». Durante su discurso, el político fue interrumpido por un miembro de la audiencia que le gritó que volviera al Parlamento «para solucionar el desastre que había creado».
Lo cierto es que, a pesar la actitud que Johnson muestra en público, según la prensa, Downing Street estaría barajando la posibilidad de cerrar un pacto. Tampoco es que tenga muchas opciones. Pedir una nueva extensión de plazos, sería un suicidio político. Y saltarse la norma, un suicido legal. Los rumores incrementaron al anunciarse que el lunes, Johnson se reunirá en Luxemburgo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el negociador de la UE, Michel Barnier, quien dijo que el británico no debería «tener razones para ser optimista» porque en los últimos meses no se ha realizado ningún avance. Destacó asimismo que Londres no ha presentado propuestas sobre el polémico «backstop», la salvaguarda con la que se quiere evitar frontera en Irlanda hasta alcanzar un acuerdo comercial. Bruselas ha mostrado voluntad para analizar cualquier propuesta siempre que respete los principios comunitarios. Fuentes de Downing Street advirtieron de que «todavía queda un largo camino» por recorrer en las negociaciones. En este sentido, también el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, alertó de que la «distancia» que separa a ambas partes sobre el crucial asunto de la salvaguarda sigue siendo «muy amplia».
Precisamente con relación al «backstop», los norirlandeses del DUP –de cuyo apoyo depende el Gobierno– negaron ayer que vayan a rebajar sus exigencias a fin de facilitar a Londres cerrar un acuerdo de retirada. En un tuit, la líder de los unionistas, Arlene Foster, desmintió a «The Times» que aseguraba que la formación aceptaría que, hasta cerrarse un pacto comercial con el bloque, Irlanda del Norte tuviera un régimen normativo distinto al resto de Reino Unido, más alineado con el mercado único europeo.
En medio de esta crisis institucional, el Parlamento tiene las manos atadas. Sus señorías no ocuparán sus escaños hasta el 14 de octubre. Aunque el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ya ha prometido tirar de «creatividad» para garantizar que el «premier» no hace caso omiso a la ley que le impide ahora ejecutar un divorcio caótico. Si no cumple, Johnson sería como un «ladrón de bancos».
