—Estamos atravesando tiempos difíciles.
Y al contestar esto, Amadou Oumarou, un extraficante de migrantes nigerino que ha tenido que abandonar su trabajo por la presión de la policía, deja escapar una sonrisa gris.
En Agadez, ciudad de Níger a las puertas del desierto del Sahara, se viven horas particularmente lentas y aletargadas. El asunto que está en boca de todos son las dificultades para sobrevivir tras una ley que sanciona con penas de cárcel el transporte de migrantes. A dos años de su entrada en vigor efectiva, las consecuencias empiezan a sentirse de manera más evidente en una ciudad que fue hasta hace poco el epicentro de la ruta migratoria -vía Libia- con destino final Europa.
Dotada de ricos recursos en el subsuelo —la zona se conoce por sus grandes yacimientos de uranio que una compañía francesa extrae desde hace medio siglo—, pero pobre en las carnes de sus ciudadanos a pie de calle, la zona se ha quedado sin una de sus principales fuentes de ingresos: los migrantes.
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“Centenares de nigerinos se quedaron en paro. Eso es una realidad», dice Sadou Soloke, gobernador de la región de Agadez -que incluye el 52% del territorio del país-, en una entrevista con El Confidencial.
El extraficante de personas Oumarou lo confirma. Cuando estaba en el negocio, este nigerino cobraba 150.000 CFA (unos 230 euros) por llevar a cada migrante en su ‘pick-up’. “Hasta la muerte de Gadafi, trabajaba transportando mercancías hacia Libia. Ahora también me han prohibido transportar a extranjeros. Lo he aceptado pero he perdido el 60% de mis ingresos”, se lamenta.
Muerte en el desierto
Tras aprobar una ley contra “el tráfico ilegal de migrantes” en 2015, el Gobierno nigerino se dedicó durante los siguientes dos años a sancionar con hasta 10 años de prisión a aquellos que transportaran a personas migrantes a las fronteras de Níger con el norte de África.
El plan funcionó y se redujeron los flujos migratorios a Italia y Europa. En un brevísimo periodo de tiempo se detuvo a un centenar de traficantes de personas. El número de cruces migratorios en la frontera libio-nigerina pasó de 70.000 en mayo de 2016 a 1.500 de noviembre de ese mismo año, según datos de la Comisión Europea. .
Sin embargo, funcionarios de organizaciones internacionales se muestran más escépticos y niegan que se hayan sellado completamente las rutas. “La ley nigerina antitráfico de migrantes persigue estas actividades ilícitas, pero aún falta mucho trabajo”, dijo la Organización Mundial de Migración (OIM) en un informe.
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Las cifras de la OIM, parciales por tratarse de un fenómeno ílicito, dan algunas pistas de lo que sucedió tras la presión contra las rutas migratorias. Mientras en 2016, la organización rescató a 147 migrantes en el desierto nigerino en operaciones SAR (Búsqueda y Rescate, por sus siglas en inglés); en 2017 socorrió a 3.519 y, en 2018, a 9.419. Un aumento del 6.300% en apenas tres años.
En los primeros cuatro meses de este año, el dato ya alcanzó un total de 4.700 individuos, la mayoría de los cuales presentaba señales de síntomas de deshidratación, traumas y heridas físicas. Organizaciones humanitarias, tras escuchar denuncias de migrantes abandonados en el desierto y de cadáveres desaparecidos en la arena, consideran que estas cifras son mucho más elevadas.
Más peligroso, más caro
El gobernador Soloke reconoce que «todavía algunas rutas secundarias son usadas» por los traficantes. Estas rutas alternativas son caminos más largos, apartados y peligrosos que estarían tomando los migrantes para sortear los controles impuestos.
Antiguos transportistas de migrantes, como Oumarou, explican que la ley ha apartado a muchos del negocio y los que quedan cobran más por un trabajo con más riesgos. “Sí, es cierto. Algunos de mis antiguos colegas siguen en el negocio. Salen en las noches y cobran el doble o el triple de lo que antes se pedía”, ratifica el extraficante.
Los múltiples conflictos en el Sahel y unos 350 kilómetros frontera escasamente custodiada con Libia convirtieron a Níger en un punto obligado en la ruta migratoria hacia Italia. Gran parte de los 600.000 migrantes que llegaron a Italia por el mar entre 2014 y 2017 tomaron este camino.
Él, a sus 52 años, dice que no tiene ninguna intención de regresar a su viejo negocio “porque no quiere acabar en la cárcel”. Cuenta que ahora ha abierto un pequeño supermercado, algo que ha sido posible gracias a una microfinanciación del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR).
Pero cerrar el grifo migratorio tuvo un coste colateral para la región. Y no todos tuvieron tanta suerte.
Las crisis de Agadez
La soñolienta estación de autobuses de Agadez —desde donde partían en pleno día los convoyes hacia el norte—, las amarillentas calles sin asfaltar, los vacíos hoteles a poca distancia del viejo minarete del siglo XVI, los grupúsculos de vendedores de souvenirs ávidos de clientes que no llegan, lo reflejan. No hay riquezas para los habitantes de Agadez. No, de momento.
Desde hace tiempo, el turismo es prácticamente inexistente en Agadez. Las rebeliones Tuareg de los 90 y algunos secuestros de trabajadores europeos —el más grave, de siete franceses en 2010- colocaron a la ciudad en la lista de “zonas que deben ser evitadas” de varios países europeos, entre ellos España.
Lejos quedan aquellos tiempos de los viajeros enamorados del desierto y del París-Dakar, el famoso ‘rally’ que pasó por aquí en 1997 por última vez. Esta región, dotada de minas de uranio y de oro, que el Gobierno custodia a punta de pistola, constituyen un cada vez más flaco ingreso para los locales. En manos de compañías extranjeras, estas operaciones de extracción no han dado oportunidades significativas a la población local, mientras crecen las sospechas de contaminación del suelo, el aire y el agua, según ha denunciado en la última década la organización ecologista Greenpeace.
En este contexto, la guerra de Libia ha supuesto un golpe letal para Níger. Antes del derrocamiento del dictador libio Muammar Gadafi en 2011, muchos nigerinos y subsaharianos de la región viajaban a Libia, meca económica de África, para dedicarse a la agricultura o a la pesca. Pero con la guerra ya instalada, miles hicieron el viaje al revés. Muchos acabaron convirtiéndose, gracias también a funcionarios corruptos, en ‘passeurs’, la palabra francesa que se usa para referirse a los traficantes.
Promesas rotas
Estas contradicciones a la vista son las mismas que padece toda la región de Agadez. Sin turismo, ni migrantes, ni riquezas, los problemas de los nigerinos para subsistir se acumulan. Morussa Effilai, periodista de un canal de televisión de Agadez, se toquetea el típico turbante de los tuareg antes de responder cuál es uno de los reclamos más repetidos en las comunidades de Agadez. No hay veleidad en su tono de voz. “El agua es uno de los mayores problemas. La gente se pelea por el agua”, afirma.
Convertir a los extraficantes a la economía legal -como alternativa a negocios ilícitos- también fue el ambicioso objetivo del llamado plan PAIERA (Rapid Impact Economic Action Plan for Agadez). El proyecto otorgaba pequeñas cantidades de dinero a proyectos emprendedores para que los jóvenes de la zona no volviesen a dedicarse a la inmigración irregular. Unas políticas impulsadas de palabra por la Cancillera alemana, Ángela Merkel, y que Federica Mogherini, comisaria europea de Exteriores, llegó a calificar de “modelo”.
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“Sólo una parte de los más de 6.000 ex-‘passeur’ (extraficantes) censados en 2015 han tenido acceso a estos proyectos”, puntualiza Oumarou, quien también es secretario general de una asociación de antiguos traficantes locales.
Dar un futuro real a una nación hundida por el hambre y la pobreza como Níger -que ocupa el último lugar en el Índice de Desarrollo Humano– es una tarea titánica. La razón, según el gobernador de Agadez, es que las promesas europeas sólo se han cumplido a medias. “Estos programas funcionaron bien pero se pararon demasiado pronto por falta de fondos”.
“El tema es que Europa ha prometido mucho a estas personas”, reconoce una funcionaria internacional. “Por eso, ahora hay cierta frustración en los locales”.
